El fin del neoliberalismo y el cambio de paradigma civilizatorio. ¿Cuál es el rumbo a seguir en la educación?

Susana López Guerra y Marcelo Flores Chávez

Universidad Pedagógica Nacional. Unidad Querétaro.

Noviembre de 2009.

Resumen: Las reformas estructurales neoliberales cambiaron el modelo, la organización y las formas de acción del Estado benefactor; la desregulación económica impulsó la desaparición de las políticas públicas de bienestar social. De esta manera la educación se transformó de un derecho humano a una mercancía más, susceptible de ser comprada y vendida en el “mercado educativo”. Se justificó la privatización de la educación argumentando que mejoraría cualitativamente la calidad de la misma; y se subrogaron los servicios educativos del Estado a particulares. Sin embargo hemos presenciado el colapso del modelo neoliberal, ¿por qué entonces continuar organizando la educación con los discursos propios del libre mercado probadamente fracasado?

Palabras clave: políticas educativas, neoliberalismo, educación latinoamericana

El fracaso del neoliberalismo.

El escenario previo de la crisis neoliberal es el traslado intensivo de capital de todo el mundo hacia Estados Unidos, quien absorbió el 70% del ahorro mundial en los últimos años (Economist Intelligence Unit [EIU], 2009d). El nivel de consumo de la población de los países desarrollados aumentó extraordinariamente con el endeudamiento bancario. En los últimos diez años Estados Unidos aumentó su deuda doméstica respecto del PIB del 66% al 100%; en el sector financiero la deuda aumentó del 22% del PIB al 117% en los últimos diecisiete años. En el mercado hipotecario de alto riesgo –subprime- 7.5 millones de deudores norteamericanos cayeron en mora de pagos (Bernanke, 2007). En Reino Unido se desplomó la actividad productiva –por la política de importaciones y libre mercado implementada por Margaret Thatcher–, con lo que se incrementó su dependencia de la actividad financiera y la deuda bruta del sector financiero llegó al 250% del PIB. (EIU, 2009d).

Cuando en el 2007 se manifestaron los problemas de liquidez y solvencia en el mercado hipotecario de los Estados Unidos se interrumpió también una fase de expansión económica internacional iniciada en 2003. El impacto se reflejó en los sistemas financieros de todo el mundo y afectó significativamente a los mercados de bienes y de trabajo. Para septiembre de 2008 las contradicciones del neoliberalismo se agudizaron con diversas crisis relacionadas entre sí, además de la financiera y la inmobiliaria, la energética, la alimentaria y la ambiental. Se fue conformando así una perturbación económica mundial de gravedad inusual que ha motivado comparaciones con la Gran Depresión de los años treinta del siglo pasado.

Esta crisis generada en los países desarrollados se extendió a la periferia. Como ha señalado la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) (2009), con la excepción de algunas economías del Caribe, Latinoamérica se encuentra mucho mejor preparada que en el pasado. A dos años del inicio de las turbulencias financieras, es evidente que la naturaleza del impacto y la capacidad de reacción de los países de la región en esta ocasión difieren de lo que fue habitual observar en los episodios que sufrieron desde la crisis de la deuda de los años ochenta hasta los primeros años de la década actual. No ha habido corridas financieras ni crisis de deuda y, en términos generales, los países de la región cuentan con márgenes de maniobra que, con las disparidades del caso, les permite implementar políticas destinadas a moderar los efectos sobre la producción y el empleo. Destaca México, país con el más bajo crecimiento de la región y fiel seguidor de las políticas prescritas por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial (Pacheco-López, 2009).

Pero la crisis no sólo es financiera, según el reporte del Club de Roma (Lees, 2009) el deterioro ambiental asociado al modelo de desarrollo económico neoliberal de los últimos años no tiene precedente en la historia de la humanidad, tampoco la extraordinaria desigual concentración de la riqueza mundial: el 50 por ciento de esta riqueza se concentró en el 2 por ciento de la población, mientras la mitad de los habitantes de la Tierra alcanzan sólo el uno por ciento de lo que se genera.

