En defensa del Tercero

Alfredo Macías Narro

Enero del 2007

“Todo individuo tiene derecho a recibir educación (…) La educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia”.(1)

En los días iniciales que corren de esta nueva administración, percibida por muchos como carente de legitimidad, en todos los ámbitos, y en el medio de una controversial serie de nombramientos en el área de educación, posición difícil de sostener, tanto desde el punto de vista político, como del relacionado con la pertinencia de los mismos, dada la lejanía de los perfiles profesionales esperados o deseados para el sector, es menester tratar de establecer ciertas condiciones mínimas para el análisis del futuro inmediato, por demás incierto, de la educación pública nacional.

“Son de interés social las inversiones que en materia educativa realicen el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares”.(2)

El reiterado golpeteo contra la educación pública y, en especial, contra la educación superior pública, viene de lejos, sin embargo, en las dos administraciones panistas, es decir, neoliberales “químicamente puras”, sin compromiso alguno con la parte mayoritaria de la sociedad, o sea, los pobres y muy pobres, se refleja en el ataque presupuestal contra las principales instituciones de educación superior de México; la UNAM (Universidad Nacional Autónoma de México), el IPN (Instituto Politécnico Nacional) y la UAM (Universidad Autónoma Metropolitana), aunque otras importantes instituciones no escapan al artero golpe financiero, en particular, las dedicadas a la cultura, como son las dependientes del INBA (Instituto Nacional de Bellas Artes) y el CONACULTA (Consejo Nacional para la Cultura y las Artes) .

 

“Además de impartir la educación preescolar, la primaria y la secundaria, el Estado promoverá y atenderá –directamente, mediante sus organismos descentralizados, a través de apoyos financieros, o bien por cualquier otro medio- todos los tipos y modalidades educativos, incluida la educación superior, necesarios para el desarrollo de la Nación…”(3)

La situación, en voz de algunos políticos, es la siguiente; Rolando Cordera Campos dice: (4)

“Pronto, tal vez hoy (domingo 10 de diciembre) las bárbaras aseveraciones del diputado (Raúl Alejandro Padilla Orozco) serán anécdotas de las que sus compañeros de partido (el PAN) renegarán. Pero el tema de la educación superior no es de contingencia ni puede relegarse a una desventurada manifestación de barbarie. Como nunca, el Estado tiene que admitir que sin educación pública no hay república, y que sin diversidades públicas no hay futuro. Así tal cual (…) Pero el asunto es más grave. Porque la tontería del legislador que preside la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados se da en el contexto de una propuesta de presupuesto insólita, en realidad inesperada por su dureza torpe, que castiga sin congruencia alguna a la enseñanza universitaria y a la ciencia y la tecnología, privilegia a los rubros de la seguridad y la represión y le quita al gobierno del Estado toda posibilidad de reclamarse como un gobierno de reforma y revisión justicieras, en consonancia con el reclamo que emergió al calor de la disputa por la Presidencia (…) No se puede admitir que panistas descocados pretendan imponer su ignorancia a los procesos básicos que tienen que ver con la administración de la cosa pública. Pero, antes de ello, y sobretodo, no se puede admitir que la burocracia hacendaria se empeñe en jugar con asuntos vitales y decisivos para la paz social y el futuro de México, como son la educación superior, la investigación científica y el desarrollo tecnológico”.

Algunos aspectos presupuestales relevantes.

Cierto es que tanto las aberrantes declaraciones del diputado panista Raúl Alejandro Padilla Orozco (nada menos que el encargado de la Comisión de Presupuesto en la Cámara de Diputados) (5) manifestando con estolidez suprema suma satisfacción por la disminución de los ingresos federales, en grave perjuicio de la Universidad Nacional Autónoma de México, como el recorte presupuestal perpetrado contra las áreas de educación, cultura, ciencia y tecnología son, por sí solos, ominosos signos de la cerrazón política, y de la intolerancia para con la diversidad intelectual. El recorte, a grandes rasgos, se puede resumir de la siguiente manera: Disminuye, en relación con lo aprobado en el 2006 el gasto programable, que va del 25.4% al 22.9%; el gasto neto total, que va del 18.1% al 16.7% y el efecto de dar cumplimiento al Art. 25 de la Ley General de Educación, que establece destinar el 8% del Producto Interno Bruto al Gasto Público Federal a la educación, una vez más se incumple, al disminuir del 4.2% al 4.01% (6)

“La educación que el Estado imparta será gratuita…” (7)

Lo puntualizado hasta aquí es, en efecto, muy serio, sin embargo, hay otros elementos en juego que no están siendo percibidos en su totalidad. Veamos. Los voceros de la derecha han tratado, por todos los medios, de convencer a la opinión pública que la educación y la cultura, son una suerte de mercancía sujeta a las reglas del mercado y susceptibles, por tanto, de convertirse en un objeto de compra-venta, en tanto que, por otro lado, a la ciencia y la tecnología se les ignora por completo (¿era siquiera imaginable hace unos pocos años alguien como el señor Romero Hicks como director del CONACyT?), presupuestal y programáticamente.

