En AL y el Caribe, 92 millones de personas no finalizan la primaria

Ballinas, Víctor. (2006, 19 de junio). En AL y el Caribe, 92 millones de personas no finalizan la primaria [versión electrónica], La Jornada. Recuperado el 19 de junio de 2006, de http://www.jornada.unam.mx/2006/06/19/039n1soc.php

Nuevo Vallarta, Nay., 18 de junio. Catorce ombudsman de América Latina, entre ellos el de México, firmarán este lunes el Plan de Acción para la Promoción y Protección del Derecho a la Educación, con el objetivo de que en la región todos los niños, niñas y adolescentes tengan acceso a la enseñanza gratuita, obligatoria y de calidad, y que se eliminen las formas de discriminación que limitan el acceso pleno y equitativo a la educación.

Los ombudsman de la región destacan en dicho plan que el derecho a la enseñanza debe ser una prioridad en el continente ante la realidad actual, en la que en 29 países de América Latina y el Caribe unos 92 millones de personas “no han concluido sus estudios primarios, y de ese total, 36 millones declararon no saber leer ni escribir”.

Esos indicadores, subrayan, han sido tomados de la Cepal -del informe Objetivos de desarrollo del milenio: una mirada desde América Latina y el Caribe, 2005-, donde se subraya que 25 por ciento de las niñas y los niños en edad escolar deserta de la escuela antes del llegar al quinto grado, sin haber adquirido la formación elemental indispensable.

Se puntualiza en el plan que el derecho a la enseñanza debe ser una prioridad en el continente, “ya que es fundamental para que los países de la región se incorporen a un desarrollo real y sustentable”.

Un diagnóstico sobre el estado del cumplimiento que guarda el derecho a la educación en el continente americano, impulsado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, y el Relator Especial de la ONU para el Derecho a la Educación, “confirmó que muchas de las graves y dolorosas violaciones a los derechos humanos son también resultado de un proceso formativo, en donde la educación no logró su objetivo”.

Además, en dicho plan los miembros de la Red de Instituciones Nacionales para la Promoción y Protección del Continente Americano reconocen que la educación es un derecho humano fundamental e imprescindible para el ejercicio de todos las demás garantías individuales, “motor indispensable para el desarrollo de la humanidad y herramienta primaria para que adultos y niños económica y socialmente marginados puedan superar la pobreza”.

En ese sentido, asumen como una necesidad urgente que las instituciones nacionales de derechos humanos del continente americano “impulsemos un plan de acción que permita, conforme a nuestro mandato constitucional, vigilar que los estados cumplan con su cometido de respetar y garantizar el derecho a la enseñanza”.

Respecto del diagnóstico del rubro en el continente americano, se apunta que en seis países “no existe en sus constituciones nacionales la enseñanza en derechos humanos -Bolivia, Argentina, Costa Rica, Honduras, Nicaragua y Panamá-; 10 naciones carecen de contenido de género en las leyes nacionales de educación, entre ellos México; en cinco, incluido México, no se aplica la convención relativa a la lucha contra la discriminación en la esfera de la enseñanza.

En cuanto a los contenidos principales de los programas educativos sobre derechos humanos, Ecuador no incluye el aspecto de diversidad étnica; Bolivia, Colombia, Ecuador, Guatemala y Nicaragua omiten la educación sexual; Guatemala y Honduras marginan información sobre medio ambiente; sólo tres países, Colombia, El Salvador y Nicaragua, tratan el tema de violencia intrafamiliar, y en Perú los contenidos de ese programa están vinculados a las diferentes áreas del diseño curricular.

El plan de acción tendrá los siguientes objetivos: exigir de los estados el cumplimiento de sus obligaciones de respeto, garantía y satisfacción frente al derecho a la educación; vigilar que las políticas públicas en la materia sean diseñadas y aplicadas dando cumplimiento a las obligaciones de los Estados frente al derecho humano a la enseñanza.

Asimismo, tutelar de manera eficaz a las víctimas de violaciones al derecho a la educación; promover entre la población el más amplio conocimiento y ejercicio del derecho a la educación en sus distintos contenidos, entre los funcionarios que diseñan y aplican las políticas públicas; velar por la incorporación adecuada de la educación en derechos humanos en los distintos niveles de enseñanza.

Verificar que el Estado suprima los obstáculos que limitan el acceso a la educación y ejecute medidas de acción positiva que garanticen el ingreso y la integración, en especial de las adolescentes embarazadas, y de las y los niños que viven en zonas rurales, los pertenecientes a grupos minoritarios, étnicos, migrantes, refugiados, desplazados, los afectados por conflictos armados, los discapacitados, los infectados por VIH-sida, los privados de libertad.

La firma del plan se efectuará durante la asamblea general extraordinaria de la Federación Iberoamericana de Ombudsman que comienza hoy aquí, en la que se pretende asegurar que los instrumentos internacionales y regionales de derechos humanos sean progresivamente ratificados y armonizados con las legislaciones nacionales. Asisten 18 ombudsman de países iberoamericanos, 30 presidentes de comisiones estatales de derechos humanos de México y 10 defensores provinciales de Argentina.

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Ballinas, Víctor. (2006, 19 de junio). En AL y el Caribe, 92 millones de personas no finalizan la primaria [versión electrónica], La Jornada. Recuperado el 19 de junio de 2006, de http://www.jornada.unam.mx/2006/06/19/039n1soc.php