‘Vuelos de la Muerte’; la investigación faltante

Complicidades, ocultamiento y omisiones deliberadas en el caso de la desaparición de los 43 jóvenes estudiantes normalistas de Ayotzinapa, campean por sus fueros en todas las instancias supuestamente encargadas de investigar y resolver este, según todos los indicios, sangriento crimen de Estado.

• No estamos todos… Nos faltan 43-
• Autor desconocido.

De acuerdo con Carlos Fazio (‘Sobre el Ifai y el 27 batallón de Iguala’; La Jornada/160315)

“La presunta participación de militares en actividad o retiro en los hechos de Iguala está documentada en los expedientes del caso. Autoridades estatales y federales demostraron la comisión de delitos por policías municipales de Iguala y Cocula. Entre 2011 y 2014 los jefes de policía de Cocula eran militares retirados: El teniente Tomás Bibiano Gallegos (ejecutado) y el mayor Salvador Bravo Bárcenas. Ambos fueron recomendados por el general de división Alejandro Saavedra, comandante de la 35 Zona Militar con sede en Chilpancingo. Un tercer ex militar, César Nava, era subdirector de seguridad pública de ese ayuntamiento y está señalado como uno de los principales operadores en la desaparición de los normalistas. Otros tres ex policías con pasado militar: Honorio Antúnez, Ignacio Hidalgo Segura y Wilber Barrios, también presos, prestaron servicio en el 27 batallón de Iguala o en la 35 Zona Militar”.

“En un nuevo pronunciamiento, el 11 de marzo (de 2015), el IFAI ordenó a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) entregar toda la documentación relacionada con las actividades realizadas por el 27 batallón de infantería del Ejército, con sede en Iguala, entre los días 25 y 30 de septiembre de 2014, aduciendo que la desaparición de los 43 estudiantes es un caso de interés público por la grave violación de derechos humanos que entraña y el involucramiento de autoridades de seguridad pública en ellos”.

De acuerdo con Carlos Fazio (‘Batallón 27; ¡Investigarlo ya!’; La Jornada/030815.) 

“Documentos desclasificados en virtud de la Ley de Transparencia demuestran que el Ejército conoció en tiempo real los ataques a los estudiantes y no hizo nada para evitarlos. Un reporte entregado por la Sedena a ‘Proceso’ señala que aproximadamente a las 22:30 horas arribaron al lugar “tres patrullas (…) de las que bajaron policías vestidos de negro, encapuchados, los cuales les dijeron a los estudiantes que se bajaran…”

En una edición posterior la revista reveló que los policías encapuchados formaban parte del grupo de élite ‘Los Bélicos’, integrado por policías municipales de Iguala y civiles vinculados con ‘Guerreros unidos’, misteriosamente tolerado por los mandos del 27 batallón. El grupo operaba como una fuerza de acción inmediata y utilizaba un uniforme camuflado gris, similar al del Ejército, pero cuando salían a sus operativos iban encapuchados y vestidos de negro, portando armas de alto poder” (…) 

Los reportes iban dirigidos a la 35 Zona Militar y estaban firmados por el coronel Rodríguez Pérez. Otro mando citado en los reportes era el capitán José Martínez Crespo, quien al mando de la Fuerza de Reacción del 27 batallón patrulló toda la noche y estuvo presente en los hospitales General y Cristina”.

De la Comisión de la Verdad…

De acuerdo con Pedro Salmerón Sanginés (“Guerrero; el miedo a la verdad”; La Jornada/050515).

“En su presentación como candidato al gobierno de Guerrero, en agosto de 2010, Ángel Aguirre Rivero presentó un decálogo de compromisos. El décimo decía: “Propondremos la revisión de aquellos casos de presos de conciencia y desaparecidos políticos que así se requiera” (sic). 

“… la presión social lo obligó (a Ángel Aguirre Rivero) a cumplirla parcialmente y en abril de 2012, luego de medio año de discusiones, el Congreso local tomó protesta a la ‘Comisión de la Verdad’, integrada por José Enrique González Ruiz, Pilar Noriega, Nicomedes Fuentes y Arquímedes Morales Carranza”.

