Formación docente, entre la corrupción y la agonía

Formación docente, entre la corrupción y la agonía

• Cartón con los créditos a la vista.

Lev Moujahid Velázquez Barriga[1]

La Jornada/270816.

El pasado martes 23 de agosto, el periodista Luis Hernández Navarro reveló en su artículo de La Jornada ‘La conexión regia de la reforma educativa’ el verdadero rostro privatizador de esta medida y los jugosos negocios que el empresariado nacional hace a través de los nuevos programas promovidos desde sus socios en el gobierno y la Secretaría de Educación Pública (SEP). Particularmente, se refirió a la formación de profesores como uno de los casos más ejemplares de la complicidad gubernamental con los empresarios, al que quisiera abonar algunas ideas más.

Hasta antes de que Aurelio Nuño presentara la Estrategia nacional de formación continua de profesores de educación básica y media superior, la inversión en este rubro era ínfima, unos 200 millones de pesos anuales, que según el informe presentado por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) en 2015 representaba 361.91 pesos por cada docente de educación básica. En consecuencia, los llamados Centros de Maestros, responsables de la formación continua del magisterio, habían sido abandonados; el mismo informe mostraba que la mitad de ellos no tenían aulas de medios, tampoco contaban con bibliotecas ni salones suficientes, los equipos de trabajo se reducían a 10 personas, entre asesores académicos y de apoyo administrativo, que debían atender alrededor de 267 escuelas; todas estas condiciones por demás precarias para enfrentar la vasta demanda de los docentes.

Repentinamente, en marzo del presente año, el secretario de Educación anunció un aumento mayor al 800 por ciento; es decir, la inversión pasaría a mil 809 millones de pesos para financiar su estrategia de formación, pero las escuelas formadoras de docentes no serían comensales en el banquete presupuestario cuya mesa estaría reservada para las grandes firmas de la economía del conocimiento, efectivamente sin licitaciones, sino a través de invitación expresa del señor Aurelio Nuño a sus amigos y cómplices de la privatización educativa.

Los cálculos monetarios que llevaron al secretario de Educación a tomar esa decisión fueron expuestos por ‘Mexicanos Primero’ en febrero de este año en ‘Prof. Recomendaciones sobre formación inicial y continua de los maestros en México’, donde estimaron que por cada docente regularizado después de la evaluación para la permanencia, obtendrían unos 10 mil pesos de ganancias, para lo cual urgieron a sus socios en la SEP que se favorezca a la brevedad un consorcio de universidades para que trabajen de inmediato una plataforma común en estrecha colaboración con el INEE y la DGFDP (Dirección General de Formación y Desarrollo Profesional).

La exclusión de los convenios millonarios (600 millones por lo menos para un primer paquete de 60 mil maestros) pactados con el Tecnológico de Monterrey para la capacitación de los mentores, a través de cursos precarios, de bajo costo, mala calidad y por Internet, agudiza el proceso de desaparición de las normales, así como de los centros de actualización del magisterio y las universidades pedagógicas nacionales que han sido condenadas a la insolvencia económica y la obsolescencia en la formación inicial de los docentes, toda vez que bajo la consigna ‘cualquiera puede ser maestro’, el énfasis presupuestario será en la capacitación de los no docentes que ingresen al servicio.

Estos convenios cancerígenos han hecho ya estragos profundos en los Centros de Maestros al punto de la agonía. En el caso de Michoacán, que se pudiera tomar como muestra nacional, hace seis meses que la autoridad educativa dejó de pagar luz, teléfono e Internet, de enviar insumos básicos como papelería; en varios de ellos los grupos de trabajo se redujeron a sólo dos personas que deben dar asesoría pedagógica a 6 mil profesores en promedio, a la vez que atienden tareas de carácter administrativo. 

Los mecanismos de corrupción y desvío de recursos a los socios preferentes del gobierno federal para la capacitación docente han hecho tal crisis que las rentas de edificios donde funcionan dejaron de subvencionarse y están a punto de ser echados a la calle; uno de los más indignantes casos es el de la ciudad de Uruapan, donde el Centro de Maestros alberga, con 14 mil volúmenes, la segunda biblioteca de pedagogía y docencia más grande de estas instituciones en todo el estado, pero que corre el riesgo de perderse ante el oscurantismo medieval de los tecnócratas de la educación en México.

A pesar de que la SEP tiene más de un año que ya no presentó trayectos de formación para que pudieran ofertarse a través de los Centros de Maestros, en ellos persiste la necesidad de continuar impulsando proyectos propios partiendo de diagnósticos regionales, aún sin el reconocimiento oficial de sus cursos, talleres y diplomados, sin comisiones avaladas para los asesores académicos, haciendo uso de las escuelas de educación básica después del desahucio de sus aulas y edificios. 

La calidad educativa en la formación de docentes de esta reforma ha significado en los hechos un sello de marca comercial producto de contratos preferenciales a través del consejo administrativo de la SEP, encabezado por Aurelio Nuño, el apagón pedagógico en aras de adquirir competencias administrativas en cursos desechables, la desprofesionalización y el desarraigo de la identidad magisterial, así como el desmantelamiento de las instituciones públicas formadoras de maestros, proceso que sólo podrá revertirse en la medida en que éstos se decidan a recuperar sus espacios e impulsen desde ahí una ruta crítica para la formación de nuevos educadores populares.

Nota mía: Respetuosamente me permití modificar levemente la estructura del artículo de Lev Moujahid Velázquez Barriga, con la exclusiva finalidad de facilitar su lectura en el formato de Odiseo. Alfredo Macías Narro.