La reforma educativa; una reaccionaria reforma laboral político-ideológica

La reforma educativa; una reaccionaria reforma laboral político-ideológica

• ​Imagen. 6° Encuentro Nacional del Magisterio Democrático.
• CEND del SNTE.

Alfredo Macías Narro/Irapuato

090316.

En un sistema político-económico como el nuestro, la actividad educativa en su conjunto, conlleva, en sus fines, usos sociales, al tiempo que posee intenciones políticas determinadas desde el poder y en su beneficio fundamental, es decir, se concibe y maneja al sistema educativo como un gran aparato de control social, al servicio de las clases dominantes.

La caracterización del sistema educativo, es una determinación ideológica, misma que se manifiesta de diversas maneras, entre las que se destacan la selectividad social, la desigualdad de oportunidades y las desiguales relaciones pedagógicas. La primera, se hace patente al condicionar, no sólo el acceso del estudiante a la escuela, sino también su permanencia en ella, a su estado socioeconómico. 

La actual ‘reforma’ actúa a contramarcha de lo postulado por el Art. 3° constitucional plasmado en la Carta Magna de 1917; esto es, se constituye como una auténtica contrarreforma, un alegato por demás retrógrado, que destruye sin miramientos el pacto social emanado de la revolución mexicana, equiparable solamente con la desquiciada y cruda visión neoliberal del salinato que, con torcida acción desmadejó el artículo 27° constitucional y puso a disposición del capital las tierras de propiedad colectiva, es decir, los terrenos comunales y los ejidales, mismos que fueron la gran aportación del zapatismo a la causa popular revolucionaria.

Se trata también de una acción autoritaria y restrictiva, que se realiza de espaldas a la sociedad y sin haber tomado en cuenta a quienes sostienen el sistema educativo nacional: el magisterio y los padres de familia. Tampoco se pidió la opinión de expertos en universidades y centros de investigación, y en instituciones del ramo, como la Universidad Pedagógica Nacional y el sistema de escuelas normales. En suma, se quebranta el derecho a una consulta previa, libre e informada.

Esta iniciativa no se origina en los poderes constituidos: no surge del Constituyente permanente o del Poder Ejecutivo federal, sino se concibe en poderes fácticos de carácter empresarial que pretenden la privatización y mercantilización de la enseñanza y el control ideológico y político de los educandos y que se encubren en organismos como ‘Mexicanos Primero’. Para lograr este propósito, estos poderes fácticos sostienen una campaña permanente de satanización y criminalización del magisterio y de sus organizaciones sindicales de carácter democrático. Los legisladores del Congreso de la Unión, por su parte, actuaron como empleados de una ventanilla de trámite de esos poderes fácticos y del Ejecutivo federal, introduciendo la jerigonza neoliberal que engloba conceptos tales como calidad, eficiencia, competencia, mejora continua, evaluación, etcétera, provenientes del mundo corporativo trasnacional.

Se trata, en realidad, de una reforma laboral-administrativa contraria al Art. 123 constitucional, que pretende desmantelar retroactiva e inconstitucionalmente los derechos adquiridos por el gremio magisterial durante décadas, afectando su permanencia en el empleo, sus salarios y condiciones de trabajo y jubilación, así como los procesos de escalafón e ingreso. Somete a los maestros a un régimen de excepción y busca despedir a miles de ellos, precarizar aún más el trabajo magisterial, romper sus estructuras gremiales, especialmente las democráticas, introducir la competencia entre pares y el darwinismo social, acabar con la ayuda mutua y la solidaridad, incrementar la jerarquización y el manejo discrecional del personal en todos los niveles y estructuras, sin resolver, por otro lado, los problemas de rezago educativo, analfabetismo, falta de equidad, las escuelas multimodales y las graves carencias en la infraestructura escolar.

Se rompe con la gratuidad de la educación con la validación de las cuotas, y se pretende, con supuestas atribuciones de autonomía y gestión escolar, poner la carga económica sobre la sociedad y los padres de familia. Al mismo tiempo que el Estado se sustrae de sus obligaciones constitucionales, obliga al sistema educativo a depender de financiamientos externos espurios que pudieran tomar el control de las escuelas públicas, administradas en los hechos por la iniciativa privada e, incluso, por asociaciones religiosas o de otra naturaleza, todo lo cual pretende acabar con los candados de una educación pública, laica y gratuita.

