Investigación o narrativa

Investigación o narrativa

‘Aprendiz (7:15)’ Comentario en La Jornada. 071214.

• Foto. Dominio popular.

Nada tan contrario a la prueba científica como el principio de autoridad, la fe pública, la confianza, la prueba confesional o la testimonial. La prueba científica no puede basarse en ellos, tiene que ser el resultado de un riguroso procedimiento de investigación cuyo protocolo no deje la menor duda sobre su resultado, de otro modo no puede dársele a esa prueba el estatus de prueba científica. Por el otro lado, de la prueba científica no se puede deducir una interpretación o un resultado que no sea a su vez sometido a probadura. Viene esto al caso por el hecho de Iguala y el modo de proceder de las autoridades que desatiende todo protocolo y toda norma de procedimiento para dar seguridad a los resultados de la investigación. Las pruebas de ADN para que sean efectivas deben estar regidas por un procedimiento de doble ciego. Es decir, nadie debe saber a quien corresponde tal o cual muestra.

Por el otro lado, las muestras de ADN deben estar mezcladas entre cientos o miles de muestras placebo tomadas de una muestra aleatoria representativa, de modo que sea imposible conocer cuales corresponden a los ADN investigados y cuales no. Cada muestra es identificada con un número, y solamente aquella persona a quien corresponde la muestra conoce el número asociado a su muestra. El resultado de cada una de las muestras se debe conservar en sobre sellado de modo que ni siquiera pueda conocerse el ADN de la misma. Otro laboratorio realiza la investigación sobre los restos y determina los ADN que encuentra. Posteriormente se coteja uno con otro, y de encontrarse alguna coincidencia se hace público el número a quien corresponde la muestra cotejada, y de allí se llega recién a saber a quien pertenece. De no procederse así, la investigación se encuentra sesgada desde un inicio y su resultado, cualquiera que sea carece de valor, ya que pudo ser alterado

Se habla del prestigio de los laboratorios de Innsbruck, Austria, para aceptar el resultado de sus análisis, sin embargo, pareciera (que) este prestigio no es tal ya que, de seguir rigurosamente el protocolo de investigación, se tendría que haber negado a recibir las muestras por estar sesgado, si no es que alterado su valor probatorio. En este caso lo mismo ocurre con el protocolo seguido por los “antropólogos argentinos”. El valor probatorio de una investigación no depende de la autoridad moral o científica de los investigadores, depende exclusivamente de que se haya seguido rigurosamente el protocolo de investigación que por su procedimiento garantice el valor del resultado que se obtenga.

Nada de esto ha ocurrido con la obtención de las muestras de ADN de los familiares de los estudiantes normalistas desaparecidos, ni con los restos estudiados. Por lo tanto, cualquier resultado que se presente carece de valor científico probatorio, y por lo tanto carece de valor jurídico probatorio (la teoría de la prueba jurídica o legal es una momia del siglo XIX, hoy en día inaceptable por sus inconsistencias lógicas, y por mucho que aún se emplee en los tribunales mexicanos).

Por otro lado, la identificación de un pequeño hueso casi carbonizado no es prueba de que la persona a la que corresponde haya sido incinerada en su totalidad, ya que el mismo puede haber sido extraído de ella para sembrarlo como “prueba” entre un montón de cenizas. Menos aún, de la identificación de una o varias personas puede pretenderse deducir que la totalidad de los normalistas fueron incinerados. Más aún, aunque se identificaran los restos calcinados de los 43 normalistas desaparecidos, ello no nos dice nada respecto a cómo y porqué fueron incinerados. La hipótesis de la incineración, tal como la presentó el Procurador General de la República, adolece de tantos puntos débiles que no es creíble, por lo menos en los términos en que fue presentada, y muchas, muchísimas preguntas tendrían que ser respondidas, no con argumentos sino con procedimientos científicos incontrovertibles, lo cual evidentemente no habrá de ocurrir porque para que ello se diera se tendría que encontrar un procedimiento que violara las leyes de la naturaleza, lo cual es imposible.

