‘Nuevo’ Modelo Educativo Vs Realidad ¿Ficción pasajera o manipulación ideológica?

 

*Fotocomposición de AMN. 2012.

Alfredo Macías Narro

020716.

A manera de introducción.

En ocasiones, históricamente se suceden eventos semejantes y que parecen obedecer a la casualidad. No es así.

Mucho se ha escrito ya sobre el actual conflicto social creciente, con la disidencia magisterial encabezando la resistencia ante las nefastas reformas estructurales, laborales y educativas impuestas a sangre y fuego por el Estado represor y sanguinario.

El escenario social en que se presenta la lucha de clases, contiene obvios mas en ocasiones no evidentes, componentes políticos, económicos, culturales y laborales, que trataremos de analizar o, al menos, enunciar para clarificar su incidencia en las circunstancias actuales.

En efecto, generalmente los sucesos sociales, entre los que destacamos los relacionados con el ámbito educativo en su conjunto, obedecen a causas profundas que son generadas e inducidas por la lucha entre las clases sociales en pugna.

En un sistema político-económico como el nuestro, la actividad educativa en su conjunto, conlleva, en sus fines, usos sociales, al tiempo que posee intenciones políticas determinadas desde el poder y en su beneficio fundamental, es decir, se concibe y maneja al sistema educativo como un gran aparato de control social, al servicio de las clases dominantes.

  • El fondo de la ‘Reforma educativa’ y su ‘nuevo modelo’

La caracterización del sistema educativo, es una determinación ideológica, misma que se manifiesta de diversas maneras, entre las que se destacan la selectividad social, la desigualdad de oportunidades y las desiguales relaciones pedagógicas.

La primera, se hace patente al condicionar, no sólo el acceso del estudiante a la escuela, sino también su permanencia en ella, a su estado socioeconómico.  Con respecto de la “garantía” de igualdad de oportunidades “para todos”, aunque está elevada a rango de derecho constitucional, es decir, dada de manera formal y legal, la igualdad real se encuentra muy lejana de lo que la legislación indica y está, en cambio, determinada muy de cerca por lo que las depauperadas posibilidades concretas, sobre todo económicas, permiten.  

En segundo término, en lo tocante a las relaciones pedagógicas, esta situación, aunque, obviamente afecta a todos los tipos y modalidades educativas, es particularmente perceptible en el caso de la educación profesional y tecnológica, en que se busca no el bienestar de la persona, sino el aporte que, una vez calificado, hará al “sector productivo” (léase a los medios de producción en manos de las clases dominantes) y a la “economía del país” (léase a la apropiación del valor del trabajo de las clases dominadas, por parte de los primeros).

Finalmente, expresado llanamente, el supuesto beneficio de la “igualdad de oportunidades” y el espejismo de las posibilidades de la movilidad social, a través de la educación, son una monumental falacia dado que, entre otros, podemos destacar los siguientes factores: 

  • En una sociedad dividida en clases sociales, los grupos que dominan los medios de producción, también controlan los modos de intervención social. La educación es uno de esos modos.
  • El sistema educativo mantiene el control ideológico de los dominados a través de la difusión permanente y sistemática de los valores de las clases dominantes, haciéndolos pasar como universales y comunes a toda la sociedad.
  • La educación exalta y promueve la generación de expectativas, así como la formación de aptitudes y actitudes,  para toda la sociedad y en nombre de ésta, cuando en realidad lo que promueve y exalta es la visión que las clases dominantes tienen de sí mismas y de la misión que destinan para las clases dominadas, es decir, no sólo controlan los medios de producción y de distribución de los bienes de consumo (elementos económicos de dominación), sino que también controlan los productos del conocimiento social (elemento ideológico de dominación).

Es evidente que la conformación de un sistema  de educación alternativo, es decir, que sea una educación liberadora, concientizadora y crítica no será instituida por las clases dominantes que detentan el poder. Toca, en consecuencia, a las fuerzas progresistas y democratizadoras de la sociedad, particularmente a la disidencia magisterial en su conjunto, la construcción de las opciones viables de transformación y que, obviamente, no pueden dejar de lado por más tiempo, el enorme rezago salarial, así como el  constante deterioro de las condiciones de vida y laborales del magisterio mexicano, a cuya costa se ha edificado, en buena medida, el proyecto educativo neoliberal.

