Principio de igualdad y los problemas que surgen en el ámbito de la política educativa

Una lectura comparada de las políticas educativas entre España y Venezuela

Ramón Uzcátegui

Escuela de Educación. Universidad Central de Venezuela

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Resumen: Se presenta un breve ensayo donde analizamos el significado de la educación como derecho social, su aparición histórica en la definición de políticas públicas centradas en el desarrollo del ciudadano. En el trabajo se hacen algunas apreciaciones de carácter histórico de las formas concretas como la educación en tanto que derecho social se ensayo en España y Venezuela.

Palabras clave: Igualdad en educación, derecho a la educación, historia de la Educación en Venezuela, educación como derecho social, políticas educativas

Recibido: agosto de 2013; aceptado para su publicación, octubre de 2013

Presentación

Los principio de libertad, igualdad y confraternidad son históricas. Expresa el resultado de una serie de cambios políticos, económicos, culturales y sociales que experimenta Europa desde el siglo XV y cuyas fuerza se liberan con mayor intensidad en lo que históricamente conocemos con Revolución Francesa. En específico, los principio de libertad e igualdad han marcado los límites de un movimiento pendular en la política experimentada por Europa y América a lo largo del siglo XIX, XX y este temprano siglo XXI. Las políticas de libertar e igualdad puesta en sus extremos ha sido el signo de los más variados estilos de hacer política y de determinadas formas de gestión gubernamental y de hacer políticas públicas. Sin embargo, no han sigo pocas las situaciones que en el marco de la coexistencia y el equilibro a lo interno de las naciones, e incluso entre países, el contenido social que encarna los derechos de libertad e igualdad han salido a relucir como formula fundamental para el progreso de los ciudadanos. Así, el paso de los derechos privados a los de carácter público que se sucedieron en tiempos de la Revolución Francesa (Puelles, 2006) hoy día estén presente junto al debate de los derechos sociales de los ciudadanos y la viabilidad del Estado de Bienestar que alguna vez los consagró, y que hoy en el contexto de una crisis mundial, están siendo fuertemente cuestionados y socavados.

La aparición histórica del concepto de ciudadanos está condicionada por el desarrollo de los derechos de los individuos. Tal como señala Puelles (2006) “la Revolución francesa proclamará, no sólo los derechos de determinados franceses, ni siquiera los derechos del hombre francés, sino los correspondientes al hombre y al ciudadano, dando lugar a una nueva categoría de derechos, los derechos políticos subjetivos, ligados a la pura condición de la persona, de carácter abstracto, reconocidos y garantizados por la ley, ley que es ahora fruto de la voluntad de todos, de la voluntad general”. Así los derechos públicos subjetivos se constituyen en principios fundamentales, inalienables a las personas, la libertad y la igualdad son los logros políticos más importantes de la revolución burguesa de finales del siglo XVIII.

El movimiento filosófico de la Ilustración planteó como proyecto político y filosófico las ideas de 1) ofrecer a todos los individuos los medios para atender a todas sus necesidades; 2) asegurar el bienestar (llamado felicidad por los filósofos y políticos del siglo XVIII); 3) conocer y ejercer sus derechos y comprender y cumplir sus deberes; 4) capacitar y cualificar al individuo para el desarrollo de sus capacidades naturales y garantizar la igualdad de hecho entre los ciudadanos. 

Los principios de libertad se plasmarán tiempo después en los textos constitucionales como “libertad negativa” en tanto que no pueden ser transgredidos por el Estado: derecho a la propiedad, a la vida, a la asociación, al contrato y al comercio, elementos característicos del liberalismo del siglo XIX. . Pero también de la Revolución Francesa se derivaran una serie de derechos de igualdad, conocido como “derechos positivos”, que a la luz de los planteamientos de Puelles (2006) representan “el principio democrático, y, con el la participación del ciudadano en la vida pública por medio del sufragio, base de instituto de la representación”. Principios estos que “cuya plenitud de ejercicio, abierta a todos los ciudadanos, tardará casi un siglo en hacerse efectiva en los países europeos” (Puelles, 2006) y si vemos el contexto Americano tendrán su materialización avanzado ya el siglo XX.

