Evolución (sic por ‘evaluación’) formativa; necesidad atendible, derecho exigible

Evolución (sic por ‘Evaluación) formativa; necesidad atendible, derecho exigible

• Imagen de archivo. Manuel Pérez Rocha.
• Cortesía de La Jornada.

Manuel Pérez Rocha

La Jornada/030414.

Toda evaluación (por supuesto excepto las autoevaluaciones) implica una problemática y delicada relación entre el evaluador y los evaluados, relación complicada no sólo con retos técnicos, sino principalmente con definiciones filosóficas y políticas, y la presencia de explicables y agudos factores emocionales de ambos actores. Esta relación y los frutos de la evaluación dependen, entre otros elementos, de los fines perseguidos por el evaluador y de la forma como los percibe el evaluado. Los gobiernos del PRI y del PAN, y sus asesores de la OCDE y Televisa/’Mexicanos Primero’, han concebido la evaluación como un espacio de control de sus empleados los maestros, y un instrumento para castigar a quienes son considerados incompetentes.

Los responsables de dirigir la educación pública del país en esos gobiernos han hecho múltiples declaraciones explícitas acerca de esa función punitiva de la evaluación; las reformas legales impuestas ilegalmente son lamentables pasos para poner en práctica sus aberrantes políticas, no obstante los nuevos discursos de la SEP plagados de oportunistas zalamerías a los maestros. No puede, pues, extrañar la reacción del magisterio –no sólo el coordinado por la CNTE, sino múltiples sectores de este gremio en todo el país– en contra no de la evaluación como tal, sino en contra de un proyecto de evaluación caracterizado por su debilidad técnica, su arbitrariedad e incluso ilegalidad.

El conflicto sigue vivo y de manera heroica muchos maestros siguen combatiendo las inaceptables e ilegales reformas legales. En estas circunstancias no se puede desatender la postura manifestada por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación por boca de su presidente la maestra Sylvia Schemlkes en reiteradas declaraciones recientes.

En primer lugar, ha insistido en definir a la evaluación como herramienta para conducir la mejora de la educación. Por supuesto, este debe ser el objetivo principalísimo, pero para enfrentar las reacciones negativas en contra de esta atinada definición –sin duda insatisfactoria para quienes se obsesionan con la expedición de certificados y la rendición de cuentas–, debe reconocerse la necesidad de otras evaluaciones en las cuales se sustenten esas funciones administrativas (certificación y rendición de cuentas).

Otro concepto del INEE digno de atención se refiere a las funciones de este instituto: Ha declarado la maestra Schmelkes;

Este organismo debe ser visto como una instancia de la sociedad civil para vigilar la actuación del Estado en materia educativa.

Con razón el doctor Carlos Ornelas, reconocido especialista en educación, se pregunta;

“¿Un organismo del Estado (el INEE) puede ser considerado como una instancia de la sociedad civil?

Al margen de definiciones formales, la duda es válida, pues este nuevo instituto ha sido dotado de un consejo social en el cual tienen preponderancia (término de moda) fuertes intereses corporativos con artimaña disfrazados de sociedad civil. Ejemplo: En esa posición están la Confederación Patronal de la República Mexicana (la celebérrima Coparmex) y Televisa/’Mexicanos Primero’.

La inclusión de estos dos fuertes intereses políticos y económicos en el consejo del INEE es, sin duda, ilegítima pues, conforme un requisito estatutario del propio INEE para la conformación de ese cuerpo colegiado, sus miembros deben haber demostrado un compromiso con la educación nacional.

• ¿Es este el caso de la Coparmex?
• ¿Acaso no conocen sus históricos embates a la educación pública mexicana?
• ¿Cumple este requisito Televisa?
• ¿Cómo es posible que a estos intereses económicos y políticos se les haya dado más importancia que al Consejo Mexicano de Investigación Educativa (el CoMIE), agrupación de cientos de prestigiados investigadores de estos temas y cuyo trabajo institucional, académico, es de reconocido valor?

Otro concepto expresado por la presidenta del INEE, causa de justificado interés, es la tesis de que la evaluación de los profesores debe ser vista como un derecho.

Concepto opuesto al impulsado por la SEP, Televisa/’Mexicano Primero’, y la OCDE: la evaluación como un instrumento de control.

La evaluación de los estudiantes, concebida como instrumento de control y discriminación, de manera mecánica se trasladó al ámbito de la evaluación de los maestros, quienes pasaron a ser una especie de escolapios adultos. La propuesta del INEE tiene fundamento sólido pues la tarea de los maestros se vuelve crecientemente compleja, y la evaluación bien concebida y realizada se convierte en un apoyo esencial para el cumplimiento de su delicada tarea. Para los maestros, una evaluación diagnóstica y formativa de sus conocimientos, de su preparación y de su desempeño es una necesidad; es una necesidad no sólo profesional sino personal, atendible, y por tanto es un derecho.

También la evaluación de los estudiantes debe ser concebida como un derecho exigible puesto que es una necesidad atendible. Hace casi 10 años este concepto quedó plasmado en la Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. El artículo sexto de esta ley dice:

“VI. Todos los estudiantes tendrán derecho a que, a lo largo de sus estudios, se les practiquen las evaluaciones diagnósticas y formativas necesarias para que conozcan sus avances y carencias, y puedan llevar a cabo las acciones indispensables para lograr los objetivos académicos que se propongan. Los resultados de estas evaluaciones no podrán ser usados para restringir sus derechos, ni los estudiantes podrán usarlos para exigir certificaciones en condiciones distintas a las establecidas en el artículo 14 de esta ley y en los estatutos y reglamentos correspondientes”. (véase la congruencia en ese artículo 14).

La discrepancia en las formas en que se conciben las funciones de la evaluación en los dos órganos cúspide del Estado mexicano en materia educativa evidencia los graves problemas causados por el abuso político del gobierno de Peña Nieto con la mal llamada reforma educativa.

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Nota mía: Respetuosamente me permití modificar levemente la estructura del artículo de Manuel Pérez Rocha, con la exclusiva finalidad de facilitar su lectura en el formato de Odiseo. Alfredo Macías Narro.