La educación como factor de cohesión social en los albores del siglo XX

24 de abril del 2008

La Educación en la Revolución Mexicana

Porfirio Díaz llega a la presidencia, en buena medida, sustentado en la gran popularidad que alcanzó en la lucha armada de la República en contra de los invasores franceses, hasta el triunfo del Partido Liberal sobre los conservadores, de acuerdo con las tesis política de Díaz, solamente un periodo duradero de paz interior, podría generar el clima de seguridad a los inversionistas. Estos, apoyados por las políticas proteccionistas y el gran paternalismo gubernamental, al cabo de unos cuantos años lograrían capitalizar sus bienes, a costa de la expoliación y el saqueo de las riquezas naturales de México, así como de la inicua explotación de los trabajadores fabriles y del campo. Las primeras inversiones visibles, se dieron en el área de los ferrocarriles, los que, si en 1880 contaban con tan solo 1,100 kilómetros de vías utilizables, para 1910 sumaban 19,000.[1]

 

En el nombre del progreso, se cotizaban ciertos productos mexicanos en las bolsas de valores, como el algodón de Nuevo León y Sonora, en tanto que la situación de explotación de los campesinos en las haciendas rayaba en la esclavitud; En efecto, los peones de las haciendas, se obligaban por generaciones enteras al pago de sus deudas con las llamadas "Tiendas de Raya" a cambio de su precario y mal remunerado trabajo.

La educación, en especial la superior, a lo largo del periodo porfirista, tenía un tinte desolador. Los ideales postulados por los liberales (de los que el propio Díaz formó parte), ahora eran motivo de olvido, rechazo y aun persecución. No era raro, entonces, que la mayoría de las universidades, mantuviesen cerradas las cátedras desde los tiempos de la Reforma y que, las instituciones de educación superior creadas por el Estado, no lograban consolidarse, lo que se manifestaba, entre otras cosas, por el hecho de que las familias burguesas del campo y la ciudad, enviaban a sus hijos a universidades extranjeras (sobre todo a Europa y, particularmente, a Francia) quienes, a su regreso, estaban destinados a producir los efectos de los avances de filosofía, la técnica y la ciencia que habían colectado a su paso por las instituciones educativas extranjeras.

Desde fines del Siglo XIX, hasta los albores del Siglo XX, los egresados de las instituciones educativas europeas, comienzan a introducir y difundir las inclinaciones empiristas por el positivismo,[2] no sólo en el ámbito académico, sino en el de la administración pública también. Las ideas cientificistas se propagaban por todos los ámbitos académicos, entre los funcionarios públicos de nivel medio y entre los comerciantes pequeño-burgueses, siempre en pos de la determinación de postulados objetivos y experimentales, es decir, verificables en la práctica diaria. Los recién definidos procedimientos metodológicos sometían al rígido control gubernamental y sus aún más rígidas estructuras operativas, al riguroso contraste con los postulados de la modernidad, el dinamismo acelerado y el crecimiento económico propio.

Como resultado de lo anterior, el régimen comenzó a ser criticado con bases científicas y no solamente políticas o filosóficas y la reacción no tardó en hacer su aparición. Desde 1890, Díaz empezó una campaña de represión contra los medios de comunicación que denunciaban el descontento de los todavía reducidos pero prestigiados grupos y asociaciones progresistas. Los intelectuales y los catedráticos, se empeñaban en preservar la vida académica, es decir, las actividades docentes y de investigación de las instituciones, cada vez más abandonadas e, incluso, hostilizadas por elementos gubernamentales.

Es en esta época (1901 a 1905), en que Justo Sierra, a la sazón Subsecretario de Justicia e Instrucción y, posteriormente, Secretario de Instrucción Pública (hasta 1911), se abocó activamente a la consecución de una reforma integral de la educación, desde su postura política e ideológica, basada en el liberalismo del siglo anterior, orientada hacia la pedagogía social. Con este fin, se creó el Consejo Nacional de Educación Superior, que tenía como metas, lograr la coordinación de las instituciones educativas, al tiempo que determinar las pautas a seguir en la tarea educativa nacional. Las dificultades que debía superar la educación pública de nuestro país en esa época, eran, entre otras:

La reducida inscripción de alumnos, a pesar del carácter gratuito de las instituciones de instrucción pública, denotaba las mínimas oportunidades de acceso a la enseñanza del pueblo de México. Las clases acomodadas disponían de los recursos para financiar la educación de sus jóvenes en el extranjero, las clases explotadas conformaban la unidad familiar con la concentración de recursos para sobrevivir al hambre, las epidemias y enfermedades infecciosas crónicas, la miseria e ignorancia. El acceso a las instituciones educativas, para más del 80% de la población mexicana, era inalcanzable en una supuesta situación de libertad. [3]

La labor política de Justo Sierra, en favor de la educación mexicana, culminaría, hacia 1910, con la reestructuración académica y la reapertura formal de la Universidad de México, suprimida desde 1865. El marco de esta acción, se define a través de las ideas unitarias e integradoras de Justo Sierra, de una pedagogía social, que viene a redefinir y marcar de manera definitiva la función social de la universidad. En este momento, comienza a manifestarse de manera visible la labor subversiva de cerca de diez años, en los que una nueva corriente de pensamiento económico y político recorre el ámbito nacional y comienza a hacer conciencia entre los escasos y mal organizados obreros urbanos: El pensamiento revolucionario.