Finalmente, un innegable elemento de presión social, lo conforma la visión generalizada de que la escuela funciona de manera determinante en la capacidad de otorgamiento a las clases sociales de un elemento de movilidad social, legítimo y aceptado por las clases superiores.

En realidad no hay pruebas sólidas que ratifiquen tal visión, sin embargo, se ha puesto a la espalda del sistema educativo la pesada carga de enfrentarlo como tal, siendo que, en rigor, esta función de movilidad social le corresponde más al ámbito económico y productivo que al educativo.

  •  La cuestión económica y política.

La educación, en tanto fenómeno social, dinámico y complejo, no puede entenderse al margen de los factores económicos, sociales, políticos, éticos y técnicos que lo determinan.

Resulta evidente, por tanto que, para entrar al análisis del fenómeno denominado “Innovación”, en lo general y, de “Innovación educativa”, en lo particular, como pretende ser la ‘Reforma’ educativa peñista, para adquirir un grado razonable de seriedad y rigor, debe ubicarse en un contexto incluyente y ponerlo en una perspectiva histórica, que le dote de significación y sentido. En el ámbito genérico de la educación, en este principio del siglo XXI, cobra especial relevancia el acelerado e inequitativo proceso de transformación del aparato productivo y las formas en que impacta al sistema educativo, problemática que no es privativa de nuestro país y que compartimos de manera acusada con el resto de los países de América Latina.

Los efectos de la llamada “globalización” en el ámbito educativo son evidentes, pero antes de intentar profundizar un poco más en el tema, quizá sea conveniente precisar algunas cuestiones preliminares, por ejemplo, que los impulsores de la tal globalización son, fundamentalmente, los países capitalistas desarrollados, o mejor dicho, son las clases dominantes y el Estado fundado y operado por éstas en sus respectivas naciones, tanto individualmente, como organizadas en grupos de poder. Tal es el caso de los organismos financieros internacionales, como el Banco Mundial (BM) o el Fondo Monetario Internacional (FMI) que, auspiciados por los grandes capitales transnacionales, se han autoerigido en rectores de la economía mundial, sobre todo a partir de la caída de la antigua Unión Soviética y demás países socialistas que le servían como contrapeso, tanto en lo económico, como en lo político. 

La visión de dominación mundial, de cara al futuro (cercano y lejano), que los imperialistas pretenden imponer al resto de las naciones y sus sociedades (incluyendo, desde luego, las propias), ha buscado y encontrado la manera de penetrar en lo más profundo de las estructuras sociales y económicas de los países, es decir, dominando los medios de producción en lo económico y los modos de intervención social, de los que la educación es un pilar fundamental.

A este respecto, queremos destacar que estamos convencidos que el problema de la educación es, en primer término, un problema político y económico antes que de índole técnico-pedagógico. Es decir, si estamos de acuerdo en que el fenómeno educativo atraviesa de manera tanto transversal, como horizontal a la sociedad en su conjunto, entonces, para su caracterización y conceptualización global se hace necesario trascender el mero ámbito operacional, por complejo que éste sea.

En este sentido, quizá el principal objeto de crítica del sector productivo hacia el sector educativo en general pero, especialmente, al tecnológico, consiste en la escasa e incompleta vinculación entre ambos. Al respecto, bien vale la pena puntualizar algunas cosas.

En primer lugar, todo mundo parece dejar de lado la enorme fragilidad de nuestra planta productiva, que se en un proceso de profunda desintegración estructural debido, entre otras cosas, a la ruptura de las incipientes cadenas productivas que se habían logrado establecer durante la década de los ochentas y la dependencia creciente de nuestra economía de las inversiones de capital especulativo, que desplazó de manera brutal y casi total a la inversión productiva, tanto en la industria, como en el campo; sin olvidar, desde luego, el desastre bancario provocado y sostenido por los propios banqueros y sus cómplices en el gobierno (pasados y actual).

En segundo lugar, el sector productivo demanda, en realidad, una parte mínima de los mal llamados ‘recursos humanos’ altamente calificados y, esto es claro, la gran industria (transnacional generalmente), forma y/o “reconvierte” a la mano de obra que, en escaso número, requiere para su funcionamiento. La mediana y pequeña industrias, carecen del acceso a los créditos suficientes y necesarios para su operación y las microindustrias, en apariencia, están condenadas a ser sólo fantasmagóricas sombras de lo que pudieran o, mejor dicho, debieran ser.

