Las Reformas Educativas IV
El caso de México (1940-1965).
Alfredo Macías Narro
150810.
Las restricciones que había tenido la burguesía nacional durante los sexenios anteriores, particularmente en el periodo cardenista, sirvió para dar un nuevo impulso al modelo capitalista del “desarrollo” o “modernizador”, de acuerdo con el discurso oficial. En esta administración y la siguiente (la presidencia de Miguel Alemán), verán un periodo de doce años continuos de consolidación de la iniciativa privada, cuyos capitales se reparten entre la banca especulativa, la banca de desarrollo y el comercio general en las principales ciudades del país.
En el sexenio de Adolfo Ruiz Cortines (1952-1958), las escuelas comenzaron a enfrentar las primeras manifestaciones de la explosión demográfica; el secretario de Educación Pública, J. Ángel Ceniceros, planteó por primera vez la necesidad de “planificar el desarrollo del sistema”.
En su segundo período al frente de la SEP, en el sexenio de Adolfo López Mateos (1958-1964), Torres Bodet dirigió la elaboración del primer plan nacional de educación, el “Plan de Once Años”, en forma casi simultánea aunque relativamente independiente de los primeros esfuerzos de planeación hechos en otras partes de América Latina, como Colombia, con influencia de los trabajos de la OCDE y de la UNESCO, en particular del “Proyecto Regional Mediterráneo”.[1]
El resumen de las reformas educativas, provenientes directamente de los postulados de la revolución mexicana, se puede sintetizar en el apartado que Felipe Rizo hizo de las políticas en materia de educación, que resultaron más o menos exitosas:
“Varias innovaciones importantes formaron parte de las políticas del Plan de Once Años, tratando de hacer frente a la explosión demográfica en el ámbito escolar, aumentando la capacidad de atención del sistema educativo: el doble turno en las escuelas, el impulso del programa federal de construcción de escuelas (CAPFCE) y el crecimiento de las escuelas normales para formar los maestros que se requerían. Otras iniciativas buscaban mejorar la calidad de la enseñanza, teniendo en cuenta las necesidades de los sectores mayoritarios de la población, formados por familias cuyas cabezas tenían baja o nula escolaridad y no contaban con los elementos básicos para apoyar a sus hijos; en este rubro destacó el programa de libros de texto gratuitos para todos los grados de la enseñanza primaria”.[2]
Con el incremento de los préstamos (de los EUA), destinados a acelerar la industrialización, el gobierno distribuía el gasto público buscando satisfacer las demandas de una clase pequeño-burguesa, que emergía al ritmo de la producción de los bienes propios de una sociedad de consumo, que se empeñaba en imitar el modo de vida y los patrones de consumo de las clases dominantes locales.
La década de los cincuenta significó, en el ámbito económico, la consolidación de grandes grupos capitalistas que, por la presión que ejercían en cúpula dirigente del gobierno, provocaron un rápido cambio de rumbo de un Estado revolucionario, hacia un Estado mediador de los compromisos con las masas populares.
Según la nueva clase política en el poder, debía establecerse un nuevo orden, capaz de generar estabilidad social y garantizar protección al capital, en sus inversiones en las ramas industrial, comercial y de servicios, al tiempo que se comenzó a cooptar y controlar al movimiento obrero organizado, a través de la implantación de políticas clientelares con las dirigencias y de éstas con los patrones. Una nueva y fuerte burguesía comienza a surgir de los aún calientes rescoldos de la revolución mexicana.
Por otro lado, la orientación social de las funciones educativas, desde la perspectiva de los caudillos de la revolución, se traducía, generalmente, en la absorción masiva y el crecimiento consistente de profesionales en la maquinaria burocrática estatal, de ejecutivos en la industria y el comercio privados, de administradores de nivel medio en la banca, que pugnaba por establecerse y generar un nuevo tipo de crédito al consumo; es destacable el número de egresados del Instituto Politécnico Nacional.
En este contexto, aparece una de las mayores influencias sociales: La Televisión. De manera paralela, crece la atracción de las manchas urbanas sobre la población campesina y se gestan los primeros grandes flujos migratorios, del campo hacia la ciudad. La restricción de carácter presupuestal gubernamental, a la atención de los problemas educativos, fomentó la participación de los capitales particulares en el ámbito educativo y los empresarios metidos a educadores, comenzaron a ampliar la cobertura de sus servicios, así como a diversificar su oferta, a fin de acoger a los recién llegados a las clases medias urbanas, con la evidente finalidad de obtener ganancias económicas, pero también, con la finalidad de reproducir en las aulas sus valores de clase y reforzar la identidad, con un bien determinado grupo social en el poder.
El rezago educativo, en todos los niveles, aumentaba constantemente; hacia el año de 1952, aproximadamente uno de cada 1,000 niños ingresaba al nivel superior. Estas cifras, contrastaban con las nuevas instalaciones educativas de la UNAM; La Ciudad Universitaria.
Desde el 25 de marzo de 1950, fecha en que los representantes de 11 universidades y 12 institutos superiores acordaron en la ciudad de Hermosillo, Son. La creación de la Asociación Nacional de Universidades e Institutos de Enseñanza Superior (ANUIES), la educación superior en el país comenzó a trazarse un rumbo propio, encaminado hacia la definición de los servicios educativos que el país requería y a determinar las acciones de mejora en la atención de la demanda de personal docente especializado, a lo largo de toda la nación.
[1] 0p. cit.
[2] REVISTA OEI: Reformas educativas: mitos y realidades. Septiembre – Diciembre 2001. “Las políticas educativas mexicanas antes y después de 2001”. Felipe Martínez Rizo
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