Para asegurarse del uso y control de los recursos naturales estratégicos de Medio Oriente, Estados Unidos emprendió la guerra contra Irak donde ha gastado más de 3 billones de dólares (Stiglitz, 2009). Con la guerra aumentó el precio del petróleo pues el costo del barril se manejó especulativamente en más de 150 dólares. Lo anterior tuvo como consecuencia el aumento del precio de los combustibles, el transporte y diversos insumos así como de los fertilizantes, lo cual repercutió en los precios de los alimentos hasta en un 30%. Al llegar al límite especulativo el precio del petróleo se derrumbó arrastrando en su caída a la industria de la construcción y al sistema financiero que reventó finalmente porque cotizaba valores en papeles por seis veces el valor real de los bienes y servicios producidos; se trataba de trampas contables o pirámides financieras. La banca quebró y quedó sin el respaldo monetario necesario y sin posibilidades de préstamo, además del reclamo de los ahorradores. Ante las medidas de rescate del sector financiero, Joseph Stiglitz, resumió la crisis: “las declaraciones de liberalización del mercado financiero eran falsas” (Gardels, 2008).

Privatizar ganancias y socializar pérdidas.

Después de treinta años denostando la participación del Estado en la economía, el Banco Mundial afirma que “el nuevo multilateralismo debe tender a la responsabilidad compartida por el Estado” (Zoellick, 2008). Los rescates con los recursos públicos son múltiples, los paradigmáticos son: Citigroup con la estatización del 40% de sus acciones; American International Group Inc, la aseguradora más grande del mundo, fue comprada por el gobierno de Estados Unidos hasta por el 80% del su capital social; la emblemática General Motors, otrora símbolo del capitalismo norteamericano con la estatización del 60% de sus acciones. Los países europeos han proporcionado de sus fondos públicos 3.6 billones de euros, es decir un tercio de su Producto Interno Bruto para el rescate de los sistemas financieros, bancos y empresas en quiebra (Economist Intelligence Unit, 2009b).

Pero no irán a la cárcel los banqueros y altos ejecutivos que realizaron multimillonarios préstamos riesgosos o abiertamente fraudulentos. Por el contrario, estos seguirán disfrutando la asignación de grandes salarios y millonarias compensaciones a cargo de los impuestos de la mayoría de los ciudadanos[1].

En contraparte la primera medida de las grandes empresas ante la recesión económica ha sido el despido de 50 millones de trabajadores a nivel mundial: tan solo en febrero de 2009 Estados Unidos despidió al 8.1% de su fuerza laboral; China a 20 millones de trabajadores; en España existe un 14.8% de desempleo; y en Japón decenas de miles de trabajadores han quedado sin empleo, prestaciones sociales y despojados de autos y casas obtenidas mediante créditos (EIU, 2009c). El Banco de México anunció, en su primer informe trimestral del 2009, la pérdida de entre 350 mil y 450 mil empleos del sector formal (2009). La clase media en México se ha proletarizado, empobrecida por la pérdida del empleo formal y la mayoría de la población ha perdido el 50% de la capacidad adquisitiva en los últimos años (Camberos, 2009).

La crisis real del modelo capitalista es el desempleo y el empleo precario que tiene como consecuencia la disminución del consumo y de las importaciones, las causales reales de la contracción del comercio, pues los ricos por sí mismos no pueden sostener el consumo del sistema (Mazzei, 2009). En el mundo se han empobrecido más de cien millones de personas y la CEPAL (2009) asegura que tan solo en América Latina –un continente con la peor distribución del ingreso del mundo– la disminución progresiva de los niveles de pobreza que se dio entre 2003 y 2008 se ha detenido y se espera que aumente el número de pobres a seis millones este año.

Mientras los banqueros y empresarios siguen recibiendo apoyos multimillonarios urgentes, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (2009) calcula mil 20 millones de hambrientos en 2009, una sexta parte de la humanidad, de los cuales 40 millones son estadounidenses. El Programa Mundial de Alimentos solicita:

Necesitamos urgentemente US$ 3 mil millones adicionales para atender estas necesidades, una cantidad que representa menos del 0.01% de lo que se proporcionó para estabilizar el sistema financiero. Creemos que esto es fundamental para la paz mundial y la estabilidad. (Programa Mundial de Alimentos, 2009)

La educación neoliberal.

Del Estado Benefactor al Estado Reducido. Las reformas estructurales neoliberales cambiaron el modelo, la organización y las formas de acción del Estado benefactor, la desregulación económica impulsó la desaparición de las políticas públicas sociales (Maldonado Tapia, 2003). La mercantilización transformó el modelo estatal social a uno reducido a la gobernanza y la creación de mercados –el“Pequeño Estado” o “Estado Reducido” también considerado “policéntrico”–. La función estatal se reorientó a la gestión de micro sistemas políticos de salud, servicios sociales y educación, pero conservando el control sobre la población.