Dentro del conjunto de derechos de libertad y derechos de igualdad emergerán una serie de derechos conocidos como “derechos sociales” como principios que median en la ante la posibilidad de brindar condiciones para el desarrollo personal y social. Los derechos sociales son el resultado de múltiples fuerzas históricas de carácter progresista, laborista, sindical, cultural y social surgidas en el siglo XX, la a Revolución Rusa representó en su momento la expresión de ese cambio, como lo fue también la Revolución Mexicana para América Latina. Los derechos sociales se reconocen por primera vez en la Constitución mexicana de Querétaro de 1917. Tal como describe Puelles (2006) “Los derechos sociales, a diferencia de los derechos civiles que se agrupan en torno a la libertad-autonomía, no exigen del Estado un no hacer, un respetar, sino que solicitan del poder público todo lo contrario, una conducta positiva”. Una acción que minimice las desigualdades sociales ofreciendo condiciones para la inclusión y el desarrollo social y persona.

Dentro del universo de derechos que hoy día gozan los ciudadanos en buena parte de las naciones de mundo occidental, la educación representa un derecho social, esto es el derecho que tiene todas las personas a educarse y las garantías que debe ofrecer el Estado para que todas las personas sin distinción de clase tengan acceso, prosecución y egreso de sistema educativo. A expresión más concreta de este principio se manifiesta en el carácter público, gratuito y obligatorio que tiene a educación en muchas naciones de Europa y América. Es un derecho social, porque el Estado no deja a discreción de os individuos y las corporaciones la educación, sino que le da el carácter obligatorio anclado al compromiso estatal de brindar las condiciones para que las personas que estén en posibilidades o no puedan por igual acceder a una educación de calidad conforme los requerimientos y las aspiraciones sociales vigentes en un momento histórico dado.

Así, el principio de igualdad se manifiesta en educación “desde la perspectiva de la educación pública, en la lucha a favor de la escolarización obligatoria y gratuita, pugnando no sólo por extender la educación básica a toda la población, sino también por alargar el número de años de escolaridad y ampliar los conocimientos incluidos en el curriculum” (Puelles, 2006. Negrita y cursiva nuestro). Esta tendencia a reconocer la educación como derecho social se afianza en las políticas educativas ensayadas por muchos países –esencial y fundamentalmente- después de la Segunda Guerra Mundial: “De lo que se trata, en nuestra civilización, es de defender la igualdad básica de hombres y mujeres en tanto que seres humanos, o en otros términos, de evitar, o reducir, la desigualdad social, política y económica fruto del poder, de privilegio, de nacimiento o de la adscripción a una clases social” (Puelles, 2006).

Políticas educativas de igualdad en España y Venezuela

Las políticas de igualdad en educación se han incorporado progresivamente en la mentalidad jurídica y pedagógica española. Rastrear las políticas educativas de igualdad en la historia de la educación española podemos utilizar como criterio de análisis las acciones a favor de la escolarización obligatoria y gratuita, aumento de la escolarización y la ampliación de los contenidos curriculares, estos por citar algunos. 

En España se paso de una escolarización primaria de tres años de duración (Ley Moyano de 1957) a una escolarización de seis años según decreto Real de 1901. El currículo que inicialmente era leer, escribir y contar, para por medio del mismo decreto a un “currículo enciclopédico”. Aunque en general la situación de las políticas de igualdad en España ha sido variable: “La legislación escolar se remonta a finales del siglo XVIII y principios del s. XIX. Durante dos centurias sólo hubo dos intentos de realizar reformas generales de la educación (las de los ministros Moyano, 1857, y Villar Palasí, 1970). Tal como se pregunta Rosa Santamaría (en red):

¿Por qué la igualdad real no se produjo? La explicación a simple vista parece sencilla: en una sociedad en que la propiedad material era el valor más relevante, se consolidó una clase media con numerosos bienes y recursos, teniendo una influencia considerable en el panorama político y económico1 «(...) frente al primado de la voluntad popular —que se expresa en la soberanía nacional— se alza ahora el primado de la inteligencia —sólo los más capaces son los que acceden a la riqueza y, por tanto, ellos son los que deben gobernar—». De este modo se estableció una clara jerarquía: la propiedad implicaba libertad e igualdad, pero nunca a la inversa.

