Hacia una verdadera reforma educativa del nivel medio superior

Hacia una verdadera reforma educativa del nivel medio superior

Alfredo Macías Narro       

Septiembre del 2006/actualizado en marzo del 2014.

Causas y referentes

En fechas recientes, nuevamente, vemos a gran número de profesores, en particular los integrantes y simpatizantes, de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE), realizando movilizaciones, actos de protesta y acciones de resistencia, de diversa índole y en diferentes tonos, por las calles de varias ciudades del país; orientadas todas sin embargo hacia la meta común que es frenar las reformas estructurales que el gobierno peñista ha impuesto a rajatabla, tanto en la esfera educativa, como en la laboral.

Los antecedentes inmediatos del movimiento del magisterio, se pueden entender como parte del desengaño generalizado, tanto de aquellos cegados por el espejismo del “cambio”, como de los promotores del “voto útil” de la moribunda administración foxista (año 2006). La realidad demuestra de manera fría e incontrovertible que la estructura vertical, autoritaria y apegada al poder de la dirigencia magisterial, permanece incólume. La cuasi permanente exclusión (de manera por demás vergonzante), de amplios sectores del profesorado discrepantes y aún contrarios al modelo clientelar y corporativo del sindicalismo pro-oficialista.

Es momento de reflexión profunda, crítica y consciente para el magisterio de base (en su conjunto), con la finalidad de explorar alternativas políticas y revisar tácticas de lucha que le permitan, sin dejar a un lado sus demandas (por demás justas) inmediatas de mejoría en su condición laboral, configurar una estrategia efectiva de apropiación y conducción de sus propios procesos (reconocidos y reconocibles) de organización y producción socialmente útiles y legitimados para y por sus respectivas comunidades aledañas, es decir, insertándose más profundamente en su correspondiente tejido social. Para ello, también es menester establecer un modelo de organización gremial que incorpore a estudiantes y profesores de las golpeadas Escuelas Normales Rurales.

En este sentido, de la mano del magisterio disidente se han vislumbrado algunos resquicios en el antes monolítico aparato estatal de control social. Por citar sólo un ejemplo, ahí están los inservibles y disfuncionales Consejos de Participación Social a la espera de ser rectificados y puestos en marcha (bien sea por las fuerzas oscurantistas y retrógradas de la reacción, o bien, por las fuerzas democratizadoras de la sociedad civil organizada y, en particular, del magisterio), dependiendo de quién logre visualizar primero la importancia estratégica de estos modos de intervención social y de quién tenga un más agudo sentido de la oportunidad histórica; Los primeros, como parte del esquema de control social del Estado y como la manera de formar cuadros políticos afines a sus intereses de clase, en tanto que para los segundos, es un modo de intervención social liberador, formador de conciencia de clase y, desde luego, la manera más eficaz de construir o reconstruir, desde la perspectiva de la autogestión de las comunidades, nuevas relaciones sociales autónomas en sí y para sí.

Amén de que, con toda certeza, existen muchas opciones políticas dignas de ser puestas en práctica, se deben recordar los antecedentes, quizá, más significativos de la larga lucha magisterial. Estos, los podemos ubicar en torno al periodo cardenista, en el que cristalizó el anhelo de configurar un sistema educativo, cuyo modelo operacional diese respuesta a los principales cuestionamientos de carácter social y económico de su momento, tales como:

“¿Debe la escuela aislarse de su entorno social inmediato o, por el contrario, debe recuperar a través de sus funciones los problemas y vicisitudes que agitan a la comunidad en que se halla enclavada?…¿Es posible una educación neutral desde el punto de vista de los intereses de clase?…¿El saber que la escuela pública transmite puede y debe ser asumido por quien lo recibe como una forma de propiedad individual?…¿Puede la escuela llegar a ser una palanca efectiva en la construcción de una sociedad igualitaria o, por el contrario, se halla inexorablemente condenada a cumplir la función de reproductora de las desigualdades?… He aquí algunas de las interrogantes que suscitó la reforma educativa de 1934 y que continúan teniendo enorme actualidad.” [1]

El efecto que, en 1934, causó en la sociedad mexicana la declaración oficial, que decretaba la implantación de la educación socialista, fundamentalmente, por medio de la reforma al artículo tercero constitucional, fue el punto climático de las fuerzas progresistas del país, particular y especialmente el gremio magisterial, que habían sido marginadas por los vencedores de la revolución encarnados en la persona y figura de Álvaro Obregón, principalmente.