A través de panfletos y diversas publicaciones periódicas, se daba cuenta al proletariado de la situación que guardaba el país, en lo económico, lo social y en los político. Sugerentes comentarios acerca de la explotación de los trabajadores asalariados, la ominosa opresión casi esclavista que padecía el campesino y la carencia de oportunidades de mejora de las condiciones laborales y por ende de vida de la población en su conjunto, comenzaron a ser el caldo de cultivo que permitieron, que las antes aisladas y poco numerosas muestras de descontento popular, se convirtiesen en un explosivo y generalizado movimiento armado, contra el régimen porfiriano.

Es muy significativo que, en el periodo prerrevolucionario, el movimiento obrero organizado, pese a la brutal represión del gobierno, la mala organización y la falta de una dirigencia fuerte y congruente, haya sido capaz del levantamiento y huelga de los trabajadores textileros de Orizaba, Tlaxcala y Río Blanco de 1906 y 1907.

El levantamiento popular armado, consigue una gran victoria inicial, al obligar a Porfirio Díaz a dimitir y exiliarse en París en 1911. La nueva preocupación política, estriba ahora, en poder conformar un gobierno republicano, que represente los intereses de las clases dominadas, sobre todo del campesinado. La revolución mexicana está en marcha.

Para el año de 1912, se realizan elecciones y Francisco I. Madero resulta vencedor en un proceso electoral razonablemente limpio. Su plataforma política, buscaba la unidad del país en torno al Partido Antirreeleccionista (su propio partido). Como parte de su plan de ajuste económico, se dio a la tarea de decretar algunos acuerdos fiscales sobre las ganancias de los productos petroleros, así como de creación de la Comisión Agraria. Así mismo, propugnaba por la libertad de prensa y por el retiro a las subvenciones gubernamentales a los diarios. La reacción del antiguo régimen, comenzó con una persistente oposición política, particularmente violenta en el sector militar. Esto condujo, finalmente, al golpe militar encabezado por Victoriano Huerta y al asesinato del propio Madero y del vicepresidente José Ma. Pino Suárez.

En este marco, la educación reflejaba la situación general del país y en esta época, de acuerdo con cifras oficiales, el porcentaje de abandono de los estudios, en promedio, era superior al 70%.[4] La educación técnica, no acababa de despegar y durante el periodo revolucionario, se vio reducida a contados planteles, en los que se enseñaba algunos oficios industriales y algunas carreras comerciales. En el ámbito de la industria extractiva, contra lo que pudiese suponerse, la explotación petrolera no sufrió ninguna merma, a lo largo de los años de la lucha armada, pero tampoco se logró que el personal que trabajaba en este sector, recibiese capacitación, ni tampoco que hubiese lugares disponibles para técnicos mexicanos. La industria minera, si bien, empleaba a un reducido número de egresados de la Escuela Nacional de Ingenieros, requería de obreros especializados, por lo que, en 1912, se reabrió la Escuela Práctica de Minas, en Pachuca, Hgo.

El gobierno no acertaba en materializar sus planes de organización y desarrollo en el plano educativo, la inestabilidad, creciente en todo el país y catalizada por la muerte de Madero y de Pino Suárez, requería, y no tuvo, una refundación constitucional de fondo, que permitiese establecer, en un marco coherente, respuestas viables a las demandas populares, por un lado y, atender a las necesidades económicas de desarrollo nacional, por el otro. Es destacable sin embargo, que, hacia 1912 y bajo los auspicios del régimen maderista, se haya logrado la consolidación de diversas asociaciones sindicales y gremiales de tinte socialista o anarquista. De este modo, se constituyeron el Gremio de Alijadores de Tampico, la Unión Minera Mexicana en el norte, la Confederación del Trabajo en Torreón, la Confederación de Sindicatos Obreros de la república mexicana en Veracruz o la Confederación Tipográfica de México en la capital. En julio de ese año, se fundó la Casa del obrero Mundial en la Ciudad de México.

Las ideas anarquistas, eran difundidas, entre otros, por los hermanos Ricardo y Enrique Flores Magón, a través del periódico Regeneración, órgano de difusión del Partido Liberal Mexicano, enviado a nuestro país de manera subrepticia desde su base de operaciones en la ciudad de Los Ángeles, California. Sin embargo, este movimiento, a pesar de poseer un gran prestigio e influencia entre ciertos círculos de intelectuales y académicos, carecía de una base material, sustentada en fuerzas organizadas para llevar a la práctica sus propuestas. De este modo, el magonismo, en tanto corriente de pensamiento radical y revolucionario en la teoría, no tenía manera de entrar en contacto práctico con los grupos y corrientes campesinas y obreras.

La realidad del momento, se podía resumir, en las acciones de las figuras sobresalientes del momento: Huerta manifestaba preocupación por dotar a las masas campesinas de una instrucción rudimentaria, en tanto que canalizaba a la instrucción militar cuantiosos recursos; Venustiano Carranza, trataba de perfilar la realidad mexicana en su Plan de Guadalupe, mismo que, con todas sus limitaciones y pese a la visión pequeño-burguesa de Carranza, de uno u otro modo, prefiguró la ideología genérica de la revolución.