Con el argumento de la mejoría en la eficacia de la administración pública, la democracia y la autonomía, se transfirieron a las instancias locales las funciones, los recursos y las competencias de las instancias nacionales centralizadas. El rediseño de la ingeniería del servicio público cambió los mecanismos de asignación de los recursos y prestaciones de los servicios educativos centrales hacia las municipalidades.

Mediante la Gestión de Calidad Total se cambiaron las acciones públicas con la lógica comercial de satisfacción del “cliente”. Al modificarse el Estado se reorientó la educación pública con un discurso modernizante y privatizador ya fuera de manera encubierta o explícita. Con la privatización encubierta se han impuesto concepciones, métodos de administración, enseñanza de contenidos y prácticas educativas del sector empresarial al sector público. En la privatización explícita participa directamente el sector empresarial en la educación pública (Ball & Youdel, 2007) .

De un derecho humano a un servicio más en el libre mercado. La educación se transformó de un derecho humano a una mercancía más, susceptible de ser comprada y vendida en el “mercado educativo”. En función de los resultados de las evaluaciones estandarizadas se ha justificado la privatización de la educación pública argumentando que la educación privada es mejor, de esta manera se subrogan los servicios educativos del Estado a particulares.

Con el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (GATS) de la Organización Mundial del Comercio (OMC) se conceptualiza la educación como un servicio y no como un derecho humano y se abre al mercado internacional de los servicios educativos superiores. Los Estados que suscriben el GATS pierden el control real de su educación superior como una palanca de desarrollo económico y de cohesión social, así como de un mecanismo de equidad y justicia social pues ésta deja de responder al proyecto de desarrollo nacional. De esta manera mediante la educación superior se impone la hegemonía cultural de los países altamente desarrollados sobre los menos desarrollados, lo cual propicia el neocolonialismo cultural (Bonal, Tarabini-Castellani, & Verger, 2007). Las agencias internacionales de financiamiento y sectores privados interesados en el negocio de la educación han presionado en este sentido.

En la Comunidad Económica Europea se desmantela la universidad pública con el “Plan Bolonia” y se pone al servicio de las demandas de las grandes trasnacionales que orientan la investigación y el conocimiento en exclusiva para la ganancia de sus empresas:

“…en España, los consejos sociales de las universidades tienen la prerrogativa de aprobar los presupuestos y decidir sobre los planes de estudios. En ellos, tras el plan Bolonia, se ha incrementado la presencia de las grandes empresas. Así, los consejos sociales de la Universidad Carlos III y la Universidad a Distancia están dirigidos por Matías Rodríguez, vicepresidente del Banco Santander, y por César Alierta, presidente de Telefónica, respectivamente. En la Universidad Complutense participan miembros de la CEOE, el Banco Santander, Caja Madrid[2] y el BBV, entre otros” (Roitman Rosenmann, 2009).

Relaciones laborales neoliberales y evaluación en la educación. La "flexibilidad laboral" y el outsourcing avanzan en el campo educativo y tienden a desaparecer los contratos colectivos de trabajo del profesorado y las prestaciones sociales, así como la extensión de la jornada laboral. Las medidas se realizan con la colaboración del sindicalismo magisterial o bien fragmentando al gremio.

Las escuelas denominadas “Charter” son escuelas construidas y financiadas por el Estado y entregadas a la iniciativa privada para su administración; iniciaron en Nueva Zelanda en 1988 y se generalizaron en el mundo después de alguna catástrofe natural o creada ex profeso, por ejemplo después del paso del huracán Katrina en Nueva Orleans donde todos los maestros fueron despedidos y posteriormente recontratados por las escuelas "Charter", pero sin reconocerles antigüedad ni prestaciones laborales, bajo la lógica de pago según rendimiento. Lo mismo sucedió en la educación en Afganistán después de la ocupación norteamericana (Klein, 2007).

El presidente de Estados Unidos declaró recientemente que para mejorar la calidad educativa de su país los estados del mismo tendrian que competir por una bolsa de $5,000 millones de dólares, con el requisito de atar la paga de los maestros a los resultados de la evaluación de los alumnos, además de promover la expansión de las escuelas semiprivadas. Sin embargo, Obama no otorgará dinero a los estados que prohíben que los datos de desempeño estudiantil se vinculen a las evaluaciones de los maestros, como son California, New York y Wisconsin cuyos maestros sindicalizados lograron esta conquista. Lo paradójico es que estos maestros fueron de los más entusiastas promotores de su candidatura presidencial.

