La educación en México; cada vez menos pública

Alfredo Macías Narro

Antecedentes generales

Desde hace más de una década, se desarrolla un polémico debate en diversas naciones, particularmente del tercer mundo, acerca de si la educación debe seguir siendo tutelada a escala global por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) o si debe darse un giro radical y ceder el tutelaje, acorde con la visión neoliberal, a los grandes organismos financieros internacionales, como son la Organización Mundial de Comercio (OMC), a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), y el Fondo Monetario Internacional (FMI). Dicho de otra manera, la educación pública, a escala internacional ha venido transformándose, gradualmente, en un instrumento para contribuir a la preservación del modo de producción capitalista.

Muestra patética de lo anterior, es la jerigonza que utilizan; docentes, estudiantes y personal administrativo y de servicio constituyen lo que se llama “clientes internos”, en tanto que los “clientes externos” son los egresados y la “sociedad civil”. Se utilizan conceptos como “competitividad”, “productividad”, “trazabilidad”, “proveedor”, “precios”, “costos”, “calidad” y otros que son inherentes a la empresa privada y al mercado.

  • Educación y mercado

En la esfera de la educación en México, existe una tendencia marcadamente afín a la privatización de la educación pública que propone la internacionalización de la enseñanza; esta, acorde con la postura de liberalización de las economías afirma que  la educación es un servicio más y que, como tal, debe ser considerada e incorporada en la agenda política. Lo anterior, se puede advertir claramente en esta definición, muy en boga en el medio educativo actual;

“Enseñar a competir es propio de una sana pedagogía de la virtud (sic) que se puede orientar al mercado y a la formación para la justicia; dicha enseñanza, en modo alguno está reñida con el enseñar a cooperar.” 1

“Antes de que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) difundiera los resultados de su informe más reciente, (“Panorama educativo 2007”), la Secretaría de Educación Pública (SEP) elaboró una estrategia para responder a los señalamientos del organismo internacional, por la que establecerá una política para que la educación, sobre todo media y superior, se adapte a las necesidades del mercado y se impulsen los estudios de “corta duración” y en “áreas no tradicionales”.

En el nivel superior se promoverá una mayor vinculación entre sus programas y “las necesidades del aparato productivo”, además de impulsar el desarrollo de programas en “áreas no tradicionales”. 

Para que dichas políticas que vinculan a la enseñanza con el mercado tengan un impacto, se difundirá información sobre las áreas de trabajo que “ofrecen mejores condiciones de flexibilidad laboral”, de acuerdo con el documento de la dependencia. 2

“La titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Josefina Vázquez Mota, solicitó ayuda a empresarios del sector inmobiliario para “actualizar” el mapa curricular de bachillerato, porque “si ustedes no vienen a la escuela, a quién le preguntamos qué currícula necesitan y cuáles son los conocimientos que van a requerir de aquí a diez años para formar gente que desde el primer día sea competitiva (…) Insistió en que “ha llegado el momento de que las empresas abran sus puertas al mundo de la escuela, pero también de reconocer desde el sector educativo que las escuelas tenemos que abrir las puertas al mundo de la empresa y la competitividad”.3

Por su parte, desde el ya lejano año 2000 el notable investigador y sociólogo Pablo González Casanova ha sostenido pertinazmente que la actual crisis de la educación pública en México se origina en los intereses económicos del imperio norteamericano; situación que se agudizó enormemente con la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Estados Unidos, por su parte, dada su posición hegemónica basada en el poderío militar, económico y político, impone sus objetivos y su visión al resto de la OCDE, lo que se traduce utilizar la ciencia y la tecnología en su beneficio; es decir, en la maximización de las utilidades que provoca, entre otras cosas un desempleo tecnológico enorme.