De igual manera (quizá mucho peor), el campo mexicano parece condenado a la extinción: el ejido, que por décadas ha sido el pilar de la relación entre el campesino y la tierra, debido a las modificaciones hechas al Artículo 27 de la Constitución, durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari,  se fomentó el cambio en el uso del suelo y la aparición de complejos turísticos privados, en terrenos que estuvieron dedicados por decenios a la producción agrícola o la privatización de las playas, otrora zona federal y en la que se prohíbe violentamente ya no digamos la ocupación de carácter turístico, sino el simple paso por ellas.  Ejemplos abundan a lo largo y ancho del territorio nacional.

Tal vez, sería conveniente, poner en su justa dimensión lo que significa esa entelequia denominada genéricamente “sector productivo”. Las condiciones dominantes arriba esbozadas, se traducen sólo en macroindicadores del comportamiento económico del país, pero la planta productiva, se compone a partir de la agregación, una a una, de cada fábrica o empresa, con independencia de su tamaño o de su ramo de actividad y, a su vez,  cada una, de ellas prefigura un microuniverso de relaciones laborales entre sus empleados y obreros con los dueños, es decir, entre el trabajo y el capital. En rigor, cuando se habla de vincular a la escuela con el sector productivo, habría que discutir si es con uno u otro con el que es pertinente establecer tal vinculación, dado que representan, por lo general, intereses y visiones del mundo y la sociedad completamente diferentes. De igual forma, cada centro de trabajo establece un modo particular de relacionarse con su entorno social, con el medio ambiente, con el sistema económico y, finalmente, con el sector educativo (de manera directa o indirecta), bien sea demandando la mano de obra de sus egresados, o bien, demandando la generación de espacios educativos de diversos niveles y tipos para los familiares de sus empleados y obreros.

Dicho sea de otra manera, el mundo del trabajo está compuesto por una gama sumamente variada de requerimientos y necesidades particulares, que varían notablemente en el tiempo (dependen de manera importante de su desarrollo tecnológico, mismo que rara vez es suministrado por el sector educativo). En este punto, coincidimos plenamente con la Dra. María de Ibarrola, cuando dice que “las empresas están operando cotidianamente el trabajo, pero no lo sistematizan”, es decir, no poseen (ni les interesa poseer) los medios para la reflexión acerca de su propio objeto. Esta es una de las paradojas de la ‘innovación’ empresarial.

  • La cuestión educativa

La cuestión educativa, desde la perspectiva neoliberal de los empresarios aglutinados en torno a Claudio X González en la fascistoide organización ‘Mexicanos primero’, adopta y extrapola de manera irracional los postulados de la OCDE, dirigida por el nefasto Ángel Gurría. Al decir Luis Hernández Navarro:

“Uno tras otro, los puntos sobre transformaciones en el sistema de enseñanza en México anunciados por Peña Nieto en su discurso de toma de protesta como Presidente el 1º de diciembre pasado, las propuestas pedagógicas incorporadas al ‘Pacto por México’ y las recientes reformas a los artículos 3 y 73 constitucionales, fueron recomendaciones de la OCDE. Es decir, los cambios al sistema educativo recientemente aprobadas por el Congreso provienen de un organismo multilateral.

No hay novedad alguna. No se trata de una excepción, sino de la regla. A pesar de que el Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes (PISA), impulsado por la OCDE, no toma en cuenta ni el currículo nacional ni las diferencias socioculturales y regionales, se aplica en México desde 2000. Ambiciosas proyectos pedagógicos, como la Reforma Integral a la Educación Básica, la Reforma Integral de la Educación Media superior y la Alianza por la Calidad de la Educación, son, en mucho, frutos de las propuestas que el club de países ricos hizo al gobierno federal en el Análisis del sistema escolar mexicano a luz de los resultados PISA de 2006. 

Lo que diferencia de las anteriores reformas los recientes cambios a la Carta Magna en materia educativa, es que éstos elevan a un rango superior las propuestas de la OCDE. Los constitucionaliza. Con ello se pone un candado que cierra la puerta y evita que se dé marcha atrás en estas reformas, a pesar de su ineficacia. Ese es el caso, por ejemplo, de la evaluación magisterial”. (La Jornada/220113). 