Las metas y objetivos fundamentales de la educación socialista se resumían, en lo tocante a su orientación política, en tres grandes principios rectores:

• Vincular a la escuela con las organizaciones populares y con la lucha social
• Vincular a la escuela con el medio productivo.[2]
• Configurar a la escuela como un medio de propaganda y difusión de la obra de gobierno.[3]

Desde el punto de vista operacional, el gobierno procedió a la creación de centros de instrucción y formación para el magisterio, amén de la fundación de nuevos institutos educativos como el Instituto Politécnico Nacional (cuya finalidad primordial era lograr y consolidar la independencia tecnológica del país) y el sistema de Escuelas Normales Rurales (cuya principal tarea era la de formar maestros rurales en el seno de las propias regiones y comunidades en que prestarían servicio). El gobierno cardenista se preocupó, asimismo, por reorientar el currículo de algunos centros educativos ya existentes, como la Escuela Nacional de Agricultura (hoy Universidad Autónoma de Chapingo) o la Escuela Nacional de Maestros, en el marco de la educación socialista, al tiempo que se propugnó por la creación de centros de educación general y profesional para las comunidades indígenas, con la expresa finalidad de preservar sus valores culturales y tejido social.

Dicho en otros términos, el gobierno cardenista se esforzó en poner en marcha un sistema de educación popular y en depositar en manos del magisterio la responsabilidad de consolidarlo y operarlo a plenitud en todos sus niveles y modalidades.

Aunque la relación entre la profundidad de los logros y la relativa ambivalencia de la retórica cardenista de izquierda pueden ser cuestionables, la huella dejada en el magisterio nacional, gracias a la práctica de procesos educativos diferentes y de gran significación (sobre todo en lo social), así como la tenaz lucha por defender las conquistas históricas obtenidas a sangre y fuego, sigue manifestándose con un gran vigor en los albores del siglo XXI.

Apuntes hacia el futuro inmediato

En fechas recientes, se ha tratado de emprender un proceso más de reforma educativa, la denominada Reforma Integral de la Educación Media Superior (la malhadada RIEMS), en especial aunque no sólo, referido al sector tecnológico. Esta intentona de reforma, corrió con la misma fortuna que sus antecesoras; un fracaso absoluto, por decir lo menos.

Es indudable que, con base en las experiencias del pasado, el proceso de reforma educativa actual emprendida por el peñismo absolutista y soberbio, debe enfocarse no solamente desde la óptica de una ‘adecuación’ o franca desaparición de asignaturas (y de sus respectivos contenidos, desde luego), del replanteamiento retrógrado del quehacer del docente o tratar (generalmente de manera infructuosa y equívoca) dar fomento a una mayor participación de los estudiantes, de manera activa y directa, en el proceso mismo de su aprendizaje y formación, sino plantearse, desde una perspectiva más amplia, de acuerdo con el contexto global actual y de cara a la construcción de un mejor futuro para nuestro país, las vertientes que estarán determinando las opciones viables de reforma educativa, mismas que abarcan de manera conjunta las dimensiones política, económica y social, en los tres órdenes de gobierno: federal, estatal y municipal.

En el aspecto político, no sólo hace falta forjar acuerdos (hoy inexistentes) entre las dependencias e instituciones educativas, las comunidades y el magisterio disidente acerca del proceso de reforma requerido o deseado, sino que es imprescindible renovar el marco de referencia general, en que deberá acotarse la amplitud y flexibilidad de los límites que requerirá un nuevo sistema educativo nacional; en la actualidad, nada más lejos de la realidad, que pensar en algo semejante a un verdadero sistema educativo nacional, es decir, más allá de la retórica oficial, el maquillaje de cifras o las buenas intenciones de algunas personas (morales y físicas). En esta dirección, se hace necesario analizar con verdadera objetividad las posibilidades y las intenciones reales de cambio de todos y cada uno, de los actores involucrados en el proceso educativo, hoy dispersos y actuando cada quién por su lado pero siempre bajo la imposición gubernamental y la represión laboral (y física) a la orden del día.

En la cuestión económica, es indudable que debe analizarse a fondo y con mucha seriedad, las posibilidades de absorción de egresados del nivel medio superior profesional y tecnológico por parte del sector productivo. En este hilo de ideas, es de llamar la atención la marcada “terciarización” de la economía[4], coincidente en la actualidad, con la PEA (Población Económicamente Activa) y el PIB (Producto Interno Bruto). Expresado en otros términos, es necesario establecer nuevos indicadores de demanda de egresados de los niveles medio-superior y superior, así como ampliar los existentes, con el fin de precisar con mayor exactitud la relación Currículo–Demanda, por ejemplo, definiendo, desde y para cada entidad federativa, la prospectiva de su sectorización económica y el grado de participación e impacto de su respectivo sector productivo, en los tres órdenes de gobierno, definiendo, obviamente, el nivel de corresponsabilidad de cada uno en la creación y/o redefinición de la orientación académica y curricular de las opciones educativas pertinentes, suficiente y adecuadas para ellas.