A ese intencional y artificioso desempleo tecnológico se suman los excluidos por el sistema neoliberal, es decir, la gente sin oportunidades de desarrollo educativo y laboral y que se convierten en mano de obra abundante y barata para sus proyectos. En boca del citado Dr. González Casanova;

 “… representa la posibilidad para los poderosos económicos del mundo de tener lo que antiguamente se llamaba un “ejército de reserva” (…) y que ahora ya ni ejército de reserva es; es la exclusión de miles de millones de gentes(sic), y este es el mundo en el que nos dicen que para hacer nuestros planes de educación debemos atenernos a la lógica del mercado. Es decir, nos están invitando a educar a muy poca gente, porque muchas de las tareas que antes se realizaban por los seres humanos ahora se han sustituido por métodos y técnicas de tipo cibernético”. 4

A este respecto, baste con echar un vistazo a las cifras oficiales;

“…en materia de investigación en México aun cuando la economía mexicana se sitúa en el lugar 12 o 13 a nivel mundial y tiene el octavo sitio como país exportador, “sólo 3 mil empresas en el país producen investigación (…) en materia de competitividad “la situación también es crítica”, pues México ocupa el lugar 60 en este rubro, así como el penúltimo lugar en materia de investigación científica y tecnológica con sólo 35 mil investigadores en todo el país”.5

  • Educación y política

En medio de una enorme controversia, se impuso con la evidente complicidad de la cúpula magisterial, encabezada por Elba Esther Gordillo, la denominada “Alianza por la Calidad Educativa” (ACE). Dicha “alianza”, en aras de una supuesta “modernización”, tergiversa y prostituye los elementos fundamentales de la Carrera Magisterial, con el objeto de considerar sujetos de evaluación tan sólo tres componentes (meramente instrumentalistas):

A) Aprovechamiento Escolar: medido, obviamente, con los criterios impuestos por el Centro Nacional de Evaluación (o simplemente Ceneval);

B) Cursos de Actualización: Certificados de manera independiente, y

C) Desempeño Profesional. De esta manera pasa por encima del escalafón y deja fuera criterios de evaluación tan importantes como la antigüedad, la experiencia profesional o los estudios universitarios.

Por otra parte, continuando con la política privatizadora, el connotado analista Luis Hernández Navarro acotó en 2008:

“Los hombres de negocios disputarán una parte de los 14 mil millones de pesos que se destinarán a este programa en el presupuesto de 2009. El jugoso pastel de infraestructura educativa para educación básica, tan deseado por contratistas privados, consistirá en 2 mil 380 millones de pesos, (…) La iniciativa privada participará tanto en el lucrativo negocio de las evaluaciones anuales que se practicarán a los maestros y a los centros escolares como en el de las auditorías externas (…) los maestros que se oponen a la ACE no buscan privilegios indebidos. La rechazan porque están seguros de que la calidad que reivindica no es más que un pretexto para que algunos hagan negocio y para que la derecha realice su viejo sueño de apropiarse de la docencia pública. El verdadero nombre del acuerdo debería ser alianza para la privatización de la educación”. 6

Para Flavio Campos, secretario de Educación de Zacatecas, la Alianza “lejos de garantizar mayor impulso al sistema educativo, desde plazas docentes, equipamiento e infraestructura, en la realidad (por lo confuso de los criterios que aplica la autoridad federal) representa un retroceso para entidades como éstas”.7

  • Consideraciones finales

La adopción de la visión neoliberal de la educación como un mero servicio, atenta contra los principios educativos establecidos en la Constitución de nuestro país. La educación pública no es una empresa y el mercado no es una escuela de virtud. La actividad docente no puede ni debe regirse conforme a criterios mercantilistas.

La enseñanza debe seguir siendo un bien público, no una mercancía que beneficie a unos cuantos privilegiados.

 Notas:

1 León Trahtemberg  en “La educación peruana” (parte XXVIII)… julio 09, 2006.

2 Nota de Karina Avilés; La Jornada /250907.

3 Nota de Laura Poy Solano; La Jornada/260108.

4 Dr. Pablo González Casanova en su Conferencia magistral “Universidad pública y neoliberalismo” dictada en la Universidad Autónoma de Zacatecas; Nota de Alfredo Valadez Rodríguez, corresponsal, Zacatecas, Zac., 4 de marzo de 2000.

5 Dr. Leonardo Ríos, director adjunto de Desarrollo Tecnológico del Conacyt; en “Semana de la Ciencia, Tecnología e Innovación”.  Méx.230908.

6 Luis Hernández Navarro “La alianza para la privatización de la educación”; La Jornada/07 1008.

7 Luis Hernández Navarro “la defensa de la educación pública”; La Jornada/230908.

 


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