En general, la legislación escolar ha sido muy variable, dependiendo de las alternancias en el poder de gobiernos liberales y conservadores, con breves periodos republicanos y una larguísima dictadura” (Hernández-Beltrán, en red). Con el surgimiento de la Segunda República Española se emprendieron importantes iniciativas a favor del desarrollo de una política de igualdad en educación que rápidamente dio al traste con la llegada de la dictadura, que dómino el escenario político por cuarenta años. La transición democrática de los años `70 en España abrió una era de cambios sustantivos en el sistema escoas español, donde puede evidenciarse en las distintas acciones gubernamentales de los partidos que se han alternado en el poder –Partido Popular y Partido Socialista Español- un esfuerzo que se ha movido hacia mas igualdad y más calidad educativa para los españoles. 

La Ley General de Educación (LGE, 1970) y la Ley de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE, 1990) ha significado una ampliación de las oportunidades educativas en España, situación que no ha estado exenta de polémicas, propia de las circunstancias históricas en la cual muchos países de la región experimentan ajustes importantes en sus económicas, sobre todo a final de los años noventa. Sin embargo, no hay que perder de vista datos como los que apunta Murillo, Cerdán, Grañeras (1999) sobre el aumento de la escolaridad experimentada por la sociedad española:

En el curso 1975-76 se había conseguido la plena escolarización de la población con edades comprendidas entre los 6 y los 12 años; sin embargo, aun quedaban lagunas en el nivel anterior y en el nivel superior. (…) la tasa de escolarización a los 3 años ha pasado de un escaso 15% en ese 1975-76 a un 66,7% en el curso 1995-96 y con una tendencia cara a crecer. De hecho una de las políticas explicitas en estos últimos años es potenciar la escolaridad en esa edad…

En tiempos del gobierno socialista (1982-1996) el centro de la política educativa fue garantizar el derecho a la educación y mejorar la calidad de la enseñanza (Puelles, 2007). Las políticas de igualdad ensayada por el Partido Socialista Obrero Español se manifestó en sus tres acepciones: la igualdad de acceso al ser considerada la educación un servicio público se incremento la oferta educativa en los niveles obligatorios; la igualdad de condiciones fortaleció la extensión de la escolaridad obligatoria y gratuita a los 16 años de edad, y por último la igualdad de resultados, “dirigida a evitar la repercusión de las desigualdades sociales y económicas en la educación y en procurar que los alumnos alcanzaran un mínimo de educación” (Puelles, 2007). Estas políticas se convirtieron en texto legislativo a través de la Ley de Reforma Universitaria de 1983; Ley orgánica de Regulación del Derecho a la Educación de 1985; Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo de 1990; y la Ley orgánica de la Participación, la Evaluación y el Gobierno de los Centros Docentes de 1995. Políticas que favorecieron, según señala Puelles (2007) que en 1996, cuando los socialistas abandonan el poder se haya alcanzado el 100% de la escolarización de todos los niños y adolescentes para el tramo de edad entre los 4 a los 16 años. Políticas que se proyectaron con crecimiento sostenido de la escolaridad en España.

Esta tendencia en el aumento de la escolarización continúa en la década de los noventa a la luz las investigaciones de Murillo, Cerdán, Grañeras (1999):

En este curso 1999-2000 se está generalizando la implantación del 4º y último curso de la nueva Educación Secundaria Obligatoria, por lo que se habrá conseguido la plena escolarización de los jóvenes de 16 años. Igualmente la tasa de escolarización a los 17, 18 y 19 años han avanzado espectacularmente, tanto como consecuencia del aumento de los alumnos de educación secundaria como de la matricula de la mayor matrícula universitaria. 

Con lo que España cierra el siglo XX en el “tercer país de la Unión Europea con mayor tasa de escolarización en las personas con edades comprendidas entre los 0 y los 29 años, solo detrás de Bélgica y Francia” (Murillo, Cerdán, Grañeras. 1999). Esto que es resultado de una acción favorable de Estado por ajustar el sistema educativo español es el resultado de 25 años de alternancia –no sin los debates del caso- que se ha traducido en un sistema educativo saludable que crece, como muchos de sus pares de Europa, e incluso de América Latina.

En el caso Venezolano la educación como asunto de Estado ha sido recogida en los textos constitucionales que se han sucedido desde 1811. La educación como servicio público ofrecido por el Estado venezolano fue instituida en 1870 por medio de Decreto que establece el carácter público, gratuito, obligatorio y uniforme de la enseñanza a los venezolanos. La educación como derecho social es recogido a partir del texto constitucional de 1936, cuando Venezuela se reconoce como un Estado Social de Derecho, en el cual la educación, la salud y la vivienda son temas de interés esencial para el desarrollo integran de la nación.