  • La cuestión laboral de los docentes

Desde hace mucho tiempo, nuestro país pertenece al conjunto de naciones que son miembros de organizaciones internacionales tales como son la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT), organismos cuya preocupación actual, se enfoca hacia el quehacer docente en todos sus niveles, particularmente en los niveles medio-superior y superior, en dos grandes aspectos fundamentales: El trabajo docente, desde la perspectiva de la mejora en la calidad de los servicios educativos de todos los países, así como desde la óptica de la obtención del reconocimiento y respeto plenos de los derechos laborales y salariales de todo trabajador de la educación.

Las organizaciones arriba señaladas, han conformado un órgano de trabajo conjunto denominado Comité Mixto de Expertos sobre la Aplicación de la Recomendación Relativa a la Situación del Personal Docente (CEART, por sus siglas en inglés), cuyas líneas de trabajo principales son la formación de los docentes, el empleo y la carrera profesional, el diálogo social y la libertad académica.

Las primeras conclusiones del CEART (año 2000) son francamente alarmantes. Señala que, tal como sucediera con el Informe 1997, la situación global de los docentes sigue deteriorándose, respecto de esas tres áreas, ya contempladas en la Recomendación de 1966. El CEART precisa que “…el CEART tiene dudas respecto del grado de participación de los educadores y sus organizaciones. Parece ser que algunas autoridades públicas consideran que la forma de negociar con los docentes consiste en excluirles de las decisiones clave, favoreciendo los tipos de gestión de carácter vertical…”  añade líneas adelante que “…se ha experimentado una enorme expansión de la educación, a la vez que se han deteriorado las condiciones de la enseñanza y el aprendizaje, creando un entorno poco atractivo para los profesores con posibilidad de ser contratados en el futuro y para aquellos que ejercen en el presente.”

Continúa el CEART señalando;

En el pasado, el CEART había observado que las autoridades educativas asocian con frecuencia a los docentes (o antiguos docentes) con la planificación y la realización de cambios estructurales, olvidándose muchas veces de contar con las organizaciones de personal docente. Esas organizaciones pueden ofrecer la gran experiencia de sus miembros a los responsables de elaborar las políticas en materia de educación, y ello incluso cuando las decisiones básicas sobre la estructura de la enseñanza se toman a niveles de política más altos…” 

Otro aspecto básico y de enorme trascendencia tocado por la CEART, es el referente al de la libertad académica. En efecto, resulta incongruente que en el discurso oficial se hagan reiteradas menciones del “papel histórico y de agente del cambio” del profesor, al tiempo que se les margina de toda posibilidad de asociación, y participación, más allá de la que la organización sindical determine o negocie con las autoridades educativas, caso particularmente evidente en México. A este respecto, el CEART no deja lugar a dudas, al afirmar categóricamente; 

“Tras un largo debate, el CEART decidió que la recomendación más importante para un importante proyecto, era la realización por parte de la UNESCO de un estudio sobre la libertad académica.” 

A la par de lo anterior, manifiesta;

“La OIT debía dirigir un estudio sobre los planes de empleo en la enseñanza superior, haciendo especial referencia a las condiciones de titularidad (…) estos dos estudios deberían complementarse y proporcionar las bases para una verdadera promoción de la Recomendación UNESCO 1997.”

El CEART abunda sobre este particular, al recordar que el concepto de libertad académica está definido en el artículo 27 de la Recomendación UNESCO 1997, que consagra los siguientes derechos: 

  •      La libertad de enseñar y debatir sin verse limitado por doctrinas instituidas.
  •      La libertad de llevar a cabo investigaciones y difundir y publicar los resultados       de las mismas. 
  •        La libertad de expresar libremente su opinión sobre la institución o el sistema         en que trabaja.
  •      La libertad ante la censura institucional.
  •        La libertad de participar en órganos profesionales u organizaciones académicas      representativas. 
  •      La libertad de ejercer sus funciones sin sufrir discriminación alguna y sin temor      a represión por parte del Estado o de cualquier otra instancia. 

Todo lo antes expuesto y muchos aspectos más determinados,  por la UNESCO y la OIT, deberá empezarse a difundir y discutir entre los docentes mexicanos, dado que ha sido el gobierno federal, en contubernio con 'Mexicanos primero', quiénes se han arrogado la “facultad” de decidir por todos los demás.

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