En este escenario, quizá los campesinos eran quienes menos conciencia de clase poseían, en tanto que, por el contrario, el proletariado urbano, pese a las ya comentadas limitaciones y falta de dirección organizativa y cohesionante, mantenía un esquema sindical más o menos estructurado, fundamentado en las ideas socialistas de Marx, Engels y Lenin, por lo que era de esperarse que, al estallar la lucha armada, la participación de los obreros, fundamentalmente urbanos, fuese de mucho mayor peso en el ámbito de lucha sindical, del que tuvo en el aspecto de aportación de cuadros de milicianos en el combate. En el otro extremo, los campesinos contaban con una forma ancestral de organización, con sus propias relaciones internas que el capitalismo no había conseguido eliminar, es decir, contaban con un instrumento social para agruparse y orientarse políticamente de manera colectiva.

En este plano, la revolución agrarista de Emiliano Zapata, adquiere una dimensión que pocos estudiosos de la historia le han concedido. El zapatismo, desde la caída de Porfirio Díaz, comenzó a aglutinar, en un territorio muy reducido a un proletariado agrícola, conformado por los trabajadores de las haciendas y los ingenios azucareros que, además, tenían una larga tradición de lucha y de resistencia (activa y pasiva), que provenía desde las guerras de Independencia y de la Reforma. Los pueblos libres de Morelos, es decir, los que no habían sido absorbidos o asimilados por los latifundios, conformaron un Consejo Comunal y eligieron a Zapata, en asamblea popular, como uno de los cinco dirigentes comunitarios. El encargo principal del Consejo, era ser depositario de los títulos de propiedad de la tierra, muchos de los cuales, venían desde la época virreinal.

Al estallar las hostilidades, la meta de los campesinos zapatistas era la recuperación de los ejidos y la lucha, se les presentaba como una continuación natural de la que ya venían dando desde muchas décadas atrás, bajo el amparo de la legalidad de sus títulos. Esta primera forma de lucha, otorgó al movimiento campesino no mucho tiempo después, una enorme legitimidad y le granjeó la simpatía, aceptación y adhesión, del campesinado del resto del país.

Apoyado en esos títulos de propiedad, el movimiento armado campesino, principalmente el zapatista, encontró un principio organizativo que, al menos en la primera fase de la revolución, suplió la falta de un programa y su correspondiente orientación teórico-política. En su interior, la revolución conllevaba todo el vigor y frescura de la rebelión en contra de toda forma de opresión, despojo, represión y explotación contenidos por la fuerza durante muchos años. Uno de los grupos armados principales, decidió elevar al rango de Jefe supremo del Movimiento revolucionario del Sur, reafirmado y confirmado en cada comunidad, en la que se reconocía, de manera directa, a Zapata como la autoridad máxima. A partir de este momento, la visión revolucionaria de los pueblos del sur, siguió un rumbo cada vez más independiente de la dirección central maderista.

Los zapatistas, pese a que entraron a la revolución en calidad de maderistas, los pueblos del sur fueron definiendo su propia dirección independiente y generando una más clara conciencia de sus intereses de clase, diferentes y aún divergentes con los intereses pequeño-burgueses del maderismo, hasta configurar su programa de lucha: El Plan de Ayala.

El zapatismo entraba formalmente en la historia.

En el plano social, el Plan de Ayala, se configuraba como un instrumento programático específicamente revolucionario, lo que le permitió superar a otros esquemas incluso más avanzados, algunos de ellos, con demandas proletarias que siguen la línea magonista del Partido Liberal de 1906. En este sentido, quizá son dos las razones que le denotan como revolucionario: En primer lugar, porque plantea la nacionalización de todos los bienes de los enemigos de la revolución, es decir, de todos los terratenientes y capitalistas de México, en tanto que, en segundo término, al disponer que los campesinos despojados de sus tierras, entrarán en posesión de las mismas desde luego, es decir, las tomarán de inmediato, a través del ejercicio de un poder factual propio, amén de que la recuperación de las tierras, se mantendrá con las armas en la mano para que, al final del proceso revolucionario, sean los antiguos terratenientes quienes deban demostrar la legalidad de su posesión de las tierras, ante tribunales y leyes revolucionarias.

Zapata no se proponía destruir el sistema capitalista, es decir, sus ideas provenían de la experiencia campesina y de la praxis revolucionaria en el campo, no de los programas de lucha socialistas (como los que enarbolaban los Flores Magón, como ejemplo), aunque la puesta en práctica del Plan de Ayala conllevaría, de hecho, la destrucción de las relaciones de producción fundamentales del capitalismo, al poner en manos del proletariado campesino la capacidad de decisión y no depositarlo en el Estado (burgués por fuerza), en la figura de sus instituciones jurídicas, que le garantizaría la continuidad. [5]

Lograr lo anterior, implicaba, por una parte, contar con los conocimientos teóricos necesarios y, por la otra, debía contar con el tiempo suficiente para que las relaciones autogestivas recién implantadas o rescatadas en las comunidades liberadas del poder central, pudiesen madurar y reproducirse. En este sentido, se empezó a prefigurar la llamada por algunos "Comuna de Morelos", ya que el poder popular, dictó leyes y adoptó medidas de gobierno autónomas, fundamentalmente en las áreas de sanidad, abastecimientos, comunicaciones, acuñación de moneda y educación.

