Treinta científicos y un conflicto de fondo / Hugo Aboites

Los científicos que comían galletas marías
Un conflicto más viene a exponer la descomposición y corrupción de un sistema que privilegiaba y subsidiaba a una minoría voraz. Se trata de los 31 personajes (¿funcionarios, científicos, académicos, burócratas?) que hoy son acusados de defraudar al Conacyt.
La historía viene de sexenios anteriores; en un artículo publicado el 25 de septiembre en La Jornada, cuenta Aboites que durante los gobiernos de Fox y Calderón “se entregó al sector empresarial la conducción, las instituciones de educación superior, los recursos y el horizonte mismo de la CyT (ciencia y tecnología)”. En este contexto y en el del proyecto de Ley General de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación es que debería analizarse lo acontecido.
Los acusados primero quisieron confundirse entre el grupo de científicos mexicanos. Olvidan que, por definición, una mentira, un engaño, una falsedad, nada tiene que ver con la ciencia.
Luego, el biólogo Antonio Lazcano convirtió el acontecimiento en una expresión clasista:
“Los bocadillos no eran precisamente lo que uno entendería como comidas de lujo, eran rebanadas de pollo rellenas de huitlacoche, sino francamente parecían como esas fiestas que organiza uno en la preparatoria con galletas marías o pan bimbo, a mí nunca me tocaron, nunca me tocó ver una comida de lujo”.
En este artículo Hugo Aboites va más allá y expone la necesidad de cambiar el soporte legal que hace posible el privilegio y el abuso de unos cuantos, excluir el “Consejo de Estado”, organismo que señala de autoritario y burocrático y una amenaza para la participación social en las discusiones y toma de decisiones sobre ciencia y tecnología .

Hugo Aboites*

Artículo publicado originalmente en La Jornada.
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/09/25/politica/treinta-cientificos-y-un-conflicto-de-fondo-hugo-aboites/

Ciudad de México. Con 31 académicos torpemente acusados de delincuencia organizada se oculta la realidad de la fuerte y bien organizada concepción elitista y empresarial de la educación y la ciencia y tecnología (CyT), que urge discutir a fondo. Es la que se arraigó profundamente en las instituciones con iniciativas como la de Salinas de Gortari (Cuernavaca, 1990) de establecer pagos extraordinarios a “los mejores” académicos. Una manera de contrarrestar exitosamente la intención social y solidaria que se fortaleció en las universidades desde la década de los 60.

Por eso, más que perseguir a un grupo de académicos, el esfuerzo debería ir dirigido a cambiar la estructura legal que hace posible privilegios y abusos.

Hizo posible para un segmento reducido de profesores e investigadores el acceso a ingresos incluso superiores a los del Presidente de la República y hasta 10 veces mayores a los de otros académicos de la misma institución. Pero generó un gradual y profundo distanciamiento de las instituciones respecto de las preocupaciones –sobre todo de educación y conocimiento– de millones de mexicanos y propició el acercamiento creciente y no pocas veces acrítico a las necesidades empresariales y gubernamentales.

Esto generó en el medio divisiones internas, conservadurismo y hasta expresiones de racismo y clasismo extremo –como en un caso de los ahora perseguidos–, respecto de trabajadores universitarios morenos y de evidente origen popular.

Con Fox y Calderón esta tendencia elitista-empresarial llegó al extremo en el terreno de la CyT. Sobre todo con la Ley de Ciencia y Tecnología impulsada por Fox y luego Calderón (2002). Con ella prácticamente se entregó al sector empresarial la conducción, las instituciones de educación superior, los recursos y el horizonte mismo de la CyT. Y por eso es que la tensión actual tiene como componente adicional y de fondo el intento del Conacyt de establecer un parámetro sustancialmente distinto para el desarrollo de la CyT, propósito que no es bienvenido por quienes abogan a favor de una ley que conserve y mejore la vigente.

Eso dejaría vivo el actual artículo 36 que establece el muy conocido Foro Consultivo de Ciencia y Tecnología, donde es numerosa y clara la participación empresarial. Entre otros, “… la Asociación Mexicana de Directivos de la Investigación Aplicada y Desarrollo Tecnológico AC; la Confederación Nacional de Cámaras Industriales; el Consejo Nacional Agropecuario; la Confederación Patronal de la República Mexicana; la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación…” (Ley de Ciencia y Tecnología, 2002).

Esta integración no es inocente, busca que “la actividad de investigación, desarrollo tecnológico e innovación que realicen directamente las dependencias y entidades del sector público se orientará preferentemente a… mejorar la competitividad y la productividad de los sectores económicos del país… (artículo 12, XIII). Es decir, las grandes empresas nacionales y extranjeras. Y cuando habla de “entidades”, no se refiere a centros privados de investigación, sino a las instituciones públicas: “las dependencias y entidades de la administración pública federal, en especial los Centros Públicos de Investigación así como las instituciones públicas de educación superior… promoverán activamente el desarrollo tecnológico y la innovación” (artículo 39). ¿Y quién pagaría todo esto? Respuesta: “el Ejecutivo federal y el gobierno de cada entidad federativa…[que] concurrirían al financiamiento…”, es decir dinero público (artículo 9). (Para más, consultar de este autor http://www.elcotidianoenlinea.com.mx/pdf/226.pdf).

La alternativa que se propone desde el Conacyt escandaliza a quien apoya la visión todavía vigente, desde el nombre: proyecto de Ley General de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación. Y las humanidades hacen posible incluir en la discusión sobre el rumbo de la CyT, referentes éticos, histórico-sociales, implicaciones y problemáticas de pobreza, desigualdad, discriminación, todo lo que hasta ahora ha estado ausente. E incluye el derecho al conocimiento –que debe ser colectivo, no sólo individual– de comunidades, regiones, segmentos sociales a participar decisivamente en la determinación de la agenda de ciencia y tecnología que responda a sus necesidades.

Precisamente por eso es muy cuestionable que la propuesta de ley incluya una estructura burocrática y autoritaria, el “Consejo de Estado”, integrado por funcionarios de distintos niveles, pues cerraría el paso a la creación de espacios de participación social para la discusión evaluación y decisión sobre CyT a nivel de instituciones, localidades, regiones y un remate nacional.

Por eso, más que perseguir a un grupo de académicos, el esfuerzo debería ir dirigido a cambiar la estructura legal que hace posible privilegios y abusos. La misma que visiblemente en estos 20 años no ha conseguido ni se ha propuesto cambiar el panorama social y humano del país. Es hora de dar un paso en una dirección distinta, más social y humana.

* UAM-Xochimilco