Las prescripciones políticas y pedagógicas que define el proyecto educativo venezolano desde 1958 se viene configurando por dos vías, una por la satisfacción de las presiones demográficas del desarrollo de la sociedad venezolana, y otra por la referencia internacional explicita que hace Venezuela al formar parte del grupo de países que se inserta en el proyecto educativo democrático de inspiración UNESCO.

Una de las estrategias centrales de la propuesta de modernización de la escuela es la de impulsar el planteamiento integral de la educación, que permitiesen establecer vínculos “racionales” entre el sector educativos y las demás instancias de la vida social. Este proceso se inaugura en 1956 cuando Venezuela participa en una Conferencia de Ministro de Educación, en Lima, y asumen como agenda de trabajo el planeamiento integral, y los aspectos relacionados con el financiamiento y la modernización administrativa de la educación pública. Otros dos eventos importantes marcan esta dinámica modernizadora, la participación de Venezuela en la elaboración del Primer Plan Quinquenal de Educación (Colombia, 1957) y el Seminario Interamericano sobre el planeamiento Integral de la Educación (Washington, 1958). Luego en el año 1959 la OEA y la UNESCO celebran en Colombia un curso de Planeamiento Integral de la Educación, evento que contó con la representación de una delegación venezolana. Puede pensarse de esta experiencia, que la transición educativa de la década de los años 50 a los 60, Venezuela se nutrió de la experticia necesaria para diseñar y proyectar la escolaridad en el país. Ya no hay tiempo ni recursos para la improvisación. De la experiencia, como veremos más adelante,  surgirán Oficinas de planeamiento desde el Ministerio de Educación.

Así el proceso de modernización institucional está influenciado y definido por factores internos y externos, de nuestro desarrollo nacional y de la dinámica mundial, con referencias explícitas a modelos, convenciones y tratados internacionales en materia educativa ha suscrito Venezuela, como parte de un proceso de internalización-externalización de un modelo mundial de escolarización de las masas. Según Hernández (1989) la modernización apunta en dos direcciones:

a.- Organizar racionalmente el trabajo, de manera que facilitara una mayor eficiencia en el uso de los recursos humanos, técnicos y financieros.

b.- Actualizar los contenidos educacionales a fin de que formarán los ciudadanos aptos para la vida en sociedad democrática y participante, que le permita transformar su medio.

Este proceso se inicia tempranamente cuando Venezuela se suscribe al Proyecto Nº 1 de la UNESCO, cuya meta central es la universalizar la educación primaria.

  • “Compromiso de universalizar la educación primaria en un plazo determinado y erradicar el analfabetismo.
  • Reforma y extensión de la educación media y estimulo educacional vocacional.
  • Incremento  de los recursos financieros y técnicos con miras a universalizar la educación primaria y al fomento de otras ramas educacionales.
  • Preocupación por determinar las necesidades y los recursos humanos que demanda el desarrollo económico y social del país.
  • Formación de cuadros superiores y creación de  nuevas instituciones de este nivel.
  • Capacitación de la mano de obra empleada en los diversos sectores de la economía.
  • Desarrollo de la Comunidad.
  • Integración de los planes educacionales con los planes nacionales de  desarrollo.
  • Concepción de la educación como bien de consumo y bien de inversión” (Fernández, 1981. p. 784).

La influencia de tendencias e ideas pedagógicas de otras latitudes no llegan a Venezuela por la ilustración de notables hombres y mujeres, sino que vienen  por la vía oficial, mediante la participación de Venezuela en el concierto de naciones que buscan una educación popular y democrática.

Entre 1958 y 1961 la matrícula experimenta un crecimiento extraordinario (Bravo, 2001) logrando pasar de 11 venezolanos por cada 100 en 1958 a 18 por cada 100 en 1961. Este crecimiento que se mantuvo hasta 1993, logrando alcanzar 32 alumnos por cada 100 venezolanos (Bravo, 2001). Crecimiento que se debió más a la dinámica poblacional que a una explícita intención de la elite política venezolana que se instaló en 1958, o por lo menos en esos primeros años de democracia.