A manera de ejemplo, baste con hacer notar que el desinterés gubernamental (y, por supuesto, de la iniciativa privada) por apoyar el desarrollo científico y tecnológico de nuestro país, comenzando por el Sistema Nacional de Investigadores y su base de sustento esencial, la educación científica y tecnológica, en sus diversas modalidades, niveles e instituciones educativas, se hizo manifiesto al inicio del sexenio foxista, cuando, en el 2001 con la disminución presupuestal del gasto aprobado entonces por el Congreso de la Unión, se afectó a un sólo rubro y este fue, justamente, el Ramo 25 (educación tecnológica, entre otros puntos) por cerca de dos mil millones de pesos. Y, ahora, se pretende seguir el mismo camino.

En el ramo 11 del presupuesto, es decir, el referente a la educación pública, los analistas consideran, a manera de ejemplo, que la disminución real del 20.6% para la función de desarrollo social en el nivel de educación básica y del 15% en la función de desarrollo social a través del deporte.

“En el análisis funcional encontramos que en las asignaciones de gasto corriente para la operación de los servicios educativos, en las entidades federativas disminuye en un 29.1% Establece una baja significativa en la asignación a las universidades e instituciones de educación superior en todo el país. De manera particular, decrecen los recursos que se asignan a la UNAM, la UAM y de manera mas importante, al IPN, para el que se destina un monto inferior en 10.9% al aprobado para el ejercicio fiscal (del) 2066”. (8)

La reducción global a la educación, alcanza pues, la cifra de 4,500 millones de pesos, en números redondos; de esta cifra, poco más de 2,000 millones corresponden a la educación superior. Los esfuerzos realizados por los diputados en resarcir en alguna medida el déficit, no alcanza ni de lejos para siquiera igualar el ya reducido, en su momento, presupuesto del año 2006. Por si esto no bastara, hay que considerar el factor inflacionario (que, de acuerdo con los indicadores del Banco de México, rondará la cifra del 4% en este 2007), es decir, habrá que añadir otros 180 millones de pesos a la cantidad global. Dicho en otros términos, el monto total de la disminución, llegará a cerca de 4,680 millones de pesos. En lo tocante a la cultura y el arte, la reducción presupuestal, misma que afecta a todas las instituciones culturales del país, llega al 30% (alrededor de 2 mil millones de pesos) en relación con el gasto programable del año 2006.

En principio, el recorte afecta, de manera especialmente grave, al INBA (Instituto Nacional de Bellas Artes) y al INAH (Instituto Nacional de Antropología e Historia) (1.5% y 10% menos, respectivamente).

¿Qué significa la ciencia y la tecnología para los neoliberales en el poder?

“El Estado (…) apoyará la investigación científica y tecnológica…” (9)

“El financiamiento para ciencia y tecnología por parte del Estado ha venido en picada desde 1998, cuando la aportación federal para el sector alcanzó su punto más alto, con 0.48% del PIB (Producto Interno Bruto). Desde entonces ha venido a la baja, mientras el país ha adquirido del exterior tecnología por cerca de 400 mil millones de pesos”.(10)

De la manera en que se formuló el proyecto de egresos, para ciencia y tecnología, correspondiente a este incipiente 2007, se desprende que no sólo no tendrá mejoría alguna, sino que seguirá la nefasta tendencia a la reducción en la asignación de recursos, por lo que, tampoco en el rubro de ciencia y tecnología se cumplirá el mandato de ley orientado a destinar el 1.0% del PIB al financiamiento de aquél.