Como claro ejemplo del grado de organización que alcanzaban los zapatistas, en el seno mismo de sus comunidades, se puede mencionar el hecho de que, a pesar de no contar con cuarteles fijos, apoyo logístico regular o siquiera paga, las tropas de Zapata estaban compuestas por hombres que eran, a su vez, trabajadores en su propia tierra. Por regla general, se reunían para emprender una acción bélica determinada y a su término, volvían a su terruño, en tanto que, en otro lado, una partida semejante se organizaba para otra acción de guerra y repetían su acto de desaparición. La guerrilla, en ocasiones, recorrían distancias considerables y procedían a mimetizarse entre la población como simples trabajadores del campo. Al respecto, dice Gustavo Gilly:

La base de los éxitos zapatistas no fue la forma militar de guerrilla. Esa forma tuvo la lucha, era la única posible y no podía tener otra, dada su base de clase. Pero el fundamento de sus éxitos fue sobre todo que se trataba de una insurrección en masa de la población explotada de los campos de Morelos y todo el sur, sostenida en una situación de insurrección nacional, abierta o en puertas, del campesinado del país. Por eso, sin grandes batallas, la revolución del sur avanzó irresistible desde 1912 hasta 1914… [6]

A partir de 1915, época en que el carrancismo retomó la iniciativa e hizo que las fuerzas de Villa y de Zapata, es decir, de la revolución campesina, se dividieran de manera definitiva en norte y sur y, al contrario del periodo anterior, en que la marea revolucionaria estaba en pleno ascenso, en esta época, se inicia el doble repliegue de las fuerzas respectivas hacia sus zonas regionales de influencia y comienza así, la guerra defensiva de desgaste, de la que sólo pueden acceder al recurso de la guerra de guerrillas. Expresado en otras palabras, el carrancismo, decidió concentrar sus esfuerzos militares en batir a las fuerzas de Villa, mientras se limitaba a mantener contenidas en sus localidades al ejército zapatista. El jefe militar carrancista, Álvaro Obregón, comprendía claramente que estaba en franca desventaja táctica si emprendía la apertura de dos grandes frentes y, por tanto, se decidió por emplear contra Villa una lucha frontal, entre dos ejércitos regulares, en tanto que contra Zapata, fuertemente atrincherado en su territorio, debía emplear una lucha de contrainsurgencia social encubierta de operaciones militares que, en términos militares de actualidad, se denominaría como “guerra de baja intensidad”, en la que se debía incluir una especie de limpieza étnica, encaminada a romper el tejido social de las comunidades zapatistas y forzar el desarraigo de las mismas bases de apoyo de las guerrillas.

Esta pausa en las acciones bélicas directas y de cierta magnitud, permitió, de manera casi paradójica, que los pueblos del sur pudiesen comenzar a construir su democracia campesina directa y empezó a tomar forma el organismo campesino independiente más completo de la lucha revolucionaria, del que su instrumento más preciso y esencial en lo político, era el propio Ejército Libertador del Sur, es decir, el pueblo zapatista mismo en armas. En esta época, es nombrado Manuel Palafox como ministro de Agricultura, quién fuera el zapatista con el más alto cargo dentro del gobierno de la Convención. Palafox era un socialista convencido y representaba el ala izquierda del equipo de secretarios que integraban el estado mayor político de Zapata. Asumió el cargo en diciembre de 1914 y para enero de 1915, fundó el Banco Nacional de Crédito Rural, así como el establecimiento de Escuelas Regionales de Agricultura, así como de la Fábrica Nacional de Herramientas Agrícolas, finalmente, en ese mismo mes, ordenó la instalación de una oficina dedicada especialmente al reparto de tierras, e invitó a los campesinos de los estados de Hidalgo y de Guanajuato, a realizar sus respectivas reclamaciones de tierras.

Por estas fechas, promovió la creación de las Comisiones Agrarias, formadas por jóvenes ingenieros agrónomos egresados de la Escuela Nacional de Agricultura (hoy Universidad Agraria Autónoma de Chapingo), con el objetivo que se hiciesen cargo de realizar los deslindes de los terrenos a ser repartidos en las zonas de la reforma agraria. Morelos fue, de hecho, el único estado en el que se realizó esta tarea de manera sostenida y se elaboraron los planos topográficos, marcando las zonas limítrofes de los poblados, asignándoles la cantidad de tierras de cultivo, los recursos forestales y acuícolas suficientes.

