Peru: Evaluación docente

Luis Adolfo Piscoya Hermoza

ESTA EVALUACIÓN DOCENTE: MÁS DE LO MISMO Y DE LOS MISMOS
www.educandos.org
Para el próximo 08 de enero está convocada, por segunda vez, la evaluación de los docentes de Educación Básica. Las declaraciones de los voceros del Ministerio de Educación (MED), de la dirigencia sindical, de los políticos y de las personas consultadas por la prensa con ocasión de la primera convocatoria (20 de diciembre, 2006) se había centrado exclusivamente en la urgencia de lograr consenso sobre dos temas: El primero está constituido por la necesidad de que, dados los muy deficientes rendimientos académicos de nuestros escolares mostrados por mediciones internacionales y nacionales, los docentes sean sometidos a una evaluación a fin de “levantar una línea de base para planificar la capacitación”. La materia del segundo tema la proporcionó el SUTEP con su decisión de exhortar a sus afiliados a que no acaten la convocatoria del MED debido a un “incumplimiento de la autoridad” de un acuerdo previo con la dirigencia sindical en el sentido de no publicar los resultados y no tomar decisión alguna, favorable o desfavorable a los docentes, en base a tales resultados. Sin embargo, lo que definió la suspensión de la primera convocatoria no fueron las argumentaciones sino el hecho sorprendente, reconocido públicamente por el gobierno, de que las pruebas habían circulado fuera de control en días previos a la fecha de su administración.
Al iniciarse el año 2007 hay versiones periodísticas que sugieren que finalmente se habría logrado un acuerdo entre el Ministerio de Educación y la dirigencia del SUTEP, lo que podría interpretarse en términos de que el impase estaría solucionado y, consecuentemente, deberíamos esperar que el próximo 08 de enero se dé un paso en firme para el mejoramiento de nuestro muy deteriorado sistema educativo. El sentido de este artículo es probar razonablemente que aunque el acuerdo conjeturado fuera un hecho solemne y respetable para las partes, ello no es suficiente para garantizar el inicio del mejoramiento de nuestro sistema educativo y constituye un severo riesgo el creer, sin dar especio al análisis, que es así.
Abona a favor de nuestra tesis el hecho de que estando en debate una evaluación nacional de los docentes, sin embargo la calidad científica de las pruebas, que constituye el núcleo de todo el proceso, no ha suscitado preocupación registrable alguna por parte de los actores y de los medios de prensa. Considero cuestionable que se dé por descontado que tales pruebas son de la calidad adecuada en el contexto de un sistema educativo que produce los frutos más deficientes del continente no justamente a causa de la solvencia académica de sus casi invariantes “expertos” oficiales.
Es del caso mencionar que durante el gobierno de Fujimori se administraron dos evaluaciones masivas a los docentes que concursaron por su nombramiento con una cobertura de aproximadamente 100 mil evaluados. En aquellas ocasiones, no hubo dificultad alguna para “consensuar” con el SUTEP en la medida que este gremio no formuló objeciones. Tampoco hubo denuncia alguna de que las pruebas hayan sido comercializadas en las calles antes de su administración. Como algún ex – ministro lo ha recordado, el gobierno y el sindicato estuvieron conformes, empero: ¿cuál fue el efecto positivo y tangible de tales evaluaciones “consensuales” que se ejecutaron a costos altos sin dejar informe o rastro alguno a la opinión pública? Hoy día podemos afirmar categóricamente: ninguno. El sistema educativo continúo en caída libre como lo revelaron las pruebas PISA el 2001, las mediciones del aprendizaje escolar realizadas por el MED el 2001 y el 2004 y, más aguda y directamente, la evaluación docente 2002 que se realizó (con una cobertura de 95 219 docentes y a un costo menor a dos millones de soles) en 60 ciudades del país pese a la oposición de la burocracia del sector, las marchas del SUTEP y las tomas de Iglesias y de locales escolares.
Las evaluaciones docentes durante el régimen de Fujimori fueron pobrísimas pese al consenso con el SUTEP y a la disciplina con la que se ejecutaron porque las pruebas que se aplicaron carecieron de toda seriedad científica. No es que sus resultados no se aprovecharan sino que por su pobreza académica no hubo nada que aprovechar de ellas. La razón es simple: ¿Puede evaluarse razonable y seriamente las competencias profesionales de docentes de Matemática, Educación Física, Inglés, Educación artística, Lenguaje, Historia, Educación especial, Educación inicial y muchas áreas más con una y la misma prueba?; ¿Puede con una prueba única y monocorde diagnosticarse las debilidades de la formación docente para planificar en qué hay que capacitar al profesor de Matemática, de Inglés, de Biología, de Lenguaje, etc.? No se necesita ser un investigador educacional para saber que la respuesta es un rotundo no y que lo que se hizo fue una seudo evaluación muy costosa y engañosa en la medida que se le hizo creer a los propios docentes y al país que la aprobación de tal prueba denotaba competencia profesional. Todo lo ocurrido, hasta la fecha, con nuestra educación demuestra crudamente que los acuerdos y consensos tomados a espaldas del conocimiento científico benefician a los políticos de coyuntura al precio del futuro del país.
Hoy tenemos la evidencia, gracias al bochornoso hecho que dio lugar a que las pruebas que se iban a administrar el 20 de diciembre pasado circularan libremente por INTERNET, que ellas reproducen exactamente el mismo esquema seudo evaluativo de los “expertos “de Fujimori, lo que se confirma leyendo el texto que se publicó en la página Web del MED. Los ministros han cambiado pero la mentalidad invariante que ha conducido nuestro sistema educativo a los últimos lugares del planeta goza de estabilidad al calor de un régimen que se siente distante del oscurantismo de los despotismos no ilustrados. Por añadidura, con ocasión del tráfico de pruebas, ha salido a la luz pública que el operador logístico de estas pruebas es la Fundación para el Desarrollo Agrario, un órgano especializado en Ciencias Naturales, presumiblemente en camélidos de altura.
Dicha fundación a la que se atribuye contratos onerosos con el MED para la aplicación del PLANCAD y el PLANGED durante el gobierno de Fujimori, se benefició también con contratos millonarios (S/. 5 684 458, 00 en el 2004 y S/. 2 482 330, 00 en el 2005-2006) con el MED durante el gobierno de Toledo aplicando y calificando pruebas. Dada la especialidad de sus directivos y su objetivo institucional naturalista e ingenieril, los desaciertos académicos y financieros del MED no requieren mayor explicación. Evidentemente, la presencia de este organismo en esta evaluación docente, a solicitud del MED, con un presupuesto que sería de S/. 28 000 000, 00, no sólo resulta injustificable y digna de investigación por parte del Congreso de la República , de la Contraloría y de la Defensoría del Pueblo sino que en lo ético y cognoscitivo es una ofensa a la inteligencia del Magisterio Nacional y de todos los peruanos

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