En este sentido, se hace imprescindible luchar por materializar el proceso descentralizador de la educación y, desde luego, de los recursos económicos que por ley les corresponde, hacia los estados y de estos a los municipios. Es un hecho que, en la actualidad, la federación se arroga una desproporcionada parte de los ingresos que, por concepto de impuestos, colectan los municipios y las entidades federativas y les devuelve una proporción injusta, a destiempo y, por si esto fuera poco, llena de “candados” para su aplicación. Es indudable que si esta situación no cambia en muy corto plazo, no estará lejano el día en que, desde los estados, es decir, de los gobiernos estatales, se comience a rechazar la “federalización” de los niveles educativos superiores al básico.

En el ámbito social, el panorama de la educación es más incierto aún. Las cifras indican una marcada preferencia de los jóvenes hacia el bachillerato con finalidad fundamentalmente propedéutica, es decir, como un paso hacia el nivel educativo superior, independientemente del tipo o modalidad educativa en que esté inscrito. Aunado a lo anterior, la demanda educativa superior por parte de los egresados del nivel medio superior, se centra acusadamente en cuatro carreras profesionales tradicionales (Contabilidad, Medicina, Derecho y Administración).

Lo anterior, es un problema añejo y de una enorme complejidad cultural, ya que se relaciona profundamente con cuestiones que son, en realidad, ajenos al sistema educativo; a manera de ejemplo, podemos mencionar la tan arraigada como equivocada creencia en la educación como un factor de movilidad social. Este factor, es decir, la movilidad social, tiene más que ver con las cuestiones económicas, en tanto posibilitadores de la adquisición de “posición” social a través de símbolos físicos de “estatus” y, en este sentido material y utilitario, el poseer un título universitario (entre más “clásico” mejor), entra de manera obvia en la categoría de adquisición de un símbolo. La cuestión de la elección de una opción educativa, en el nivel medio–superior, se refleja de modo evidente en las siguientes cifras:

• Cerca del 90% de la matrícula de la educación media–superior, está inscrita en modalidades propedéuticas o bivalentes y sólo poco más del 10% cursa alguna opción profesional o técnica[5]

De los datos anteriores, no se sabe a ciencia cierta qué proporción de estudiantes inscritos en una opción técnica, la usa con fines propedéuticos, es decir, para continuar con una opción educativa superior convencional.[6]

Por otra parte, de acuerdo con las necesidades del desarrollo tecnológico de nuestro país, se hace necesario reformular y definir las características necesarias (el perfil deseado) del patrimonio intelectual nacional y conciliarlo, tanto con las posibilidades (de toda índole) de desarrollo educativo institucional, como con las legítimas aspiraciones sociales y culturales de una nación pluriétnica, subdesarrollada y sumida en una cada vez más profunda y prolongada crisis económica.

En la esfera de lo técnico, pedagógico y administrativo, se hace necesario incorporar, en el proceso de una reforma educativa legitimada por sus actores, una reorientación de la demanda por áreas del conocimiento y por carreras profesionales, en busca del fortalecimiento de las áreas académicas de Ingeniería y Tecnología y se adecue a las necesidades y posibilidades de los municipios y los estados. Esto, con la obvia finalidad de construir una estructura escolar de base completa, independiente y que se oriente a la inserción real en sus comunidades; ello es un principio básico de la autogestión, tan necesaria para reconstruir el tejido social desde su base misma.

Amén de lo anterior, entre los cambios sustantivos que se hace necesario propiciar y apuntalar se destacan, de manera sobresaliente, la revolución del espacio educativo, así como de los tiempos académicos; esto deberá dar lugar a la gestación de un proceso innovador en el que se proyecten nuevas modalidades de atención a los jóvenes y los adultos, en forma de maneras diferentes de organización y gestión escolar, entre las que destaca la flexibilidad administrativa institucional, para generar y desarrollar nuevas modalidades de atención (abierta, a distancia y mixtas), a fin de que pueda modificarse de fondo la oferta correspondiente al sistema escolarizado tradicional.

