La descentralización de la educación en el Distrito Federal

Cuando inició el proceso de descentralización educativa “recomendado” por el Banco Mundial, el sistema de Partido de Estado aún estaba vigente: por ello el PRI tenía un bajo su conducción tanto del gobierno federal como el de la mayoría de los estados y el Distrito Federal. Así que decidió que únicamente en la capital de la República quedara pendiente la transferencia de la administración de la enseñanza básica. Es de suponer que, en los cálculos políticos del sistema, se consideró más provechoso mantener bajo control de la Federación el sector educativo capitalino. De otro modo, no se explica porqué no se dio en la ciudad de México un proceso similar al que aconteció en las otras 31 entidades federativas.

A la llegada de miembros del PRD (comenzando con Cuauhtémoc Cárdenas) a la jefatura de gobierno del D.F., éstos mantuvieron el mismo estatuto: el gobierno de la República siguió a cargo del sistema educativo de la capital. Dicen incluso los adversarios de ese partido, que sus representantes se negaron siempre a que operara la descentralización.

Quizá los perredistas quisieron que el trato con los profesores agrupados en las secciones IX, X y XI del SNTE siguiera a cargo de las autoridades federales, dadas la reconocida combatividad de los mentores. Como sea, nunca se descentralizó ese servicio en el corazón del Anáhuac.

Como resultado de la centralización educativa en el D.F., hoy se vive uno de los varios conflictos entre los gobiernos de Vicente Fox y de Andrés Manuel López Obrador: el de la reforma al artículo 12 constitucional para obligar a la administración capitalina, por la vía de la reducción forzada de las participaciones federales, a aportar lo necesario para el sostenimiento del servicio educacional.

Pero el asunto no es así de simple. Porque cuando los estados de la Unión recibieron los servicios educativos descentralizados, recibieron también los recursos económicos necesarios para su sostenimiento. O sea, que sus respectivos presupuestos se incrementaron en una suma exactamente igual a la que tendrían que erogar por la prestación del servicio. Obviamente, eso no ocurrió con el D.F.

Independientemente de las razones que originaron el postergamiento de la descentralización, y de quiénes sean los responsables de ello (los priístas o los perredistas), si se modifica el artículo 122 de la Carta Magna se tiene que descentralizar el servicio educativo en la gran urbe. Con ello, se evitaría dañar a la población capitalina, pues la suma de lo entregado y lo que el gobierno del D.F. tendría que erogar sería cero.

No hay razón válida para tomar partido a favor de las entidades estatales y en contra del D.F., o al revés. La misma consideración nos deben merecer las unas y el otro. No es debido discriminar a una parte y beneficiar a la otra.

Por ello, resulta injusto quitar alrededor de 8,000 millones de pesos al presupuesto capitalino, porque está pendiente de entregársele la misma cantidad por la descentralización de sus servicios educativos básicos. Y todavía más; la solución de fondo es crear el Estado del Anáhuac, que sería el número 32 de nuestra República.