“Desde sus orígenes, la comisión fue sistemáticamente agredida por caciques locales e incluso por fuerzas federales, a ciencia y paciencia del gobernador. Contra viento y marea, los comisionados y su equipo de investigación revisaron los documentos del Archivo General de la Nación (aunque en un principio se los negaron y luego les hicieron perdedizos numerosos documentos), buscaron otras fuentes, entrevistaron a supervivientes y familiares de las víctimas (sorteando amenazas veladas y directas) y recorrieron todo el estado y contra viento y marea, en octubre de 2014 entregaron su informe. En él documentan caso por caso, a veces de manera exhaustiva, la ejecución sumaria de 19 personas; la desaparición forzada de 239; la desaparición forzada transitoria de otras 209 (de las que 16 eran mujeres, al menos cuatro de las cuales fueron violadas). También informaron de otros 118 casos de presunta desaparición forzada que no pudo documentar directamente, pero de los cuales obtuvo información”.

“Las conclusiones son contundentes: Corresponde al Estado mexicano la responsabilidad de las violaciones a los derechos de las víctimas (también es abrumadora y aterradora la documentación que demuestra dicha responsabilidad). Por tanto, está obligado a resarcir el daño, para lo cual la comisión hace una serie de señalamientos fundados en los estándares internacionales. Asimismo, la comisión dirigió una serie de recomendaciones a los poderes federal y local, relativos a la justicia integral, la reparación del daño y una serie de medidas preventivas para impedir la repetición de atrocidades similares o peores… como el que apenas dos semanas antes había ocurrido en Iguala, con la desaparición –con la participación directa de agentes del estado– de los 43 normalistas de Ayotzinapa”.

Aquí el informe: http://congresogro.gob.mx/files/InformeFinalCOMVERDAD.pdf

Antecedentes históricos de ‘Vuelos de la muerte’ en Guerrero

Gloria Leticia Díaz. 21 de abril de 2012

Revista PROCESO (No. 1851)/Reportaje especial. 

“… Cuatro días después de que el Congreso guerrerense instaló la Comisión de la Verdad con el propósito de indagar los crímenes de la guerra sucia, el viernes 20 (abril de 2012) fue ejecutado en la Ciudad de México el general Mario Arturo Acosta Chaparro Escapite. Su nombre quedó inevitablemente asociado a la tortura, la desaparición forzada de cientos de luchadores sociales y aun a las muertes no aclaradas de la guerra sucia.

Su accionar en Guerrero durante los gobiernos de Rubén Figueroa Figueroa (1975-1981) y del hijo de éste, Rubén Figueroa Alcocer (1993-1999), lo marcaron de manera indeleble. En el sexenio foxista fue uno de los militares sometidos a indagatoria por la Fiscalía Especial de Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp), que integró una averiguación previa contra él, el general Humberto Quirós Hermosillo y el entonces capitán Francisco Javier Barquín por su participación en la tortura y asesinato de 143 personas.

El caso fue remitido al fuero militar y durante las audiencias se citó a declarar en calidad de testigos a por lo menos 10 militares, entre ellos Gustavo Tarín Chávez, quien aseguró que entre 1975 y 1979 trabajó como subalterno de Acosta Chaparro.

Durante ese periodo se realizaron mil 500 detenciones en puestos de control instalados por el Ejército en caminos y carreteras de Guerrero. Algunos de los detenidos fueron trasladados a la Base Aérea Militar de Pie de la Cuesta. Barquín se encargaba de registrar sus nombres en un libro de “pastas negras”, según testigos.

Como parte de ese proceso, sostienen las versiones, Quirós Hermosillo y Acosta escogían a los detenidos y los sentaban en una silla para sacarles “la foto del recuerdo”. Luego les disparaban en la nuca con una pistola calibre .380 a la que Quirós nombró “la espada justiciera”. Los cadáveres eran metidos en bolsas de lona que se subían a un avión Arava del entonces Escuadrón 301 para lanzarlos al mar durante vuelos exprofeso.

Según Tarín Chávez, Acosta Chaparro ejecutó personalmente a unas 200 personas, “por supuesto con la autorización del general Quirós Hermosillo”. (Revista PROCESO (No. 1356). 

