Adrián J. Bustos*
Artículo publicado en: Diagonal Blogs de Diagonal Periódico
15 febrero 2015
Trasas la aprobación de la polémica LOMCE, la ley empieza a implantarse este año en los cursos impares de la Educación Primaria. Los lectores ya sabrán que los recortes en educación y el incremento de las pruebas de conocimiento y evaluaciones estandarizadas en diferentes etapas de la educación obligatoria, que tanto rechazo han generado en la comunidad educativa, son la tendencia actual en esta materia.
Lo que quizá no sepan es que esta tendencia política no es nueva. A veces es necesario buscar el faro por el que se guían determinados gobiernos para comprender mejor hacia donde nos dirigimos. El gobierno central, y en concreto el gobierno de la Comunidad de Madrid como laboratorio de experimentos neoliberales que replicarse en el resto del Estado, tienen la mirada fija en un objetivo: Estados Unidos.
Según el pedagogo crítico Peter McLaren[1], el ataque a la educación pública de George W. Bush se basó también en estos dos elementos: reducir el gasto público en educación e incrementar el gasto en exámenes estandarizados.
Mucha gente conoce la experiencia del detective Pryzbylewski (The Wire), reconvertido en profesor de la escuela pública de Baltimore, luchando por enseñar a sus alumnos en contra de los exámenes estatales. Mientras tanto, sus compañeros hacen un parón en las clases, dejan de enseñar sus materias y empiezan a preparar a los alumnos para aprobar las evaluaciones. Saben que en parte su puesto de trabajo depende de eso.
Los exámenes estatales tienen una larga trayectoria en los Estados Unidos, anterior al gobierno de Bush. Tienen tal importancia que los resultados de un sólo examen determinan si un alumno se gradúa o no (la LOMCE propone una media ponderada con las notas de clase), pero va mucho más allá. La financiación del centro, así como el despido de profesores, directores y superintendentes, dependen en buena medida de los resultados que los centros obtienen en esas pruebas.
Esto ha traído consecuencias muy negativas para los sectores sociales más desfavorecidos en Estados Unidos. McLaren recoge que el índice de abandono temprano del sistema educativo de estudiantes afroamericanos y latinos ha aumentado desde que empezaron a aplicarse exámenes de alto impacto.
Parece lógico que al reducir el gasto en educación y aumentar los exámenes estandarizados, quienes cuenten con menos recursos se verán en mayores dificultades para aprobar esos exámenes y alcanzar mayores logros académicos.
En la Comunidad de Madrid el gasto en medidas de atención a la diversidad se ha reducido drásticamente. Se reducen horas de tutoría, se eliminan aulas de educación compensatoria y no se convocan oposiciones para orientadores escolares desde la el año 2010.
Unido a esto, los resultados de las pruebas de CDI (conocimientos y destrezas indispensables) que se aplican al finalizar la Educación primaria y en Secundaria llevan tiempo haciéndose públicos y accesibles, a través de las fichas de información relativa a todos los centros educativos de la Comunidad.
Por otro lado se está viendo que son los centros públicos los que acogen a la mayor parte del alumnado con necesidades de apoyo educativo, quienes en muchos casos son “derivados” desde la escuela concertada. No son escasas las situaciones en las que ante diagnósticos de autismo, TDAH o similares, ciertas escuelas concertadas argumentan que no tienen recursos para atenderles y que es mejor matricularles en la escuela pública.
No es de extrañar que al escolarizar a la población con mayores necesidades y contar con cada vez menos recursos y vías de financiación, la escuela pública obtenga peores resultados en esas pruebas que aquellas que seleccionan a su alumnado. Así es como se pretende desmontar la educación pública. Y así es como día tras día observamos que muchas familias ven en la escuela concertada el chaleco salvavidas para la educación de sus hijos al observar el deterioro planificado y sistemático de la escuela pública, contribuyendo irremisiblemente a ese proceso.
La competitividad entre centros, los recortes a la escuela pública mientras se financia la concertada e incluso la privada (de manera indirecta), y el aumento de exámenes elaborados de manera externa a los colegios nos acercan de manera arriesgada hacia un modelo mercantilista de la educación como sólo se ha conocido en los países con políticas más neoliberales.
Un último ejemplo de la sintonía con este modelo educativo podemos observarlo en las universidades públicas, en las que gracias al Plan Bolonia y la Estrategia Universidad 2015 (ahora EU 2020). Las grandes empresas tienen cada vez más presencia no sólo en los servicios, sino también en los planes de estudios y la organización académica. El aula Unión Fenosa, así como estudios de máster elaborados en colaboración con grandes empresas de sectores estratégicos como la energía o la automoción, son ya una realidad en la Universidad Carlos III de Madrid.
Está por ver cuándo llegaremos a la incursión de las empresas privadas en las escuelas públicas no universitarias al nivel de los Estados Unidos. En dicho país, empresas de alimentación como McDonald´s, Coca-Cola o Kellogg´s firman contratos millonarios con las escuelas para distribuir en exclusiva sus productos en cafeterías y máquinas expendedoras. Llegan aún más lejos cuando dichas empresas introducen publicidad dentro de los propios planes de estudio, enseñando en clases de educación para la salud la importancia del chocolate en una dieta equilibrada (McLaren).
Queda claro que los objetivos de los últimos gobiernos, tanto PP como PSOE, en materia educativa están fuertemente orientados hacia la apertura del sector a las grandes empresas y su mercantilización como un bien de consumo más, y no como un derecho fundamental. Si no hemos llegado aún a ese horizonte se debe en buena medida a la lucha contra estas medidas que la comunidad educativa ha protagonizado en los últimos años, con las asociaciones de madres y padres, de estudiantes y las mareas de profesores y profesoras a la cabeza.
Es imprescindible no olvidar hacia donde quieren llevarnos para saber lo que está en juego, que es ni más menos que la única herramienta capaz de garantizar la movilidad social de los sectores más desfavorecidos: la escuela pública.
* Adrián J. Bustos – Psicopedagogo, actualmente realiza el doctorado en Psicología en la UAM, investigando los procesos de inclusión educativa del alumnado sordo.
[1] McLaren, P. (2003). La vida en las escuelas. Madrid: Editorial Siglo XXI
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