De acuerdo con Alberto Ruiz Treviño, Director de Investigación de la Universidad Iberoamericana:

“En el año 2000, el gasto en ciencia y tecnología se ubicó en 0.42% del PIB. Para el 2006, la relación bajó a 0.36%, misma que se mantendrá, bajo criterios conservadores, en el mismo porcentaje en 2007…”“(11)

El hecho es que esta situación no es nueva, ni mucho menos. En el año de 1971, existía una planta registrada en el entonces Instituto Nacional de la Investigación Científica, de 3,300 investigadores cifra que, relacionada con la población total de México (48’225,000 habitantes. Censo de población de 1970), arrojaba la ridícula proporción de 6.8 investigadores por cada cien mil habitantes (en la misma época, en Argentina había 50 y en E.U.A. existían 260). En ese año, se destinaba para Ciencia y Tecnología, el equivalente al 0.13% del P.I.B. (Producto Interno Bruto), en tanto que la participación en estas actividades, se proporcionaba de la manera siguiente: El 90% del financiamiento provenía del Estado; el 4% era aportado por la comunidad internacional y el Sector Privado aportaba sólo el 6% restante.

El panorama, treinta años después, se prefiguraba de la manera siguiente: En el año 2001, el S.N.I. (Sistema Nacional de Investigadores) agrupaba a una planta de 6,350 investigadores, misma que en proporción a la población nacional (redondeada a 98’000,000 de habitantes), arroja una cifra de 6.4 investigadores por cada cien mil habitantes. Asimismo, se ha destinado para Ciencia y Tecnología el equivalente al 0.30% del P.I.B. (pese a que el en discurso oficial de los regímenes zedillista y foxista, mencionaban reiteradamente la cifra del 0.7% y del 0.8%, respectivamente). El caso es que el origen de la principal fuente de financiamiento sigue siendo estatal (85%), en tanto que la participación del Sector Privado ha decrecido a menos del 4%.(Y sigue decreciendo).

Es de notar que, a diferencia del resto de los países de la OCDE, en los que se aprecia un aumento en el financiamiento de la industria (estatal y privada), a la investigación científica y a las aplicaciones tecnológicas, en México existe un constante descenso en este renglón;

“En el año 2001, la proporción del gasto del sector de educación superior en investigación y desarrollo financiada por la industria (Sector privado) alcanzó el 1.1%, uno de los niveles más bajos de gasto entre los países de la OCDE”. (12)

En el mismo estudio, se hace referencia a que menos del 10 por ciento de los investigadores mexicanos trabaja en el sector empresarial (incluyendo en esta proporción a las empresas estatales), situación que denota, de manera muy clara, que la iniciativa privada emplea a una cantidad realmente insignificante de la fuerza de trabajo intelectual disponible, de suyo muy exigua.

Esta sintética comparación, hecha a vuelo de pájaro, nos permite visualizar que la grave situación a la que se enfrenta el frágil sector científico y tecnológico nacional, está en relación directa con la dependencia (financiera, sobre todo) creada con el Estado y el Gobierno Federal, lo que, lamentablemente, se traduce en la completa sujeción a los caprichos, modas y tendencias que, desde el gobierno, se imponga a las instituciones encargadas de realizar las tareas de investigación científica y desarrollo tecnológico y, lo que es peor, cada Secretario(a) de Educación trata de imprimir a “su” administración una especie de sello personal, es decir, plasmando en la planeación educativa que, por lo general ha resultado ser demasiado reactiva y poco flexible, su interpretación personal de la realidad nacional y/o extrapolando los dictados o “recomendaciones” de los grandes organismos transnacionales.

En resumen, la ciencia y la tecnología, en tanto motor indispensable para el desarrollo de una nación y elemento fundamental de independencia y de posibilidades para la competencia en la globalidad económica y en la llamada sociedad del conocimiento (entendidas desde el punto de vista de los propios neoliberales), no parece interesar a la derecha rupestre “a cargo” de la administración pública, más dispuesta a la rapiña y el saqueo del país, en forma de privatizaciones y venta de las bienes patrimoniales de México, que en realmente preparar al país para afrontar los retos (del presente y del futuro).

¿Qué significa la cultura y el arte para los neoliberales en el poder?

“El Estado apoyará (…) y alentará el fortalecimiento y la difusión de la cultura nacional y universal” (13)

“¿Para qué darles dinero a esos jotos?…” (14)

Ante los ojos de numerosos intelectuales, artistas, promotores y activistas, continúa el desinterés oficial por la cultura y las artes manifestado durante la administración anterior. Baste con recordar que, en el sexenio foxista, se dio un inusitado impulso a las denominadas “Empresas Culturales”, que no eran otra cosa sino el disfraz (no muy hábil por cierto) creado para privatizar algunos de los principales centros culturales y sitios arqueológicos del país y transformarlas en franquicias comerciales, como fue, entre otros, el sonado caso del centro ceremonial y cultural de Palenque, en el estado de Chiapas.