No nos hagamos ilusiones vanas; esta reforma laboral, apenas embozada de educativa tiene un mar de fondo, desde décadas atrás.

En el caso del magisterio, la subordinación ciega y acrítica es una condición ‘sine qua non’ de la burguesía criolla para controlar a su gusto y de acuerdo con los intereses de las grandes corporaciones internacionales de poder; esto es justamente el neoliberalismo en su más cruda expresión. 

En lo tocante a las relaciones pedagógicas, esta situación, aunque, obviamente afecta a todos los tipos y modalidades educativas, es particularmente perceptible en el caso de la educación profesional y tecnológica (media superior y superior), en que se busca no el bienestar de la persona, sino el aporte que, una vez calificado, hará al “sector productivo” (léase a los medios de producción en manos de las clases dominantes) y a la “economía del país” (léase a la apropiación del valor del trabajo de las clases dominadas, por parte de los primeros).

La reforma, por descansar en gran parte en el fetiche de una ‘evaluación permanente’, que tiene un carácter punitivo, por la estandarización y aplicación de pruebas como la mutante Enlace/PLANEA y PISA, violenta el carácter plurilingüe, pluricultural y pluriétnico de la nación mexicana, además de hacer caso omiso de las diferencias sociales, económicas y de condiciones de vida y entornos familiares de los educandos y de los propios maestros. En consecuencia, es una reforma profundamente discriminatoria, racista y clasista, que violenta la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y los artículos 1° y 2° de la Constitución.

La realidad observada en nuestras naciones y, particularmente en México, nos lleva a plantear asimismo que hace falta el involucramiento y participación activa de todos los actores sociales que intervienen en la educación, para conseguir un resultado visible y efectivo. Esto adquiere particular relevancia en las naciones en las que aún priva la verticalidad y la exclusión en la toma de decisiones, comenzando por la evidente y deliberada selectividad y parcialidad en la difusión de la información relevante y oportuna para las tareas educativas, presentes y futuras que debe emprender.

La concatenación de los factores expuestos con anterioridad, confluye en un punto nodal para las tareas cotidianas del docente y este es el aspecto de la libertad académica.

En efecto, resultaría incompleto e incongruente, hablar de que las grandes oportunidades de cambio de estructuras no pueden ser realizadas sin el concurso de los docentes y proceder, acto seguido, a colgarles del cuello la enorme piedra de molino de ser los “agentes de cambio” en abstracto, sin establecer los canales de participación de los docentes y garantizar las condiciones para que puedan operar

[1] El CEART abunda sobre el particular, al recordar que el concepto de Libertad Académica está definido en el artículo 27 de la Recomendación UNESCO 1997, misma que abarca y debe garantizar los siguientes derechos:

• La libertad de enseñar y debatir sin verse limitado por doctrinas instituidas.
• La libertad de llevar a cabo investigaciones y difundir y publicar los resultados de las mismas.
• La libertad de expresar libremente su opinión sobre la institución o el sistema en que trabaja.
• La libertad ante la censura institucional.
• La libertad de participar en órganos profesionales u organizaciones académicas representativas.
• La libertad de ejercer sus funciones sin sufrir discriminación alguna y sin temor a represión por parte del Estado o de cualquier otra instancia.

El magisterio democrático no pretende enfrentar la reforma sin ofrecer alternativas. La prueba de esta disposición propositiva son los propios foros, en los cuales se hacen propuestas para una reforma educativa que realmente encare los grandes y graves problemas del sistema educativo.

Se propone una educación humanista, no clasista, creadora, participativa, solidaria, Para ello, se ha abierto el debate a la sociedad, con un sentido crítico y autocrítico, que tome en cuenta las actitudes de negligencia, falta de compromiso, corrupción y ausencia de ética profesional de muchos maestros, a partir de las cuales se estigmatiza a todo el gremio. 

La CNTE y el CEND/SNTE han confluido, en casi todas las Secciones, en la propuesta de tres rutas para abrogar la contrarreforma: La política, la jurídica y la pedagógica, con la participación protagónica de la base trabajadora de la educación, los padres de familia, los estudiantes y la sociedad en su conjunto.[2]

Tenemos conciencia de que una educación alternativa requiere de un proyecto de nación también alternativo.

“No puede haber una buena educación en una mala sociedad”

Julio Barreiro.