Lo que sí se podría encontrar es una martingala capaz de engañar al común de la población, por ello es una responsabilidad moral y social que los científicos e investigadores de México y el mundo estar alertas para denunciar públicamente cualquier intento de generar una narrativa engañosa respecto a lo sucedido. Mientras no se presente una investigación completa, verificable, que haya seguido estrictamente protocolos de investigación cuyos procedimientos no permitieran sesgar la investigación, es obligación de todos el seguir exigiendo la presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Mas no todo termina aquí, ya que al margen del resultado de la investigación sigue existiendo la necesidad de investigar la responsabilidad y participación del gobierno federal en los hechos de Iguala, investigación que para poder desarrollarse sin impedimento alguno requiere de la renuncia de todos los funcionarios involucrados, por acción u omisión, en los hechos, y la apertura de todas las instalaciones operativas y administrativas del gobierno y el estado, la puesta a disposición de toda la documentación de las mismas, así como la puesta a disposición de todo el personal subalterno y de sus mandos, para que la comisión investigadora, encabezada por los familiares de los estudiantes desaparecidos, y asesorada por quienes ellos consideren pertinente, pudiera realizar cuanta investigación consideren necesaria, haciéndose extensiva y de manera irrestricta esta disposición a cuanta organización, grupo, o persona, de la sociedad civil quisiera proceder a investigar por su cuenta.

Ello en consideración de que aunque el gobierno federal consigne, y el Poder Judicial procese, y dicte sentencia contra el matrimonio Abarca; y de que junto con ellos vayan a la cárcel, no uno, diez, o cien, sino millones de mexicanos, entre los que estarían el ex–gobernador de Guerrero y todo su “gabinete”; así sea que aparezcan con vida los 43 normalistas desaparecidos, o de los restos del basurero de Cocula se determine pertenecen a ellos; así sea todo esto y cien cosas más, nada de ello resuelve el caso de Iguala si no se le considera dentro del contexto de la política de seguridad implementada por el gobierno de Peña Nieto, que antes que a la seguridad ciudadana se dirigió a garantizar la seguridad de los grandes capitales (supuestamente) por venir a México, lo que incluyó el diseño de todo un plan de contrainsurgencia, control de poblaciones, y utilización de la delincuencia organizada como un aparato no institucionalizado al servicio de los aparatos de represión del estado.

Es decir, mientras no se comprenda, y se proceda en consecuencia, de que la responsabilidad y autoría intelectual de los hechos de Iguala hay que buscarla en las altas esferas del gobierno federal, desde el presidente de la República, pasando por su gabinete en pleno, incluyendo a los secretarios del Ejército (sic por Defensa Nacional) y de la Marina, al de Gobernación, Educación, Hacienda, CISEN, etc., no podrá darse por concluida la investigación.

México tiene un régimen presidencialista, vertical, jerárquico, por lo que los actos de los subordinados son responsabilidad de sus superiores, que en el Poder Ejecutivo son tres: Presidentes de Ayuntamientos (o Jefe de Gobierno, en el caso del Distrito Federal), Gobernadores, y el Presidente de la República, cada uno de ellos en el ámbito de su competencia. Si la responsabilidad no rebasa el ámbito municipal la responsabilidad es del Presidente del Ayuntamiento; si la responsabilidad rebasa el ámbito municipal pero no excede al ámbito estatal la responsabilidad es del Gobernador del estado; si la responsabilidad excede el ámbito estatal entonces es del Presidente de la República. El ámbito correspondiente a cada uno de los tres órdenes de gobierno está establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en las leyes secundarias.

Lo ocurrido en Iguala la noche del 16 al 17 de septiembre de 2014 es responsabilidad del ámbito federal, es decir, del Presidente de la República, ya que no fue sólo un acto de delincuencia común. No fue sólo un acto de delincuencia común, o circunscrito al ámbito municipal.

Lo ocurrido en realidad es producto de un complejo entramado de intereses económicos, políticos, y militares en el que están involucrados la alta burguesía mexicana, el capital financiero internacional, los sectores políticos nacionales, y los aparatos represivos e ideológicos de estado, especialmente, los mediáticos.

La ciencia conoce la relación entre causa y efecto, acción y reacción, por lo que no desvincula los hechos, sino que por el contrario para poder explicarlos necesita encontrar la relación entre ellos. En este proceso podríamos ir tan lejos como el inicio del universo, lo cual nos llevaría al ridículo, o retroceder en la concatenación de los hechos hasta un punto del cual se pudiera considerar comienzan a ser relevantes los actos que se producen. Esto nos lleva inevitablemente, por lo menos, hasta el inicio del proceso electoral de 2012 en que Enrique Peña Nieto, como candidato a la Presidencia de la República nombra como su asesor en materia de seguridad nacional al general colombiano Óscar Naranjo.

¡Vivos se llevaron a los 43, vivos queremos a los 43 de regreso!

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Nota mía: Respetuosamente me permití modificar levemente la estructura del comentario de ‘Aprendiz(7:15)’ a la nota Identifican peritos a uno de los normalistas desaparecidos del 071214 de Blanche Petrich, Gustavo Castillo, Rubicela Morelos y Sergio Ocampo Reporteros y corresponsales de La Jornada con la exclusiva finalidad de facilitar su lectura en el formato de Odiseo. Alfredo Macías Narro.