Esta situación se repite, por ejemplo, al destinar 125 millones de pesos al Forum de Monterrey (empresa de corte privado de índole turístico – comercial), al decir el connotado dramaturgo Víctor Hugo Rascón Banda:

“De nada sirvieron tantas reuniones y negociaciones, como tampoco la marcha de más de 5 mil personas que realizamos en días pasados”. (15)

Desde esta perspectiva, es claro que los recortes presupuestarios son una muestra más de la actitud de desprecio por la cultura por parte de las últimas administraciones. Al decir de Antonio Gershenson:

“Los recortes presupuestales son la primera arma que ha sido empleada por la derecha contra la cultura y contra la educación pública. En la parte final de la campaña electoral federal circuló, por Internet una exigencia, firmada por personas que se presentaban a sí mismas como jóvenes colaboradores de (Felipe) Calderón. Los que planteaban era el cierre de las universidades públicas. Según ellos, éstas eran muy caras y de bajo rendimiento (…) obviamente en las actuales condiciones no es viable semejante barbaridad. (…) No es novedoso que la derecha sea enemiga de la cultura y de la educación pública (quepa aquí el recordatorio del nefasto general español franquista Millán Astray que proclamó “Muerte a la inteligencia” en el paraninfo de la U. de Salamanca) la fuga de los principales representantes de la cultura y del pensamiento humano, en general, que no fueron asesinados por el franquismo, nos benefició, en la persona de muchos que emigraron a nuestro país. Nuestro país jugó u papel de vanguardia cuando Juárez y los liberales impulsaron la Reforma, la de a de veras y no las contrarreformas que pregona la derecha. Entre sus conquistas está la educación laica. Esta conquista se ha ido extendiendo a otros países. La educación pública, en general, es para nosotros una conquista constitucional ya muy arraigada. Y la promoción de la cultura en amplios sectores no está desligada de la educación superior pública: auditorios con fines culturales, centros de cultura, como el que acaba de empezar a construir la UNAM en Tlatelolco (en el edificio que fue la sede de la Secretaría de Relaciones Exteriores) y otros casos, son ejemplos elocuentes. También es elocuente que las universidades privadas no hagan este tipo de inversiones…”

Finalmente, el listado de las instituciones afectadas, por sí sola es contundente: El Centro de Capacitación Cinematográfica, el Centro Cultural y Turístico de Tijuana, Educal, el Fideicomiso para la Cineteca Nacional, el Instituto Mexicano de Cinematografía, Radio Educación y Televisión Metropolitana (Canal 22), entre otras.

¿Qué significa el magisterio para los neoliberales en el poder?

“El educador es promotor, coordinador y agente directo del proceso educativo (…) El Estado proporcionará un salario profesional para que los educadores de los planteles del propio Estado alcancen un nivel de vida decoroso para su familia; puedan arraigarse en las comunidades en las que trabajan y disfrutar de vivienda digna (…) las autoridades educativas otorgarán reconocimientos, distinciones, estímulos y recompensas a los educadores que se destaquen en el ejercicio de su profesión y, en general, realizarán actividades que propicien mayor aprecio social por la labor desempeñada por el magisterio”. (16)

En el año recién finalizado, nuevamente se vio a los profesores sindicalizados realizando movilizaciones y actos de protesta de diversa índole y en diferentes tonos por las calles de varias urbes de México, particularmente fue notoria la presencia de los integrantes y simpatizantes de la Sección 22 del magisterio de Oaxaca, en busca de una rezonificación salarial, cuya participación estatal había sido indebidamente retrasada por el gobierno del estado. Las protestas de los profesores fueron dura e injustamente reprimidas por los servicios de seguridad estatales, por órdenes directas del gobernador Ulises Ruiz. Los antecedentes inmediatos del movimiento del magisterio organizado, si bien obedecen en buena medida a la lucha por la recuperación salarial y la restitución de los derechos sociales escamoteados por las últimas administraciones neoliberales, también es cierto que se pueden ubicar, de manera acertada, entre la creciente irritación social por la falta de garantías y de respeto gubernamental a la vida interna de los sindicatos y de los movimientos populares disidentes; acontecimientos que han desembocado, por una parte, en actos, cada vez más salvajes de represión del Estado, en contra de la clase trabajadora y de las organizaciones populares y, por la otra, en la actitud entreguista y claudicante de la cúpula sindical del sindicalismo pro-oficialista.

