Los caprichos de Chuayffet

Los caprichos de Chuayffet

Imagen de archivo. 'Magú' a través de CNTE-Sección 9

Manuel Fuentes Muñiz

 

CNTE-Sección 9 D. F. 12 feb 2014.

Ha sido vergonzosa y provocadora la actitud de Emilio Chuayffet, actual secretario de educación pública federal para denostar a los maestros de todo el país.  

Ha usado la mentira, el chantaje y hasta la amenaza para imponer a como dé lugar la llamada reforma educativa que solo busca destruir la educación pública de este país.

Apenas la semana pasada el secretario Chuayffet  se atrevió a decir que:

“Llevamos más de 500 personas que han sido cesadas y muchos han sido advertidos a que si llegan a las tres faltas (se termina) la relación laboral”.

Dijo a medios de comunicación de manera jactanciosa que estos ceses se han llevado a cabo en los dos últimos meses en diversas entidades del país.

Resulta inexplicable que un secretario de estado ocupe su puesto para mentir y hasta mostrar su ignorancia en materia laboral. 

El artículo 76 de la cuestionada Ley General del Servicio Profesional Docente (LGSPD) dice que son más de tres faltas consecutivas o discontinuas las que puede motivar un cese y no tres como lo señaló irresponsablemente el secretario.

Tampoco es cierto que en diversas entidades se hayan aplicado estos ceses porque éstas no tienen facultades legales para imponer despidos o ceses como los anunciados por el secretario. 

Las legislaciones burocráticas estatales siguen vigentes y están obligadas, antes de llevar a cabo un despido, levantar un acta administrativa con la presencia del afectado, su abogado y representante sindical para que conozca de las pruebas y estas sean avaladas o revocadas por una autoridad laboral.

Actualmente en 30 entidades de la república, con excepción del Distrito Federal y Yucatán, siguen vigentes sus legislaciones laborales que contemplan la garantía de audiencia antes de realizar cualquier despido.  Imponer ceses como lo dice el Secretario Chuayffet sin otorgar posibilidades para que una instancia imparcial revise es una arbitrariedad, es desconocer el estado de derecho.

Este proceder que se ha impuesto en esa ley de no dar oportunidad a que el trabajador docente rebata las acusaciones en su contra es propio de una dictadura.

Que mal que este funcionario considere que será con amenazas como se impondrá una reforma educativa que aleja de toda responsabilidad al Estado y deja en los padres de familia, junto con los docentes la administración y la carga económica de los centros escolares.

Con la legitimación de las donaciones y cuotas escolares a las que llama “voluntarias” la ley general de educación pretende que los padres de familia tengan que suplir las deficiencias del Estado.  He conocido de muchas quejas del abandono en que se encuentran centros escolares sin que haya manera de que los gobiernos municipales, estatales y federales cumplan con su responsabilidad.  Llaman a los padres a que lleven un pupitre, que cooperen para un pizarrón, que apoyen con el pago de la luz, apoyen con la limpieza y hasta con gises para que sus hijos reciban clases porque el gobierno dice no tener dinero.

El Secretario Chuayffet en lugar de apoyarse en el magisterio para fortalecer el sistema educativo nacional ha decidido enfrentarlo.  Los ha acusado de ser los responsables de que el censo nacional no se haya concluido.  Sin embargo el gobierno se ha valido de personal del INEGI que ni es suficiente ni tiene la capacidad para realizarlo.

Los empleados encargados de las encuestas dejan los cuestionarios en las escuelas para que los propios profesores lo realicen. No verifican las nóminas de pago y tampoco verifican si los nombramientos corresponden a la realidad de sus actividades.  No se puede asumir la autenticidad de una encuesta si el gobierno no se hace responsable de su implementación.

Chuayffet hasta se ha atrevido a decir que los profesores que no estén en las encuestas estarán fuera del sistema educativo.  ¿Cómo es posible que diga esto un secretario de estado? 

• Los maestros no son quienes realizan las encuestas sino una institución gubernamental.

No se les puede separar ni suspender sus pagos porque tienen nombramientos escritos otorgados por la propia secretaría de educación pública, porque están laborando, porque aparecen en el sistema de pagos de las propias dependencias económicas, porque se le cubre quincenalmente sus salarios, porque no existe legislación que permita borrar a miles de profesores solo por el antojo de un funcionario.

Son miles de profesores quienes han sido contratados después de la reforma educativa y andan padeciendo contratos temporales que son condicionados para su renovación a que dejen de protestar; a otros más hasta citatorios de ministerios públicos les han enviado por oponerse a la reforma educativa.  Pero un movimiento magisterial no se puede derrotar por el capricho de un secretario.

Los y las profesoras están en sus aulas defendiendo la educación pública…

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Nota mía: Respetuosamente me permití modificar levemente la estructura de la nota de Manuel Fuentes Muñiz, con la exclusiva finalidad de facilitar su lectura en el formato de Odiseo. Alfredo Macías Narro.