En el ámbito pedagógico, es impostergable enfocar el problema de la demanda educativa del nivel medio superior de manera integral; es decir, no sólo debe buscarse la mejora de la matrícula de primer ingreso, sino debe también ponerse atención en la disminución de las tasas actuales de deserción, así como el acortamiento de la duración promedio de los estudios en el sistema escolarizado; lo anterior sin detrimento de la calidad académica. Al mismo tiempo, debe procurarse la flexibilización de los tiempos académicos necesarios para la conclusión de sus estudios en los sistemas semiescolarizados, abiertos y a distancia. Será conveniente, diseñar y establecer cursos remediales, tutorías flexibles, seminarios autogestivos y otros medios de seguimiento académico, tanto curriculares, como cocurriculares, para todos los ingresantes (en cualquiera de las modalidades).

Lo anterior, obedece al sencillo razonamiento seguido en el análisis (somero, necesariamente por razones de extensión y espacio), mismo que nos lleva a concluir que, el componente propedéutico del bachillerato, sigue una lógica eminentemente académica (en lo curricular y operacional), en tanto que la visión mercantilista-utilitarista impuesta por los organismos financieros transnacionales y, por supuesto, desde el gobierno, siguen una lógica de corte empresarial basada en normas de competencia laboral, tanto de carácter genérico, como de tipo específico.

Esta situación es particularmente grave en el bachillerato tecnológico. Al respecto, quizá, deba pensarse en incluir a todos los estudiantes de primer ingreso, en un programa exhaustivo de orientación vocacional y profesional, que permita insertarles de mejor manera en cualquiera de dos líneas académicas (propedéutica y/o profesional) de manera independiente: si desean continuar con estudios de nivel superior, facilitarles el tiempo para la preparación de sus asignaturas y coadyuvar en su facilitación plena, a través de figuras tales como tutorías, cubículos de asesoría y círculos de estudio, entre otros, sin tener que transitar por el componente profesional, lo que aliviaría en buena medida al agudo problema de equipamiento, instrumentación y cupo en los laboratorios y talleres, dejando este para los estudiantes que realmente estén dedicados a estudiar una carrera profesional técnica e insertarse al mundo del trabajo a su egreso.

Habrá que reflexionar profundamente al respecto.

Finalmente, se hace necesario redefinir la pertinencia y relevancia de los aspectos vocacionales y laborales del servicio social en todo el nivel medio superior, con independencia de su modalidad o tipo; es decir, debe ser entendido más bien como un proceso de extensión escolar a lo largo de todo el decurso académico del estudiante en la escuela, así como de las estancias académicas y profesionales, tanto para estudiantes (de todos los niveles académicos), como para los profesores (de todas las áreas del conocimiento); en este sentido, la orientación que deberá privar en todas las opciones, tipos y modalidades educativas de los niveles medio–superior y superior, deberá estructurarse de acuerdo con el grado de integración de cada plantel individual con su entorno social, político, cultural y económico. Esta capacidad de gestión integral, extensiva y abarcante de cada plantel singular, le determinará realmente como una “escuela de calidad” (siguiendo la jerigonza neoliberal).

Esta es la gran oportunidad de conservar y fortalecer los logros de una real reforma que, en grados variables de maduración, se esté en posibilidad de consolidar en cada plantel singular.

Cabe aquí, hacer un recordatorio de las palabras del maestro Julio Boltvinik:

“Una comunidad es pobre, en la medida que pierde el control sobre sus procesos vitales” y la educación, sin duda alguna, es un proceso social vital para cualquier comunidad.

En este hilo de ideas, es un hecho que, en el ámbito de lo social, el peligro de fondo que significa el zapatismo para el régimen, es el hecho de que, al igual que el zapatismo de principios del Siglo XX, más allá del justo reclamo indígena por el reconocimiento pleno a sus derechos fundamentales, a la libre determinación y a la autonomía, el zapatismo del nuevo milenio está construyendo nuevas estructuras sociales que, partiendo de la recomposición del tejido social tradicional, mismo que ha sido sostenido y conservado durante centenares de años, con la incorporación de nuevas formas de convivencia comunal y, sin apartarse de sus estructuras ancestrales originarias, están edificando una sociedad igualitaria desde abajo y prueba de ello, es que se han dado a la tarea de forjar un sistema educativo propio.

Esto demuestra, de manera indirecta, que las nuevas estructuras autonómicas y sus formas autogestivas de gobierno y convivencia social, están lo suficientemente desarrolladas en su concepción y maduras en su concreción como para pasar a la fase de sustentabilidad y reproducción.

Toca pues al magisterio democrático emprender estas innovadoras (y no tan nuevas) tareas; si no es la CNTE ¿Quién lo hará?

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