Al margen del desengaño creciente, tanto de aquellos cegados en el pasado inmediato por el espejismo del “cambio” y del “voto útil”, como de los desorientados o atemorizados por la campaña de odio y miedo, desatada por la derecha yunquista y golpeadora en contra del proyecto de nación propuesto por la izquierda moderada mexicana, encabezada por el Lic. Andrés Manuel López Obrador, la realidad demuestra en todo caso, de manera fría e incontrovertible, que la estructura vertical, autoritaria y apegada al poder de la dirigencia sindicalista oficial del magisterio, permanece aún incólume. En el sentido opuesto, se han vislumbrado algunos resquicios en el antes monolítico aparato estatal de control social. Por citar sólo dos ejemplos, ahí están los inservibles y disfuncionales Consejos de Participación Social a la espera de ser redefinidos desde su base misma y rescatados, para ser puestos en marcha (ojo: bien sea por las fuerzas oscurantistas y retrógradas de la reacción, o bien, por las fuerzas democratizadoras del magisterio, en compañía de las organizaciones populares) y, como muestra viva de ello, está el reciente caso de la lucha sostenida por la resistencia de los pobladores de San salvador Atenco, en defensa de la tierra y por lograr el pleno derecho a la autodeterminación, o por la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca; a costa, en ambos casos de varias personas asesinadas y muchas más heridas, de la violación de mujeres, por parte de la policía (estatal y federal), así como el injusto e ilegal encarcelamiento de algunos de los líderes de los movimientos populares disidentes.

Dicho sea en otros términos, numerosas organizaciones de la sociedad civil, surgidas de manera espontánea y al margen de los partidos políticos tradicionales, han comenzado a levantar la voz, en defensa de los derechos constitucionales básicos de toda la clase trabajadora “no alineada” y de las organizaciones sociales populares, en su conjunto.

Es momento de reflexión profunda, crítica y consciente para el magisterio de base (en su conjunto), con la finalidad de explorar alternativas políticas y revisar tácticas de lucha que le permitan, sin dejar a un lado sus demandas (por demás justas) inmediatas de mejoría en su condición laboral, configurar una estrategia efectiva de apropiación y conducción de sus propios procesos (reconocidos y reconocibles) de organización y producción socialmente útiles y legitimados para y por sus respectivas comunidades aledañas, es decir, insertándose más profundamente en su correspondiente tejido social. Amén de que, con toda certeza, existen muchas opciones políticas dignas de ser puestas en práctica por parte del magisterio organizado y aliado con los demás movimientos sociales reivindicatorios.

Es imprescindible pues, cerrar el paso al oscurantismo y a la visión retrógrada de la derecha neoliberal en el poder. No se puede tener una visión reduccionista de la educación; tampoco se puede circunscribir ésta al ámbito estrictamente escolar; no se trata de enseñar mediante nuevas técnicas o aplicar novedosas herramientas de alta tecnología.

Lo que se debe fomentar es el desarrollo de la capacidad crítica de los docentes de todos los niveles y tipos educativos, así como de los demás actores del hecho educativo, como son los padres de familia y, por supuesto, los alumnos, en tanto miembros de una sociedad que presenta graves deficiencias económicas, que da severas y cotidianas muestras de injusticia social e inequidad para con las mujeres, los indígenas y los pobres, así como, de manera aguda, a los niños y jóvenes de las clases marginadas y que niega oportunidades de empleo digno y medianamente retribuido a los campesinos, obreros o profesores de este país.

Lo que se está negando, en última instancia, es la formación plena de hombres y mujeres críticos, conscientes y libres, porque la lista de ofensas sociales perpetradas por las dos últimas administraciones (la que recién terminó y la que no acaba por empezar), se agrava y crece a una velocidad espeluznante, cosa que se hace cada vez más evidente, al criminalizar la pobreza y la disidencia social.

Finalmente, ¿Qué es lo que está en juego?