Palafox llevó a cabo el Plan de Ayala, desde su personal perspectiva, por ejemplo, realizando la nacionalización sin indemnización de los ingenios azucareros de Morelos y Zapata, de acuerdo con las disposiciones sancionadas en 1914, puso a funcionar los ingenios como empresas del Estado; Palafox, entre tanto, dispuso que los ingenios que estuviesen abandonados por sus antiguos dueños o que hubiesen sido dañados por la guerra, fuesen reparados con recursos gubernamentales. Para marzo de 1915, se encontraban ya en funcionamiento cuatro ingenios. La finalidad, lograda a medias, era establecer un sistema económico autónomo y exportar el azúcar de Morelos al extranjero; las primeras ganancias, se destinaron al pago de ayuda a las viudas de las tropas y a gastos de guerra del ejército zapatista.

La experiencia agraria, de corte socialista, impulsada desde el gobierno por Palafox, era la expresión legal de lo que ya habían realizado, en la vía de los hechos, los campesinos de Morelos, al repartir las tierras, con la colaboración eficiente y activa de la Comisiones Agrarias. Esta concepción de reforma agraria, no tendrá parangón en toda América Latina, hasta las leyes revolucionarias cubanas posteriores a 1961. Finalmente, es oportuno acotar que, como todas las iniciativas zapatistas, estas leyes y decretos, se preocupaban por dejar un amplio espacio para la participación de los pueblos y de los individuos y, por tanto, era en este punto en el que radicaba su rasgo revolucionario más auténtico y profundo.

Una vez sentadas las bases materiales (económicas) y libres, por un corto pero fructífero periodo de tiempo, los zapatistas pudieron darse de lleno a la tarea de edificar nuevas estructuras sociales en su zona principal de influencia, es decir, el estado de Morelos y parte de Guerrero. La plataforma política de Zapata, era la elevación al rango de disposición estatal (y esperaba que muy pronto lo fuera nacional): El igualitarismo social.

Este concepto, comenzó a tomar forma a través de la organización de escuelas en los poblados, por parte de las Asociaciones para la Defensa de los Principios Revolucionarios y para principios de 1917, establecieron o reabrieron escuelas primarias en cerca de veinte poblaciones y sus fines eran, de acuerdo con la propia declaratoria de las asociaciones:

…procurar que la propaganda llegue hasta el seno de las familias y que los jefes de éstas, inculquen en sus hijos y demás familiares los buenos principios, hagan que éstos tomen interés por la Revolución y comprendan que del triunfo de ella depende la felicidad de los hombres honrados y trabajadores y el progreso de los mexicanos en el orden de lo material como en el terreno de las libertades y derechos sociales y políticos y en el orden intelectual y moral. [7]

En algunas poblaciones, se establecieron escuelas para adultos, destacándose el carácter político de tales escuelas

…las lecciones que los alumnos de las escuelas zapatistas aprendían eran rudimentarias, pero valiosas no obstante. Además para la gente, del campo la experiencia de oír decir al maestro que la resistencia que proseguía era por la patria y por la gente pobre y que los zapatistas eran héroes nacionales, tenía un valor inolvidable. [8]

Las Asociaciones, firmemente arraigadas ya en cada pueblo, asumieron muchas de las tareas del Centro de Consulta, tales como leer y explicar a los campesinos las declaraciones del cuartel general, dirimir los diferendos entre vecinos o llevar conferencistas revolucionarios, entre otras. Es destacable a todas luces, la labor de formación de profesores entre la gente de las propias comunidades lo que, aparejado con el establecimiento de un programa educativo propio, les brindaba mayores oportunidades de difusión de las tareas revolucionarias, junto con las primeras letras.

Finalmente, hacia fines de 1917, las comunidades de Morelos estaban lo suficientemente maduras, en su proceso de desarrollo autogestionario, coma para asumir las tareas de gobierno, definidas y contenidas en la Ley, que establecía el funcionamiento regular y permanente de asambleas populares en cada poblado, que permitían la participación activa de todos los habitantes y que aseguraban, en la práctica, la elección popular de los funcionarios municipales y de los presidentes de los distritos. A fin de cuentas, el gobierno efectivo, se estaba estructurando en el nivel municipal, en el que se resolvían las obras colectivas, el uso y destino de los fondos comunales y las relaciones con el ejército zapatista. Dicho en otros términos, Zapata ponía el poder en manos del pueblo, despojando al ejército de su carácter de centro móvil del poder, restituyéndolo a los pobladores de cada una de las comunidades morelenses.

En el apogeo de su vida autónoma, la Comuna de Morelos, rodeada por los cuatro costados y con la consolidación, recién lograda, de un gobierno central que respondía a los intereses de clase de la burguesía. Venustiano Carranza gana las elecciones de 1917 y, para mediados de 1918, era un hecho el cerco político y militar contra el zapatismo; los pueblos seguían luchando sin tregua y su lealtad al zapatismo y al propio Zapata, se mantenía íntegra. Sin embargo, aunque en el aspecto militar, el ejército del sur seguía teniendo a raya al, ejército carrancista, el aislamiento político del zapatismo era casi total. El desenlace estaba a la vista y no era cuestión más que de tiempo.

