Chile: El lucro en las universidades

Informe sobre educación superior

19/3/2008 – Chile – El Mostrador
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En una dura encrucijada pondrá el Consejo Asesor de Educación Superior a la Presidenta Michelle Bachelet, pues el informe final, que se entregaría el próximo jueves 20 de marzo, no dirime la polémica del lucro en las universidades, sino que deja la papa caliente en manos de la Mandataria.
La más polémica de las discusiones al interior del consejo no logró unanimidad, pero las votaciones a favor no tuvieron un aplastante resultado -16 a favor, 11 en contra y una abstención– por lo que se acordó presentar dos propuestas.
La postura que valida el lucro en las universidades apunta a “sincerarlo”, siempre y cuando existan normativas que consignen una inversión en educación y mayor fiscalización en la rendición pública de los dineros. Paralelamente, se exige que las instituciones por ley deban informar si son o no con fines de lucro, para que así los estudiantes puedan decidir. La idea es quebrar la asimetría de información en el sector.
En tanto, la visión que lo rechaza se sustenta en que la educación es un recurso público y por lo tanto no se puede obtener dinero a través de ella. En este marco, exigen que se mantenga la norma actual, pero que se intensifiquen las sanciones y el sistema legal para que no se continúe negociando, tal como muchas casas de estudio lo hacen hoy sin ningún tipo de sanción.
Los mayores defensores del lucro, fueron el ex rector de la Universidad Andrés Bello, Manuel Krauskopf, el rector del Centro de Formación Técnica Duoc UC, Marcelo Von Chrismar y el profesor de la Escuela de Administración de la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC), Matko Koljatic.
Pero además de los representantes de las privadas, también dieron su voto a favor personajes como el rector Pedro Pablo Rosso, de la PUC, y el rector de la Universidad de la Frontera y presidente de las Universidades Regionales, Sergio Bravo. También la aprobaron el rector de la Universidad Técnica Santa María, José Rodríguez, el de la Universidad de Santiago de Chile (Usach), Juan Zolezzi y el de la Universidad Técnica Federico Santa María, José Rodríguez.
Los que se opusieron a admitir el lucro, fueron básicamente los 7 representantes de los estudiantes, junto al rector de la Universidad de Chile, Víctor Pérez, el secretario ejecutivo del Mineduc, Julio Castro y la representante de los funcionarios de universidades estatales, Myriam Barahona. La única abstención la protagonizó el rector de la Universidad Alberto Hurtado, Fernando Montes.
Peña: el conciliador
Durante los 11 meses en que el consejo se reunió periódicamente los lunes en una sede de la UC, el presidente de la instancia y rector de la Universidad Diego Portales, Carlos Peña, marcó un claro liderazgo “conciliador”.
Así lo describe uno de los participantes del grupo, que asegura que “no hablaba demasiado, más bien recopilaba todo, pero tuvo mucha incidencia en las discusiones, porque ordenaba las sesiones. Mal que mal había muchos intereses creados dentro”.
Su fórmula se centró en hacerse cargo de la discusión sólo cuando el tema se ponía demasiado complicado, ampliándolo para la siguiente sesión y dando su opinión primero, la que finalmente era acatada por la mayoría.
La misma fuente asegura que hubo bastante ausentismo a las reuniones por parte de algunos de sus integrantes, como en el caso de Pérez, Krauskopf, el profesor investigador de la Universidad Andrés Bello, Andrés Bernasconi y la académica de la PUC Sol Serrano.
Acreditarse o no acreditarse
Otro de los temas donde no hubo una unanimidad fue en lo de la acreditación. Finalmente se acordó que todas las universidades que se definan con carácter público deberán acreditarse, pero no sólo en cuánto instituciones, sino como programas de formación. Así, no sólo medicina y pedagogía serán carreras que deban aprobar este trámite. En tanto, las entidades sin carácter público que no se acrediten deberán explicitarlo en su publicidad.
En cuanto al rol de las universidades estatales se acordó unánimemente un trato preferencial para ellas, lo que se abordaría básicamente inyectando más recursos en manejos de crisis.
Además se impulsará que las juntas directivas, en su rol de representantes del Gobierno, sean activas dentro del proceso de toma de decisiones, lo que no ocurre hoy.
Un punto a favor de los estudiantes, es que tanto los institutos profesionales (IP), los centros de formación técnica (CFT) y las universidades, tendrán que fomentar las organizaciones estudiantiles. Por eso se aconseja derogar el código 45 de la LOCE que restringe las organizaciones para los estudiantes en las instituciones privadas.
El Cruch y otras lides
En cuanto a la supuesta eliminación del Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (Cruch), la versión desde el interior del consejo es que jamás se planteó que desapareciera, sino que se barajaron fórmulas para darle más fuerza a las 36 entidades que quedan fuera. Por eso, se decidió que el organismo continuará con sus mismas atribuciones, pero se dejará la opción a las entidades para organizarse libremente, sin que el Estado tenga incidencia.
Y a pesar de que no se explicitan mecanismos de acceso de las instituciones privadas a los recursos públicos y otras ventajas que actualmente favorecen a las instituciones del CRUCH, este podría ser un primer paso para que a la larga puedan obtenerlos, ya que actuando en bloque tendrán más poder de presión para exigir aporte fiscal.
Aunque hubo discusión básicamente porque algunos – como Krauskropf – argumentaban que el organismo tenía muchos privilegios y algunas universidades ni siquiera deberían ser miembros, la decisión se aprobó por unanimidad.
AFD: más desarrollo, menos antigüedad
El financiamiento también tuvo un rol protagónico. De esta forma, el aporte fiscal indirecto (AFI), se consideró como “regresivo”, ya que las instituciones que lo reciben mayoritariamente tienen mayores recursos. Por eso, se definió que cambiará de nombre y se entregará como “premio” a aquellos centros educacionales que capten estudiantes de menores ingresos.
En cuanto al aporte fiscal directo (AFD), que se entrega sólo a los miembros del Cruch, se plantea cambiar el parámetro que entrega 95 por ciento de recursos por criterio histórico y 5 por ciento por desarrollo anual, dándole mayor peso al desarrollo, lo que iría en directa protección de las universidades regionales. Los únicos votos en contra de esta propuesta fueron los de Rosso y Pérez.