“El criterio que orientará a esa educación (…)

a) Será democrático, considerando a la democracia no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo;

b) Será nacional, en cuanto sin -hostilidades ni exclusivismos- atenderá a la comprensión de nuestros problemas, al aprovechamiento de nuestros recursos, a la defensa de nuestra independencia política, al aseguramiento de nuestra independencia económica y a la continuidad y acrecentamiento de nuestra cultura,…” (17)

La actividad cultural y educativa, en su conjunto, conlleva, en sus fines, usos sociales, al tiempo que posee intenciones políticas, genéricamente determinadas desde las estructuras del poder, (tanto las formales, como las fácticas) y en su beneficio fundamental, es decir, se concibe y maneja al sistema educativo como un gran aparato de control social; otro tanto sucede con ciertas manifestaciones o expresiones culturales (o pseudo culturales), puestas al servicio de las clases dominantes e inmerso, en una sociedad capitalista como la nuestra, en una constante pugna (lucha de clases, aunque se pretenda negarla con el recurso simplista de no mencionar el término).

• En una sociedad dividida en clases sociales, los grupos que dominan los medios de producción, también controlan los modos de intervención social. LA CULTURA Y LA EDUCACIÓN SON PARTE DE ESOS MODOS.
• En lo referente a determinadas manifestaciones de la cultura, como son el deporte, el teatro o el cine, por citar sólo unos pocos, el sistema autoritario mantiene el control ideológico de los dominados a través de la difusión permanente y sistemática de los valores de las clases dominantes, haciéndolos pasar como universales y comunes a toda la sociedad. De esta suerte, tenemos el cine (importado y nacional) orientado hacia la alienación y la pérdida de identidad de las personas, en pos de una auténtica “cocacolonización” de nuestra sociedad; el teatro superficial (“de revista” le llaman) que, explotando de manera meramente comercial la escasa información, el bajo nivel cultural y la ausencia de una mínima conciencia crítica de buena parte de sus consumidores, se establece como un medio de enajenación para los concurrentes. Qué más decir de la televisión y sus extraviadas pero perversamente dirigidas banalidades o del multimillonario negocio del “deporte de masas”, en colusión con empresas refresqueras, tabacaleras y alcoholeras.
• La educación exalta y promueve la generación de expectativas, así como la formación de aptitudes y actitudes, para toda la sociedad y en nombre de ésta, cuando en realidad lo que promueve y exalta es la visión que las clases dominantes tienen de sí mismas y de la misión que destinan para las clases dominadas, es decir, no sólo controlan los medios de producción y de distribución de los bienes de consumo (elementos económicos de dominación), sino que también controlan los productos del conocimiento social (elemento ideológico de dominación). Puesto de otra manera, el supuesto beneficio de la “igualdad de oportunidades” y el espejismo de las posibilidades de la movilidad social, a través de la educación, son una monumental falacia dado que, es evidente, que la conformación de un sistema de educación alternativo, es decir, que sea una educación liberadora, concientizadora y crítica no será instituida por las clases dominantes, es decir, desde el poder mismo.

Desde esta perspectiva, es entendible que la caracterización del sistema educativo, sea una determinación ideológica, misma que se manifiesta de diversas maneras, entre las que se destacan la selectividad social, la desigualdad de oportunidades y las relaciones pedagógicas. La primera, se hace patente al condicionar, no sólo el acceso del estudiante a la escuela, sino también su permanencia en ella a su estado socioeconómico (basta con revisar las cifras de resultados de los exámenes de admisión aplicados (por el CENEVAL, principalmente) y ponerlas en correlación con la proporción de estudiantes de bajos recursos que ingresan, con respecto de los provenientes de los estratos económicos medio y superior).

Con respecto de la “garantía” de igualdad de oportunidades “para todos”, aunque está elevada a rango de derecho constitucional, es decir, dada de manera formal y legal, la igualdad real se encuentra muy lejana de los que la legislación indica y se relaciona de manera muy cercana, con lo que las posibilidades concretas permiten.

Finalmente, en lo tocante a las relaciones pedagógicas, esta situación, afecta a todos los tipos y modalidades educativas, pero es particularmente perceptible en el caso de la educación profesional y tecnológica, en que se busca no el bienestar de la persona, sino el aporte que, una vez calificado, hará al “sector productivo” (léase a las clases dominantes) y a la “economía del país” (léase a la apropiación del valor del trabajo de las clases dominadas).

La visión de dominación mundial de cara al futuro (cercano y lejano), que los globalizadores pretenden imponer al resto de las naciones y sus sociedades (incluyendo, desde luego, las propias), ha buscado y encontrado la manera de penetrar en lo más profundo de las estructuras sociales y económicas de los países, es decir, dominando los medios de producción en lo económico y los modos de intervención social, de los que la educación y la cultura forman un pilar fundamental.