En América Latina existe el Programa para las Reformas Educativas en América Latina y el Caribe (PREAL), organismo creado expresamente para impulsar la modernización de los sistemas educativos de la región mediante dos subprogramas: la descentralización educativa y la vinculación de la educación al liderazgo empresarial; en todo caso también se utiliza la evaluación para medir la calidad de la educación (López Guerra & Flores Chávez, 2006).

En Perú, será causal de rescisión del vínculo laboral desaprobar la evaluación docente después de dos oportunidades. En marzo de 2008 sólo 151 profesores obtuvieron una nota aprobatoria y180 mil “fracasaron” en el examen. En México también se aplicó en 2008 una evaluación similar, de un millón 195 mil 453 docentes y directivos en nivel básico que debían presentar el examen sólo 268 mil 849 hicieron el Examen Nacional para Maestros en Servicio, de los cuales el 46.3 por ciento lo reprobó. El profesorado del sector público quedó deslegitimado y hasta vituperado por los medios de comunicación calificándolos de “reprobados”, “burros”, dignos de ser despedidos e incapaces de educar a los niños (Wiener, 2008); (Torres del Castillo, Rosa María, 2008).

En México se vinculó la reforma del Estado benefactor a uno de corte neoliberal en el sistema educativo con el discurso modernizante. Esta política educativa inició en el período del presidente Miguel de la Madrid, se generalizó con Carlos Salinas de Gortari con el "Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica", y Ernesto Zedillo la profundizó. Vicente Fox impuso el programa “escuelas de calidad”. De 2006 a la fecha la “Alianza por la Calidad de la Educación” (ACE) es la estrategia mexicana para la desaparición de los contratos colectivos laborales de los docentes al condicionar la contratación individual al resultado de los concursos por las plazas. Con la ACE se disminuyen las prestaciones sociales de los docentes, y se abre el espacio para la participación del empresariado en las escuelas en los denominados Consejos Sociales; además de permitir la intrusión de las fuerzas policiacas con el programa “escuela segura” (Secretaría de Educación Pública, 2009).

Según la investigadora Tatiana Coll, después de la tragedia de la guardería ABC en Hermosillo, Sonora, México, en la que murieron quemados 44 niños, se mostró la fragilidad con que se presta la educación inicial subrogada pues la flexibilización laboral ha creado un ambiente propicio a las irregularidades en la atención de los niños y fraudes, provocando el deterioro educativo y más explotación laboral (Poy Solano, 2009).[3]

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[1] Edward M. Liddy, presidente y director general de American International Group Inc. (AIG) compareció ante el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes de EEUU para explicar el pago de bonificaciones a más de cien directivos de la compañía por más de 165 millones de dólares de la ayuda monetaria que recibiera del Gobierno de Washington tras su colapso. Atinó a decir que el desembolso le había parecido “desagradable” pero que no pudo evitarlo legalmente (Testimony by Mr. Edward M. Liddy, Chairman and Chief Executive Officer, American International Group, en http://www.house.gov/apps/list/hearing/financialsvcs_dem/press031809.shtml).

[2] Aunque la Caja Madrid sea una de las instituciones financieras quebradas y por supuesto rescatadas por el gobierno español con los recursos públicos. (El Gobierno acude en ayuda de Caja Castilla La Mancha ante sus problemas de liquidez. [2009, 30 de marzo]. El País, Obtenido de: http://www.elpais.com/articulo/economia/Gobierno/acude/ayuda/Caja/Castilla/Mancha/problemas/liquidez/elpepueco/20090330elpepieco_2/Tes).

[3] Las guarderías y estancias infantiles subrogadas -es decir pagadas por el gobierno, pero operada por particulares- pasaron de 765 a 1,427 en 2008, mientras no hubo incremento en las guarderías institucionales. También el costo por la atención de cada niño es muy desigual – 4 mil pesos promedio en las públicas contra 2 mil 458 pesos en las subrogadas, con la consecuente disminución de la calidad del servicio [Rodríguez, R. (2009, 9 de junio). Fox duplicó el número de guarderías subrogadas. El Universal, Obtenida de: http://www.eluniversal.com.mx/nacion/168804.html].


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