Revista PROCESO (No.? )/Redacción. 15 de noviembre de 2002 

(www.proceso.com.mx/?p=246569) 

“… como parte del juicio han declarado en calidad de testigos algunos militares como el general Bernardo Huicochea, el subteniente auxiliar Luis Blanco, el teniente Apolinar Cevallos y el teniente Margarito Monroy, quien acusa directamente a Quiros Hermosillo y a Acosta Chaparro de haber desaparecido a presuntos guerrilleros de la época. Monroy Candia, mecánico del avión Avara (sic por Arava) de la Fuerza Aérea Mexicana (FAM), ratificó el 6 de noviembre ante la Procuraduría de Justicia Militar sus acusaciones en contra de Acosta Chaparro y Quirós Hermosillo:

“Yo vi cómo los mataban”, aseguró Candia en su testimonio asentado en el expediente SC/034/2000/IV/1-E BIS, junto con el de otros tres testigos más Aseguró que entre 1975 y 1979 se realizaron 33 vuelos “de la muerte”, comandados por los exgenerales, en los que lanzaron al mar a poco más de 200 cuerpos de presuntos guerrilleros”.

En virtud de las pruebas de las acciones criminales de los militares inculpados, se deben buscar indicios de la existencia de ‘vuelos de la muerte’, al estilo de la ‘guerra sucia’ de la Operación Cóndor sudamericana durante la ‘Guerra Sucia’ de los años 70 (arrojar a las víctimas al mar para asegurar su desaparición).

Lo anterior, toda vez que en la zona existen instalaciones aéreas y navales, hacia las que no se ha prestado atención en las líneas de investigación seguidas hasta ahora.

Para comprender mejor las implicaciones y consecuencias de esta hipótesis, basta con recordar que, en la investigación abierta contra los nefastos generales Arturo Acosta Chaparro, acusado en el año 2002 del asesinato de 143 personas (señalados por el mando como presuntos guerrilleros) y Francisco Quirós Hermosillo asimismo procesado como coautor de estos actos criminales y ambos, por nexos probados con el narcotráfico. Se contó con los invaluables testimonios de tripulaciones aéreas, que declararon la realización de 33 o más ‘vuelos de la muerte’ operando desde la Base Aérea Militar No. 7 de pie de la Cuesta, en al menos un avión IAI-201 ‘Arava’, de la Fuerza Aérea Mexicana.

Habida cuenta de tales antecedentes, me parece lógico realizar indagaciones sobre esta línea de pensamiento, ya que:

1) Es la misma Zona Militar No. 27 la que se encuentra en el ojo del huracán; fue el centro de comando en los años 70 y todo apunta a que lo siguió siendo en el ataque y asesinato de 6 personas ese 26 de septiembre de 2014, así como en la desaparición de los 43 normalistas; sea por acción, sea por omisión.

2) Si en los años 70, con las limitaciones tecnológicas y logística de la época el ejército fue capaz de desaparecer a cerca de 200 personas, con el monstruoso recurso de arrojarlas al mar, en los atroces ‘vuelos de la muerte’ ¿Habrá algo que les impidiese volverlo a hacer, con mayor “eficiencia”, sigilo y rapidez en septiembre de 2014? La aviación militar cuenta con aeronaves que tienen la capacidad de realizar esta macabra tarea en un solo vuelo.

3) Si a esto le añadimos la desmesura del actuar de la SEMAR y su agresiva postura antipopular ¿No será válido aventurar la idea de que pudiesen haber efectuado una ‘Travesía de la muerte’ también? Un escenario posible para la indagatoria correspondiente sería este: Por la noche pudieron llevar los cadáveres y embalarlos cajas de madera, tal etiquetadas vagamente como ‘Refacciones’ o algo por el estilo en algún lejano y oscuro punto de almacenaje de la Base Naval de Icacos, sede de la VIII Región Naval Militar, en el puerto de Acapulco y zarpar en un corto viaje mar adentro y arrojar los cuerpos al mar, quizá lastrados como se hacía antaño con la muerte de algún marino en alta mar.  

Si las fuerzas armadas son inocentes (y sinceramente desearía que así fuera) por la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, deben apresurarse a colaborar; su credibilidad y su honor están de por medio.

El autor