Pero también, el aumento de la participación de la población, exige calidad en el servicio, no sólo de las expectativas socialmente asignada a la escuela, sino en los aspectos que garantizar la prosecución del individuo a lo largo de la escolaridad, entendida como el tiempo de vida del sujeto en la escuela, eso exige insumos, materiales, herramientas; financiamiento sostenido, que es satisfecho por la renta petrolera, pero que en contextos de inestabilidad de las instituciones económicas,  sus ondas telúricas afectan la estabilidad de la institución escolar. Son tiempos de percibir los problemas de exclusión, repitencia, fracaso escolar y baja calidad de los aprendizajes. Aspectos atendidos, pero no resueltos por la institucionalidad educativa.

el tiempo que transcurre entre 1961 y 1980, se incorporan reformas e innovaciones al sistema escolar, así podemos precisar: el establecimiento de la Educación Básica, el cual fue el resultado concreto de múltiples propuestas y experiencia que contribuyeron a su definición como nivel del sistema escolar venezolano; ensayo de Educación Básica integral, 1975 – 1978; la implantación del proyecto experimental de educación Básica en 71 planteles, 1980 – 1981; y que fueron sistematizadas y normadas por la Ley Orgánica de Educación, progresivamente esta se fue operacionalizando: la extensión del ensayo a 1445 planteles, 1981 – 1983; la evaluación y reordenación del ensayo, 1983 - 1985. Reglamento para la Educación Secundaria y la Educación Técnica, que la dividiría en dos ciclos uno básico común de tres años y un segundo ciclo especializado de dos años que sería la base para la estructuración del nivel de Educación Media Diversificada y Profesional. Reforma de la Educación Media, de la Ley de Universidades (1970) que permitiría la ampliación de la oferta educativa en Educación Superior y la consolidación del Principio de Autonomía Universitaria. La apertura del proceso de Descentralización y Regionalización de la Administración del Sistema Escolar, así como la creación de unidades y departamentos del Ministerio de Educación que servían de apoyo técnico a la implementación de las políticas educativas de los gobiernos. Experiencias éstas, que estuvieron enmarcadas e influenciadas por distintos Organismos Internacionales, (UNESCO, BM, BID) pues el desarrollo de la educación básica, y en general del sistema educativo – escolar,  la cual está enmarcada dentro de un modelo de escolarización que tiende a hacerse común a nivel mundial -mundialización de la educación de masas-  sustentado en la idea de una educación de calidad para todos.

El crecimiento y diversificación del sistema es otro de los rasgos que define el proceso de institucionalización de la escuela venezolana, este fenómeno se experimento con mayor intensidad en la educación superior. Tal como lo sostiene Aveledo (2008) en sus primeros doce años, de 1958 a 1970, la democracia abrió el mismo número de universidades e institutos superiores que lo hecho en toda la anterior historia de Venezuela. Avanzando más, en la gestión de Rafael Caldera en 1999, había en Venezuela 101 colegios universitarios e institutos universitarios de tecnología, 42 de ellos de la educación pública y 58 de la educación privada, y los egresados universitarios con los que cuenta el país se acerca al millón y medio (Aveledo, 2008. p. 52).

Tal crecimiento y diversificación se cristalizan en tres aspectos (Castillo, 2000). En primer lugar, tenemos la generada por el tipo de Institución: pública o privada. El segundo, se refiere al perfil institucional, así se observa que todos los países latinoamericanos coexisten universidades donde se realizan actividades de docencia de pregrado y postgrado, investigación y extensión. Casi la totalidad de ellas son públicas, donde se concentra el mayor porcentaje de la matrícula estudiantil, el mayor número de personal académico existe un ambiente propicio para el desarrollo de las actividades científicas, tecnológica social y humanísticas. Por último, el tipo de actividad del personal académico, ya que partir de 1960, el énfasis en el desempeño del personal académico se centraba en la actividad docente. A partir de esa fecha hasta el presente, ese personal, particularmente el adscrito a las universidades oficiales, asume un proceso creciente de diversificación en los tres programas básicos: docencia, investigación y extensión.

