Publicado en el Foro Latinoamericano de Políticas Educativas
El pasado 12 de Noviembre la Presidenta chilena, Ministros del actual gobierno, dirigentes de la coalición gobernante (Democracia Cristiana, Partido Por la Democracia, Partido Socialista, Partido Radical) y representantes de los partidos opositores (Renovación Nacional y Unión Democrática Independiente) firmaron un convenio para sustituir la Ley Orgánica Constitucional de Educación (LOCE).Esta reforma, que estudiantes y otros actores sociales esperaban como respuesta a la larga lucha que sostienen desde 2006, generó un fuerte rechazo por la falta de representación de sus principales reclamos: fortalecimiento de la educación pública y redefinición del rol del Estado, fin de la municipalización, del lucro con recursos públicos, de la educación de mercado y de la discriminación y selección arbitraria de estudiantes, revisión de la Jornada Escolar Completa (JEC), promoción de mejoras curriculares, como la mayor participación de la comunidad educativa, entre otros.
Este acuerdo, contrariamente con estas demandas y pretendiendo cerrar el debate, consolida la igualdad de trato, en términos de financiamiento, hacia los sostenedores privados y municipales, sustenta el derecho a lucro con recursos públicos, mantiene el rol subsidiario del Estado y establece una nueva estructura curricular que fomenta la autonomía de los colegios transformando los actuales contenidos mínimos obligatorios en “objetivos de aprendizaje”.
Actores institucionales, educativos, partidos políticos y expertos se pronuncian y reflexionan sobre el Acuerdo, abriendo un debate en torno a los actuales espacios democráticos y realmente legítimos para la toma de decisiones, pero también en relación al futuro de la educación pública en Chile.
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