En noviembre de 1918, una epidemia de influenza española, hizo estragos en el territorio zapatista. La población, minada por la guerra, debilitada por los cada vez más continuos desplazamientos y la falta de alimentos suficientes, fue presa fácil de la enfermedad y, para el siguiente mes, habían fallecido miles de habitantes de Morelos. Tras la epidemia, entraron más de 30,000 efectivos federales bajo el mando de Pablo González y, el avance de las tropas provocaba la huida de los campesinos, muchos de ellos sufrieron la deportación forzada a los campos de henequén de Yucatán y Campeche, en un esfuerzo definitivo por desintegrar el tejido de las comunidades. Estos, también, murieron por miles. Los antiguos propietarios iban recuperando por la fuerza las propiedades en manos de los campesinos.

Al momento del asesinato de Zapata (10 de abril de 1919), la Comuna estaba acabada. Al respecto, dice Womack:[9] “La ruina de la revolución originaria de Morelos no fue un derrumbamiento, sino un confuso, amargo y desgarrador ir cediendo.”

Los pueblos de Morelos, esos que llevaron a cuestas el peso de la guerra civil en el seno mismo de sus familias, que sufrieron deportaciones y exterminio masivos, al grado de reducirse la población total del estado a la mitad; esos heroicos campesinos que vieron incendiadas sus humildes casas, robadas sus paupérrimas cosechas, ni se desmoralizaron, ni se quebrantaron, ni menos transigieron con el poder. Se empeñaron en seguir adelante y preservar, después de 1920, las conquistas sociales obtenidas durante los días de gloria revolucionaria. Los zapatistas heredaron Morelos y la imagen de Zapata quedó como una impronta en el imaginario colectivo, en espera de nuevos tiempos por venir. Esos tiempos, tomaron cuerpo en una nueva reforma agraria, al tiempo que en una visión educativa diferente.

La visión igualitaria impulsada por el presidente Lázaro Cárdenas.

La Educación en el Periodo Cardenista

La primera escuela de tendencia racionalista[10] en nuestro país, fue fundada, en plena revolución, por los trabajadores de la Casa del Obrero Mundial (posteriormente, fue suprimida por el gobierno). Esta corriente, en su vertiente educativa, se estableció de manera oficial en Yucatán, bajo los preceptos pedagógicos de John Dewey, pero incorporando en ella la clasificación de las ciencias de Augusto Comte, así como delimitando su horizonte social, la normatividad contenida en los Artículos 123 y 27 constitucionales.

Recién terminadas las acciones bélicas de la revolución armada, el movimiento obrero organizado de México, comienza a resurgir y emergen algunas destacadas figuras, entre otros, Vicente Lombardo Toledano, dirigente de la Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM). Esta organización era, en este momento, la agrupación más importante del movimiento obrero mexicano y, es altamente significativo que, en sus tercera y cuarta convenciones nacionales (1921 y 1922, respectivamente), respaldase a la escuela racionalista.

No obstante, para su quinta convención (1923), la CROM declaró insuficiente a la escuela racionalista para satisfacer las aspiraciones del proletariado.

La escuela racionalista, había tenido un grado de aceptación considerable hasta este momento, entre otras razones, porque combatía de frente el dogmatismo religioso, sin embargo, adolecía de una doctrina filosófica precisa y sus aplicaciones educativas en el aspecto social eran bastante difusas. La interpretación que se intentó, con la finalidad de generalizar una conceptualización uniforme, sobre todo en las convenciones obreras anteriores, sólo había puesto en claro que, en la conciencia revolucionaria de la clase trabajadora, si bien, quedaba arraigada su orientación anticlerical, misma que tenía por base a la ciencia y a la razón, conceptualmente se quedaba en la abstracción general. Por estos motivos, algunos la aceptaban solamente por el hecho de prefigurarse como una alternativa aceptable ante la enseñanza laica. Otros, comenzaron a pensar en una escuela de franca e indudable orientación socialista.

En el transcurso de los dos siguientes años, las organizaciones obreras que habían respaldado a la escuela racionalista, ya no la aceptaron y, hacia el año de 1924, la CROM, en su sexto congreso (realizado en Cd. Juárez, Chih., la rechazó). El discurso de Lombardo Toledano, es notable:

La CROM no puede aceptar ninguna de estas tesis educativas. Defiende intereses concretos, de clase, necesita emancipar a sus miembros intelectual, moral y económicamente, y procurar la transformación de todas las instituciones sociales y de las bases del derecho Público Mexicano (…) de acuerdo con el principio del gobierno de las verdaderas mayorías (…) de acuerdo con la amarga experiencia de no permitir la organización agresiva de la Iglesia en forma de legal propaganda religiosa; de acuerdo con el principio de que todo bien es fruto del trabajo social (…) La escuela del proletariado no puede ser, por tanto, ni laica, ni católica, ni racionalista ni de acción. Debe ser dogmática, en el sentido de afirmativa, imperativa; enseñará al hombre a producir y a defender su producto. [11]

La ponencia de Lombardo Toledano, (quién ocupaba el cargo de Secretario de Acción Educativa de la CROM en ese momento), termina con una serie de puntos resolutivos, de entre los cuales, destacamos lo siguiente:

IV. El proletariado mexicano declara que deben invertirse los términos de la tarea realizada hasta hoy por el Estado en materia de Educación General, y que debe atenderse de manera inmediata y preferente la educación de los indígenas, de los campesinos y de los habitantes de los pueblos, previos el estudio de las necesidades de cada región y la preparación del profesorado.