Así mismo, es preocupante la llegada a nuestro país de instituciones educativas de nivel superior extranjeras, dado que, si el marco normativo que regula (o debiera hacerlo) a la educación particular en México es de suyo bastante laxo, ¿bajo qué términos legales, jurídicos y operativos se controlará a tales instituciones? A manera de ejemplo, es sabido que, en los Estados Unidos de América, no puede trabajar ningún profesionista que posea título expedido por institución mexicana alguna, sin embargo, como parte de las “facilidades” que nuestro entreguista gobierno otorga a sus “socios comerciales”, se destaca la facultad de ejercer profesionalmente en nuestro territorio, en obvia competencia desleal, amén de aumentar el desempleo de nuestros profesionistas y contribuir a una mayor distorsión, si tal cosa es posible, del mercado nacional de trabajo. Otra faceta de la problemática educativa, es la “fuga de cerebros” hacia el extranjero, principalmente hacia Estados Unidos y, en menor proporción, hacia Europa Occidental, que se ha convertido en una auténtica emigración, en busca de mejores oportunidades de vida y de trabajo. Este problema, se ha agudizado más, si es que esto es posible, en las últimas administraciones; al decir de la profesora Judith Zubieta García (18) quién señala:

“Son decenas de miles los que ya se han ido, lo que ha dañado al país y disminuido su posibilidad de participar en condiciones competitivas en la economía globalizada (…) Los países expulsores sufren una doble pérdida: la de la inversión del Estado en (la formación de) sus recursos humanos, que terminan en un mercado laboral de otra nación, y la de la expectativa de que estos cuadros puedan generar cambios positivos en las sociedades a que pertenecen”.

Es realmente una lástima que, en México y muchos otros países de América Latina, no se haga un esfuerzo oficial serio por cuantificar el impacto integral que tiene esta migración de investigadores, lo que es un primer paso, imprescindible desde luego, para empezar a construir las condiciones sociales, culturales, laborales y salariales para que estos talentos no se queden en el extranjero. El caso de algunas naciones africanas, da cuenta de la falta de probidad, del actuar deshonesto y carente de ética de las naciones desarrolladas, mismas que, a modo de ejemplo, en el área de la salud, reclutan entre sus instituciones de nivel superior a médicos y enfermeras y les acotan así el eventual retorno a sus países de origen.

Los países ricos del Norte suelen recibir ya formados, en el nivel de licenciatura al menos, a los profesionistas de alto nivel y suelen retenerles mediante la oferta de estudios de posdoctorado, atractivas condiciones de trabajo y salarios muy por encima de los habituales en sus propios países. Toca, en consecuencia, a las fuerzas progresistas y democratizadoras de la sociedad y, particularmente, a su representación partidista camaral, la construcción de las opciones viables de transformación y que, obviamente, no pueden dejar de lado por más tiempo, el enorme rezago salarial, así como el constante deterioro de las condiciones de vida y laborales del magisterio mexicano, a cuya costa se ha edificado el proyecto educativo neoliberal. La educación y la cultura en su conjunto no son, a fin de cuentas, un “servicio” o una franquicia comerciales, a las que se pueda acceder de manera socialmente selectiva y predeterminada por las clases dominantes en el poder, pese a los esfuerzos de los últimos gobiernos, desde Miguel de la Madrid hasta el actual, por convertirlas en una mercancía.

No. En primer término, la educación y la cultura son, antes que nada, un derecho constitucional, definido y establecido en el Artículo Tercero de nuestra Carta Magna y que, aunque los efectos de la llamada “globalización” en el ámbito educativo son evidentes, quizá sea conveniente precisar, para mayor claridad, algunas cuestiones preliminares, por ejemplo, que los impulsores de la tal globalización son, fundamentalmente, los países capitalistas desarrollados, o mejor dicho, son las clases dominantes y el Estado fundado y operado por éstas en sus respectivas naciones, tanto individualmente, como organizadas en grupos de poder. Tal es el caso de los organismos financieros internacionales, como el Banco Mundial (BM) o el Fondo Monetario Internacional (FMI) que, auspiciados por los grandes capitales transnacionales, se han autoerigido en rectores de la economía mundial, sobre todo a partir de la caída de la antigua Unión Soviética y demás países socialistas, que les servían como contrapeso, tanto en lo económico, como en lo social y en lo político. Los ejemplos injerencistas de los mencionados organismos internacionales, en lo que a educación en nuestro país se refiere, son claros y múltiples. Entre los principales se destacan los siguientes:

• Terminar con el “monopolio” de los libros de texto gratuito. “Recomendación” del BM.
• Considerar a la educación como un servicio comercial, en lugar de un derecho constitucional. Visión del Gobierno Federal.
• Imponer criterios empresariales en la educación, tales como la “Calidad”, la educación “basada en Normas de Competencia Laboral” o la “Excelencia.” Recomendación” de la OCDE.
• Aplicar mecanismos de selectividad social en la admisión de estudiantes en los niveles medio-superior y superior. CENEVAL. “Recomendación de la OCDE y el BM.
• Implantación de programas asistencialistas (PROGRESA, PROCAMPO, OPORTUNIDADES y los que vengan), que fomentan la desigualdad y la inequidad en el acceso a la educación.
• Puesta en marcha de un proceso de privatización disfrazado, al privilegiar a las instituciones particulares de educación, incluso en el plano político, en tanto que se estrangula a las instituciones de educación pública con un cada vez más exiguo presupuesto. “Recomendación” del BM y el FMI.

El listado de las “recomendaciones” que los organismos de control financiero y político internacional dictan e imponen, podría proseguir durante páginas y más páginas, pero baste con recordar que México jamás ha alcanzado el porcentaje mínimo (sugerido por la UNESCO) del Producto Interno Bruto (PIB) destinado al gasto en educación (ocho por ciento). Esto pone a nuestro país en una posición de clara desventaja frente a los demás miembros de la OCDE y ante el resto del mundo, en realidad.

Como corolario, podemos decir simplemente que, la educación es, en primer término, un problema político. Por tanto, la solución a la compleja problemática de la educación no vendrá dada a través de algún programa asistencialista, por más modernizador que luzca; tampoco habrá cambios significativos en la estructura de la burocracia educativa y sindical, si no se tiene el pleno conocimiento del rumbo político e ideológico del cambio necesario, así como la convicción política de hacerlo realidad.

La transformación de fondo, provendrá de la construcción de una nueva y diferente interacción entre personas libres, conscientes y críticas de su tiempo y de sus circunstancias, organizadas socialmente en torno a estructuras nuevas y diferentes a las caducas estructuras de dominación tradicionales, así como del nivel de compromiso social elaborado en conjunto por los actores que, hasta ahora, han sido marginados por las estructuras del poder, aglutinados en torno a esa nueva institucionalidad democrática, y proactiva, no sólo representativa de la sociedad, sino construida desde la sociedad misma, ahora y de cara al futuro.

Notas

1 Proemio del Artículo Tercero Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos.

2 Artículo Vigésimo Octavo de la Ley General de Educación de los Estados Unidos Mexicanos.

3 Artículo Noveno de la Ley General de Educación de los Estados Unidos Mexicanos.

4 Diario La Jornada, del día 10 de diciembre del 2006.

5 Diario La Jornada, del día 9 de diciembre del 2006.

6 Documento público del grupo parlamentario del partido político Nueva Alianza. Diario La Jornada, del día 11 de diciembre del 2006.

7 Artículo Sexto de la Ley General de Educación de los Estados Unidos Mexicanos.

8 Datos dados a conocer por el SNTE. Diario La Jornada, nota de Francisco Garduño,

9 de diciembre del 2006. 9 Artículo Noveno de la Ley General de Educación de los Estados Unidos Mexicanos.

10 Diario La Jornada, nota de José Galán, 21 de diciembre del 2006.

11 Ibíd.

12 Texto del estudio “Análisis temático de la educación terciaria, 2006”. Publicación de la OCDE.

13 Artículo Noveno de la Ley General de Educación de los Estados Unidos Mexicanos.

14 Opinión en voz del diputado federal priísta Andrés Marco Antonio Bernal, durante las reuniones de la Comisión de Presupuesto. Diario La Jornada, nota de Ángel Vargas y Fernando Camacho, 24 de diciembre del 2006.

15 En referencia a la marcha de estudiantes, artistas y activistas realizada el día 19 de diciembre del 2006, por las calles de la Ciudad de México.

16 Artículo Vigésimo Primero de la Ley General de Educación de los Estados Unidos Mexicanos.

17 Fracción Segunda del Artículo Tercero Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos

18 Secretaria de Innovación Educativa de la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a distancia de la UNAM, para el Diario La Jornada 29 de diciembre del 2006.