Tal vez la expresión más nítida del proceso de diversificación institucional es la conformación  y ampliación de las opciones de formación experimentada no sólo en la educación media, que paso a llamarse educación media, diversificada y profesional. A nivel de la educación superior por el tipo de institución que comenzó a crearse y que aún hoy resulta difícil de administrar, tanto que goza de su ministerio propio, Ministerio de Educación Superior y de una amplia discusión sobre la ley de educación superior y la conformación de un subsistema de educación superior. Lo que nos referimos es a la frondosidad y diversidad de instituciones que comenzaron a funcionar en la década de los 70, en sus distintos signos, universitaria y no universitaria; y orígenes: públicos y privados: Universidades Nacionales, Experimentales; Institutos Politécnicos; Institutos Pedagógicos; Institutos de Investigaciones y Estudios Avanzados; Institutos Universitarios de Tecnología; Colegios Universitarios, Siendo este nivel el de mayor capacidad de inclusión y ascenso social (Bravo, 2001).

El compromiso hoy de los países UNESCO es universalizar la educación básica a todos los niños en edad escolar. Los pactos y acuerdos de este importante organismos que vigila y estimula la educación de la masa por lo menos desde finales de la década de los años `40 del siglo pasado se ha preocupado por más educación y más niños y niñas en la escuela. Más recientemente: Cumbre Mundial a favor de la Infancia (1990); Conferencia sobre Medio Ambiente y el Desarrollo (1992); Conferencia Mundial de Derechos Humanos (1993); Conferencia Mundial sobre Necesidades Educativas Especiales: Acceso y Calidad (1994); Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo (1994); Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social (1995), mucho más cercano en el tiempo el Foro Mundial de la Educación (Dakar, Senegal, 26-28 de abril de 2000) coloca a los países en el compromiso denominado Metas del Milenio. Pero no solo son estos grandes foros donde la necesidad de la educación se evidencia, también las conferencias regionales de la OEI, OEA el tema de la educación y la escuela tiene más presencia que nunca. Siendo la educación un derecho humano fundamental tiene en la escuela su respaldo mas concentro, no solo porque otras instancias están lejos de ofrecer educación como exige la sociedad, sino que la institución escolar es la única que aún educa en su totalidad, donde la enseñanza ocurre de mejor forma, y donde el individuo desarrolla y adquiere lo mejor de sí, sin perder su dignidad por sujeción política, económica, ideológica, etc., es un espacio donde lo diverso y complejo tiene cabida y expresión.

Referencias

Aveledo, R. G. (2008). La 4ta República. La virtud y el pecado. Una interpretación de los aciertos y los errores de los años en que los civiles estuvieron en el poder en Venezuela. Caracas: Editorial Libros Marcados.

Bravo J. L. (2001). Escolaridad en Venezuela: institucionalidad, inclusión y exclusión escolar, 1870-2000. Trabajo de ascenso no publicado, Universidad Central de Venezuela, Caracas.

Castillo De Gurfinkel, L. (1995). La Enseñanza de las Ciencias Naturales y la Generación del 46. Academia Nacional de la Historia. Caracas. Venezuela.

Hernández Dobon, Francesc J.- Beltrán Llavador, José. Tradición y modernidad en las políticas educativas en España: una revisión de las últimas décadas. En red: http://www.uv.es/~fjhernan/Textos/soc_educacio/corea.pdf. Sitio visitado 15 de mayo de 2013.

Hernández, G. (1989). La Educación Venezolana y el Modelo Económico. Las Reformas de 1969 – 1980. Revista de Pedagogía. Caracas, Enero / Marzo de 1989. Vol. X. Nº 17.

Puelles Benítez Manuel (2006) Problemas actuales de política educativa. Madrid: Ediciones: Morata.

Puelles Benítez, Manuel. (207). Política y Educación en la España contemporánea. Madrid: Universidad Nacional de Educación a Distancia.

Santamaría Conde, Rosa Mª. (2007) La política educativa en la España decimonónica y su trascendencia. Bordón 59 (1), 2007, 167-176, ISSN: 0210-5934. En red: http://www.google.co.ve/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&sqi=2&ved=0CGEQFjAH&url=http%3A%2F%2Fdialnet.unirioja.es%2Fdescarga%2Farticulo%2F2533526.pdf&ei=caebUe7FHoWE9QTdm4HACg&usg=AFQjCNERUUxIt6AsSEavRjN_meXYgumkVw&sig2=jHBJvXCE60vw5WstDcVC3w&cad=rja. Bajado en: 15 de mayo de 2013.

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