V. El proletariado mexicano declara que es urgente la creación de las escuelas técnicas que preparen al mismo proletariado para el trabajo eficaz y la dirección futura de la gran industria.

El proletariado mexicano declara que la cultura universitaria es, hasta la fecha, un monopolio de una sola clase social enemiga por tradición y por intereses, del proletariado mismo, que por tanto, es urgente su popularización y su autonomía para justificar su existencia y garantizar, además de la profesión del maestro de las escuelas superiores, la labor de investigación científica que debe esta debe realizar -especialmente sobre los problemas mexicanos- nula en la actualidad.

El proletariado mexicano declara que el profesorado mexicano no tiene actualmente la orientación social necesaria para llevar a cabo la educación del pueblo.

X. El proletariado mexicano declara que debe preferirse de manera preferente (sic) la educación de la mujer mexicana, porque el espíritu de las generaciones futuras depende indudablemente del hogar en el cual pretenden refugiarse prejuicios que impiden la transformación social de México. [12]

El Congreso Pedagógico de Jalapa,[13] celebrado en el año de 1932, marca el rumbo que tomará la educación. He aquí algunas de sus conclusiones:

1. Fortalecer en los educandos el concepto materialista del mundo.

2. Preparar a las comunidades para que tomen participación activa en la explotación socializada de la riqueza en provecho de las clases trabajadoras y en el perfeccionamiento institucional y cultural del proletariado.

3. Combatir los prejuicios religiosos que sólo han servido para matar la iniciativa individual.

4. Orientar la enseñanza de los primeros grados hacia una mejor distribución de la riqueza, combatiendo, por todos los medios, el sistema capitalista imperante.

5. Creación de escuelas nocturnas para obreros con finalidades de orientación y táctica en la lucha de clases.

6. La escuela secundaria robustecerá la cultura básica adquirida en la primaria y tendrá como finalidades propias: La preparación de obreros expertos que organicen y orienten la producción; la selección de capacidades para surtir las escuelas técnicas superiores o profesionales, y las bases científicas para la organización del estado socialista.

En función de la declaración obrera de 1924 y de las conclusiones del Congreso Pedagógico de 1932, amén de la larga y costosa lucha, culminada en 1929, por lograr la autonomía de la universidad de México, en el décimo primer Congreso Nacional de Estudiantes (Veracruz, 1933) los estudiantes tomaron, entre otras, las siguientes resoluciones:

… Considerando I. Que el régimen económico actual pospone y supedita el interés colectivo y muy especialmente el de las masas trabajadoras, al interés particular de los capitalistas.

Considerando II. Que es necesario que el interés colectivo sea la norma de una adecuada producción y una más justa distribución de la riqueza.

Considerando III. Que el Estado debe asumir actitud positiva de protección de los intereses de las clases trabajadoras y ser un órgano de coordinación y control de la vida económica del país; y

Considerando IV. Que la suprema forma de liberación de las clases trabajadoras es la supresión de la sociedad dividida en clases, el Congreso resuelve:

Primero. Que la universidad y los centros de cultura superior del país, formen hombres que contribuyan, de acuerdo con su preparación profesional o la capacidad que implican los grados universitarios que obtengan, al advenimiento de una sociedad socialista.

Segundo. Que con el propósito de contribuir al logro de la suprema finalidad antes expuesta, como instituciones con una responsabilidad histórica ineludible, sean las universidades y los centros de cultura superior del país (…) de no formularse por el Estado en el plazo inmediato, un plan de control económico que realice los propósitos de crear una economía mejor organizada y más justa para provecho del proletariado mexicano, los que se encarguen de estudiar y redactar el programa de control de la economía nacional, de acuerdo con la finalidad contenida en la resolución anterior… [14]

En este congreso estudiantil, también hubo importantes pronunciamientos, en el sentido de que la educación pública mexicana, debía orientarse hacia la instalación de los parámetros teóricos y prácticos del socialismo científico. Los resolutivos de este 110 Congreso, estaban en estricta correspondencia con la conclusión preliminar del Primer Congreso Iberoamericano de Estudiantes, realizado en la ciudad de San José de Costa Rica, en mayo de ese mismo año de 1933.

Conclusión Preliminar. El fin de la enseñanza ha de consistir, de un modo principal, en preparar mental y moralmente a los niños, a los jóvenes y a los adultos, para la organización de una sociedad sin clases, en la que todos sus miembros satisfagan sus necesidades materiales y espirituales, dentro de un orden en el que los derechos del individuo tengan por objeto el bienestar completo de la colectividad.[15]

A estos pronunciamientos, se sumaron de inmediato la Confederación de Maestros, diversas agrupaciones obreras y campesinas y, finalmente, el 16 de julio de ese mismo año, la Convención Nacional Estudiantil Pro-Cárdenas, en Morelia, Mich., presentó una propuesta de reforma al Artículo Tercero Constitucional, en la que se propugnaba por la sustitución, en las instituciones educativas oficiales, de la enseñanza laica, por la educación integral socialista. En el texto de la propuesta, se advierte con toda claridad la postura de clase que le dota del impulso y del sustento teórico:

…sin perjuicio de la libertad de enseñanza secundaria y profesional en los establecimientos particulares, se propone la reforma del artículo 30 constitucional, sustituyendo la enseñanza laica de los establecimientos oficiales y de educación primaria elemental y superior y de la secundaria y profesional de los oficiales, por la educación integral socialista que haga de cada alumno un trabajador útil y eficientemente capaz de asumir la dirección de la economía nacional, empleando los procedimientos de la técnica moderna y de obrar disciplinadamente con una profunda conciencia de responsabilidad colectiva, hasta alcanzar la verdadera emancipación moral y material del proletariado, precedente indispensable, al advenimiento del Estado en poder de las clases trabajadoras.[16]

Para agosto del año siguiente (1934), la propuesta fue estructurada por el Partido Nacional Revolucionario (PNR) y preparada para su dictaminación en la trigésima quinta legislatura, de cuyo proyecto, es particularmente ilustrativo su párrafo segundo, que puntualiza, de manera muy concreta que:

La educación que se imparta será socialista en sus orientaciones y tendencias, pugnando por que desaparezcan prejuicios y dogmatismos religiosos y se cree la verdadera solidaridad humana sobre la base de una socialización progresiva de los medios de producción. [17]

El Plan Sexenal, impulsado por el PNR, en diciembre de 1933, implicaba ya una primera propuesta de reforma educativa, de corte socialista. La mera idea de una orientación como esta, en el sector educativo, provocó una serie de reacciones entre las fuerzas más duras de la derecha mexicana, instigadas por el clero católico, hasta el extremo de que poco antes de que la propuesta, depurada, llegase al congreso (prohijada por el PNR), la Iglesia emitió una furibunda amenaza de excomunión a todo católico que brindase apoyo a la reforma, incluyendo a los padres de familia que enviaran a sus hijos a la escuela socialista. En octubre, el Congreso de la Unión aprobó la reforma constitucional.

De manera oficial y formal, la educación mexicana tenía una orientación que pensaba en el beneficio de las clases populares, en todos los ámbitos de la república y, de hecho, enfocada a todos los niveles y modalidades educativas.

A fin de poner en práctica la reforma, las autoridades decretaron la creación de nuevas instituciones de corte nacionalista y popular, entre las que destaca, desde luego, el Instituto Politécnico Nacional, así como otros centros de estudios técnicos, orientados hacia la consecución de la independencia tecnológica de México. De igual manera, se creó en todo el territorio una cadena de escuelas normales rurales y campesinas, destinadas a formar maestros rurales y cuadros para la agricultura, al tiempo que se establecieron escuelas vocacionales y centros de educación indígena. Al mismo tiempo, se introdujo en algunos centros educativos ya consolidados, como la Escuela Nacional de Agricultura o la Escuela Nacional de Maestros, el espíritu de la reforma socialista. Expresado en otras palabras, el gobierno cardenista trató de forjar, en la práctica, un sistema educativo popular.

Esta herencia del pensamiento y la ideología socialista y popular, sigue viva en la actualidad, en muchas de estas instituciones que aún perviven, especialmente en las agredidas y relegadas Escuelas Normales Rurales.

[1] Hansen, Roger. D. En "La Política del Desarrollo Mexicano". Ed. Siglo XXI. Méx.. 1971.

[2] Sistema de filosofía basado en la experiencia y el conocimiento empírico de los fenómenos naturales, en el que la metafísica y la teología se consideran sistemas de conocimientos imperfectos e inadecuados. El término positivismo fue creado por el filósofo y matemático francés del siglo XIX Augusto Comte. Diccionario Actual de la Lengua Española. Ed. Biblograf, S.A., Esp. 1995.

[3] Robles, Martha. en "Educación y Sociedad en la Historia de México". Ed. Siglo XXI. Méx.. 1984.

[4] INEGI. Datos del censo de población de 1910.

[5] Gilly, Adolfo. La Revolución Interrumpida. Ed. Era. Méx.. 1994.

[6] Gilly, Adolfo. Op. Cit.

[7] Womack, John en Zapata y la Revolución Mexicana. Ed Siglo XXI. Méx.. 1969.

[8] Ibíd.

[9] Op. Cit.

[10] En filosofía, el Racionalismo se configura como un sistema de pensamiento que acentúa el papel de la razón en la adquisición del conocimiento, en contraste con el empirismo, que resalta el papel de la experiencia, sobre todo el sentido de la percepción. Diccionario Actual de la Lengua Española. Ed. Biblograf, S.A., Esp. 1995.

[11] "Memoria del VI Congreso Nacional de la CROM", citado por Guevara Niebla, Gilberto en La Educación Socialista en México (1934-1945)". Ed. El Caballito y SEP. Méx.. 1985.

[12] Ibíd.

[13] Ibíd.

[14] Ibíd.

[15] Ibíd.

[16] Ibíd.

[17] Fundado en 1929, mantuvo esa denominación hasta 1938, en que cambió a Partido de la Revolución Mexicana (PRM), misma que tuvo hasta 1946, en que adquirió la actual de Partido Revolucionario Institucional (PRI). Enciclopedia Temática. Ed. Grijalbo. Méx. 1987.